El Acoso Laboral supondrá Cárcel

A partir de mañana, día de Nochebuena, y tras cumplirse hoy la prórroga de seis meses tras su publicación en el BOE, se aplicarán los amplios cambios normativos que aumentan la tipificación de delitos recogidos en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio que reforma sustancialmente el Código Penal que estaba vigente en España desde 1995. Muchos de ellos afectan a cuestiones esenciales del llamado Derecho Penal de la empresa.

El más importante es que la responsabilidad penal, que hasta ahora sólo podía pivotar sobre personas físicas, también recae ahora a las personas jurídicas. Pero hay otros puntos de la reforma que se refieren a materia mercantil, fiscal, laboral, administrativa y medioambiental que vale la pena destacar.
EXPANSIÓN detalla las 10 cuestiones clave de la reforma del Código con la ayuda de los bufetes Baker & McKenzie, Ernst&Young, Gómez-Acebo & Pombo y Uría Menéndez.

1. Acoso laboral o mobbing
Se tipifica como delito (art. 173.1) cuando en el ámbito de cualquier relación laboral y prevaliéndose de su relación de superioridad, se produzcan de forma reiterada actos humillantes u hostiles sin llegar a constituir trato degradante. Será pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o los medios empleados. Hasta ahora en el trabajo sólo constituía delito el acoso sexual.

2. Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Es la gran novedad de la reforma para las empresas. Por primera vez en España las personas jurídicas (empresas, instituciones, etc.) responderán penalmente de sus actos y los cometidos por sus administradores o empleados y directivos a su supervisión. Siempre que no se hayan establecido los controles internos adecuados de prevención o los empleados hayan cometido el delito por cuenta y nombre de la empresa (artículo 31 bis).

Además la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica no es alternativa sino acumulativa a las personas físicas materialmente responsables de delito y a pesar de que ésta última no haya podido ser individualizada. Las penas aplicables serán desde multas proporcionales, pérdida de subvenciones, suspensión de actividades hasta 5 años, clausura de sus locales e incluso disolución de la sociedad. Este artículo no se aplicará a determinadas personas jurídicas, como el Estado o las Administraciones Públicas.

Los países que hasta ahora habían regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas son: EEUU, Francia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estonia, Bélgica, Chile, Canadá, Brasil y Portugal.

3. Acceso ilegal a sistemas y daños informáticos
El texto sanciona el acceso sin autorización a datos o programas informáticos (art. 197.3). Esta conducta se incluye entre los delitos contra la intimidad y revelación de secretos. También se incluye el sabotaje informático (art. 264), cuando el objetivo es dañar, alterar, suprimir o hacer inaccesible datos o programas electrónicos ajenos.

4. Estafa
La reforma introduce una nueva modalidad de estafa consistente en la utilización de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje (art. 248.2.c). Se establece específicamente la cifra de 50.000 euros como cuantía de notoria gravedad.

5. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Se concreta la acción típica de este delito. Además de la reproducción, imitación o modificación de una marca, ya no se considera delito cualquier utilización de la marca registrada, sino la usurpación de la misma.

6. Abuso de mercado
A partir de hora se considera delito la difusión de rumores con datos económicos falsos (art. 284-2) a sabiendas de que lo son, siempre que persiga un beneficio económico para sí o para un tercero por más de 300.000 euros (ver EXPANSIÓN del 22 de diciembre). También se reordena el uso de información privilegiada (art. 284-3).

7. Blanqueo de capitales
A las conductas típicas de adquisición, conversión y transmisión de bienes procedentes de un delito, se añaden ahora las conductas de posesión y utilización de esos bienes.

8. Delitos contra ordenación del territorio y Urbanismo
Las conductas en relación de obras y la concesión de licencias se reordenan. Los sujetos activos son los mismos: promotores, constructores o técnicos, pero la conducta se amplía a las obra de urbanización, construcciones o edificaciones. Además, en la prevaricación urbanística se amplía el ámbito de los objetos sobre los que puede recaer la decisión injusta.

