domingo, 4 de abril de 2010

La Inspección abre expediente a EUROLIMP por " fraude " a raíz de la denuncia de UGT

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT Málaga, Antonio Solano, critica “el fraude que la empresa de limpieza ha cometido a la Seguridad Social”El secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT Málaga, Antonio Solano, explicó hoy que la Inspección de Trabajo ha abierto expediente a la empresa de limpieza Eurolimp a raíz de la denuncia presentada por este sindicato.

Solano criticó “el fraude a la Seguridad Social que ha cometido esta empresa y que como consecuencia de ello la Inspección de Trabajo le ha abierto el citado expediente a la firma, que es la actual adjudicataria de los servicios de limpieza el complejo hospitalario Carlos Haya”.

El secretario general de la Federación de Servicios de UGT Málaga indicó que de esta empresa dependen 470 trabajadores. Asimismo, aclaró que como consecuencia del expediente abierto se ha procedido a comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social las altas y bajas en el Régimen General de los Trabajadores afectados así como la correspondiente liquidación a la Seguridad Social de los periodos no cotizados referentes a los permisos sin sueldo.

Solano indicó que “desde UGT instamos a la Inspección de Trabajo a que compruebe las diferentes empresas de Málaga que no cotizan a la Seguridad Social por el apartado de permisos no retribuidos y que al igual que se ha hecho con Eurolimp, levanten las correspondientes actas de liquidación a la Tesorería”.
El secretario general de la Federación de Servicios de UGT Málaga comentó además “las dificultades que los trabajadores tienen con la empresa de limpieza Eurolimp por el incumplimiento de su convenio” y agregó que los empleados tienen presentadas demandas de derecho y de cantidad tanto por la vía individual y también como conflicto colectivo.

Solano comentó que “parece mentira que un centro hospitalario dependiente de la Seguridad Social se cometa este tipo de fraudes” e instó a las administraciones públicas a que controlen a las empresas a las que adjudican servicios “para que no ocurran estas irregularidades”.