9. Delitos contra el Medio Ambiente
Hay amplias novedades en cuatro grandes bloques: transporte y gestión de residuos, protección de la capa de ozono, protección de hábitats de especies amenazadas y radiaciones ionizantes.

10. Delitos de falsedad documental
Falsificar tarjetas de crédito ya no se considera una falsificación de moneda, sino documental, con lo que ya no es competencia de la Audiencia
Nacional. Se equipara el uso de documento falso y auténtico por persona no autorizada.

Los Funcionarios se gastarán 1.000 millones de Euros menos en Navidad

La bajada de salarios en la Administración Pública va a dejar su huella en el consumo. Los funcionarios gastarán 1.000 millones de euros menos en Navidades, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

De acuerdo con sus previsiones, los médicos, profesores de instituto y universidad, oficiales de policía y el ejército sufrirán un recorte de al menos 540 euros en su paga extra de diciembre. Gestha cree que "tendrán que hacer muchos números para hacer frente al desembolso medio de 674 euros que realizan los españoles con motivo de las celebraciones que se aproximan, según cálculos de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI)".

Los enfermeros, profesores de primaria, técnicos de Hacienda o subinspectores de Trabajo, entre otros, sufrirán una reducción de al menos 324 euros en sus pagas Navidad, lo que "se comerá casi todo el presupuesto que normalmente se dedica a alimentación (201 euros) y regalos (206 euros)".

Los administrativos, para quienes la medida supondrá una rebaja de 126,37 euros, reducirán sus ingresos por encima incluso del gasto medio en la tradicional lotería (117 euros) de Navidad y del Niño.

"Tan sólo los auxiliares, cuyos salarios están por debajo de los mil euros, no tendrán que cuadrar sus cuentas, ya que se les aplicará una ligera rebaja de 7,80 euros", indica el informe.

Acuerdo para Ampliar el Periodo de Cálculo de las Pensiones

La comisión del Pacto de Toledo que reforma el sistema público de pensiones alcanzó un principio de acuerdo sobre la necesidad de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones y establecer un sistema más equitativo de contribución de los trabajadores.

De esta forma lo anunció el portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Tomás Burgos, quien aseguró, minutos antes de reanudarse la reunión que comenzó esta mañana, que reconocer el esfuerzo contributivo de los trabajadores a lo largo de más años de su actividad laboral es "clave" en la reforma del sistema de la Seguridad Social.

No obstante, explicó que cualquier modificación se hará de manera gradual y que los elementos de solidaridad del sistema están garantizados ya que seguirá habiendo una pensión máxima y una pensión mínima.

Burgos también valoró que el documento de recomendaciones que firmen todos los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo corrija el procedimiento de cálculo, que hasta ahora era "arbitrario" ya que "los primeros años valían más a efectos de pensión que los últimos, y no tenía ningún sentido cuando precisamente se discute favorecer la continuidad laboral".

El portavoz de CiU en la misma comisión, Carles Campuzano, confirmó este principio de acuerdo que calificó de "importantísimo" y dijo que "por fin el Pacto de Toledo va a dar sus frutos".

Este principio de pacto se produce cuando el grupo socialista ha remitido a la comisión una propuesta sobre la reforma de las pensiones en la que no se de define si se la edad de jubilación debería ampliarse hasta 67 años.

Precisamente sobre este aspecto, Burgos aseguró que el documento que firme el Pacto de Toledo no puede ser "abstracto, en el que pueda caber todo" sino que debe fijar un criterio que establezca qué es lo que no se puede hacer, que desde el punto de vista del PP -dijo- "es no elevar la edad a 67 años".

El sector público el sostén del empleo

El dopaje de la economía a base de recursos del Estado beneficia a las compañías públicas, que tienen ahora más empleados que cuando comenzó la recesión.

Las perspectivas de empleo son, en general, negativas. Más allá de las encuestas que reflejan el escaso ánimo para contratar nuevos trabajadores, los pronósticos de paro apuntan a un mal momento para el mercado laboral: el consenso de analistas espera que la tasa de desempleo no baje del 20% ni siquiera el próximo año. Y es que la crisis ha arrasado con más de dos millones de empleos. Pero no todas las compañías viven la recesión por igual.

Es más: hay incluso beneficiadas. Es el caso de las empresas públicas, que contratan hoy a más gente que antes de la crisis, a pesar que en los diversos planes de ajuste presentados por el Ejecutivo no se haya tenido en cuenta esta cuestión. En concreto, en el segundo trimestre de 2008 había 138.200 empleados públicos.

Más de dos años después, en el tercer trimestre de este ejercicio, sumaban 152.900, es decir, un 10,6% más (14.700 personas), según las cifras del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el máximo volumen desde 2007, con lo que marca un récord en la legislatura de la crisis.

En total, hay 2.347 empresas públicas, como cifra la Intervención General del Estado, cuyas poseedoras son el Estado central, las autonomías y los ayuntamientos.
Si a los datos de las empresas públicas se le suma el de los funcionarios de las propias Administraciones, se obtiene el número total de asalariados del sector público. Y la cifra también bate un hito: España ya tiene 3.175.900 funcionarios, un 8% más que al inicio de la crisis.

En el otro lado de la balanza, el número de asalariados de las empresas del sector privado desciende un 11,7%, al pasar de casi 14 millones a menos de 12,3 millones.

Es la dura radiografía de los dos años y medio de crisis. Los organismos internacionales ya habían criticado que España ha estado dopada por planes de estímulo a base de dinero público –como el Plan E, las líneas del ICO, el cheque bebé, el de 400 euros...–

Ahora, además, este cómputo conjunto muestra que la caída del empleo no ha sido mayor gracias a la anestesia de los trabajadores públicos. El dato de la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre –que sacó a la luz la contratación de 90.000 funcionarios, salvando así el dato global– no ha hecho más que poner la guinda a un pastel que lleva 30 meses cocinándose.

Los planes de racionalización del sector público o de austeridad tampoco promete una solución, pues ya desde que llegó Solbes a la vicepresidencia económica en 2004 el Ejecutivo anunció que estrecharía el control a las empresas públicas. El motivo es que estos entes, tal y como denuncia incluso la OCDE, son usados por las administraciones para engrosar su deuda, escapando así de las exigencias presupuestarias.

Esa deuda, de hecho, no deja de crecer. El agujero de las compañías públicas suma ya 52.024 millones, muy lejos, demasiado, de los 35.964 del comienzo de la crisis. Es decir, que en dos años y medio ha crecido en más de 16.000 millones, un 44,6%. Por administraciones, la Central se lleva la palma con 27.327 millones; las comunidades acumulan 16.248 millones y las corporaciones locales, 8.449.

Las alertas
· Cuando llegó Solbes al Gobierno en 2004, aseguró que su equipo estrecharía el control a las empresas públicas.

· Seis años después, la vicepresidenta Elena Salgado se empeña en pedir transparencia al sector público.

· Los organismos internaciones han alertado del peligro: hay administraciones que usan esta vía para sortear la ley.

· Los ojos de Bruselas están sobre las arcas españolas, por lo que el control de estos entes se antoja ya imprescindible.

La clave
Lo que más preocupa a los organismos internacionales es que la Administración utilice su sector público para desviar las deudas y así eludir las rigideces presupuestarias. Al final, esto se traduce en un aumento del gasto público.

Como tener empleados Felices y Rentables

La captación y retención de talento es una de las preocupaciones de las empresas. Ahora, a las medidas de conciliación y el teletrabajo, se suman los programas corporativos de salud y bienestar.

Las empresas con trabajadores felices son más productivas y rentables, según los expertos. El capital humano es uno de los principales recursos para muchas compañías y por eso han dado prioridad a la puesta en marcha de programas para detectar e incorporar el mejor talento, pero, sobre todo, para retenerlo y que los empleados se conviertan en los principales defensores de la empresa y su reputación.

Medidas como la implantación de horarios flexibles de entrada y salida de la oficina, no convocar reuniones a partir de las siete de la tarde (nunca los viernes después de la comida), guarderías corporativas o el teletrabajo son prácticas ya casi habituales en la industria española. Las empresas, imitando a sus homólogos europeos y norteamericanos, aparcan el concepto de que sólo se intercambia trabajo por sueldo, conscientes de que el compromiso del trabajador es clave a la hora de decidir cambiar de empleo.

Programas de salud
Junto a las medidas de conciliación han surgido otras herramientas para fidelizar los recursos humanos, basadas principalmente en programas corporativos de salud y bienestar. La inactividad física, los malos hábitos alimentarios y el estrés son enemigos que impactan directamente en la cuenta de resultados a través de las bajas laborales por enfermedad.

De ahí, que muchas compañías hayan implantado estos programas que incluyen actividad física (deportes, gimnasio, terapias antiestrés, clases de reiki o yoga), amplias zonas de descanso y relax y consejos sobre los hábitos nutricionales, que mejoran el estado físico y psíquico de los empleados. Las ventajas: satisfacción personal, menos absentismo laboral y mayor productividad. Ejemplo de ello son Novartis, Tuenti y Kyocera.

El fomento del deporte y de un estilo de vida saludable son algunas de las prioridades de Novartis España. Por ello, dos veces por semana, y como preparación para las carreras donde participa el Novartis Running Team, se organizan los Cardiovascular Runnings, entrenamientos semanales que parten desde diferentes puntos de ciudades y recorren durante una hora sus calles.

El cuidado de la salud de sus colaboradores llevó a Novartis a aprovechar la renovación total de la sede central en Barcelona para mejorar la seguridad, el confort medioambiental y el entorno laboral. Las obras eliminaron los grandes filtros de aire acondicionado de la última planta donde se acondicionó un gimnasio para los empleados, a los que también se ofrecen clases de yoga, pilates y step y un servicio de masajes. Además, los menús del restaurante incluyen un semáforo que identifica los platos con más calorías. En Novartis afirman que estos programas tienen como objetivo mejorar la productividad y satisfacción de los trabajadores, así como consolidar su imagen de compañía que cuida a las personas.

En Tuenti es fundamental contar con un ambiente de trabajo que fomente la innovación y potencie las relaciones entre los diferentes equipos de trabajo, algo tan importante como el sueldo, apuntan en la red social, adquirida por Telefónica el pasado verano. Cuando la compañía decidió trasladar su sede optó por unas modernas y funcionales oficinas que contribuyeran a su objetivo de captar y retener el mejor talento, básico para un negocio de estas características.

Su plantilla (una 160 personas actualmente) tiene una media de 27 años y procede de 16 países, de ahí el contar con espacios que fomenten la creatividad. Sus oficinas, de 2.100 metros cuadrados en dos plantas, cuentan con una cocina de 50 metros donde picar algo o tomarse una bebida a cualquier hora y amplias salas de reuniones y de descanso y relax (la denominada sala Starbucks tiene 80 metros), con mesa de ping-pong, futbolín y videoconsola. A ello se une un horario flexible y su ubicación en el centro de Madrid para facilitar los traslados de los empleados.

La compañía de productos de oficina, cámaras y sistemas eléctricos solares Kyocera renovó este año sus instalaciones en Las Rozas (Madrid). Además de ampliar el espacio de oficinas y de salas de reuniones, la cantina se transformó en una sala polivalente para más de 150 personas donde es posible organizar todo tipo de eventos.

Los trabajadores, con una edad media de 34 años y un 60% de mujeres, pueden acudir al gimnasio o practicar en la pista de pádel, junto a la que se encuentra un relax center con duchas y vestuarios. También se ampliaron las zonas ajardinadas, algunas de las cuales se reconvirtieron en jardines zen para disfrutar de los tiempos de descanso

Agredir a un jefe no es motivo de despido

Agredir físicamente al jefe no es causa de despido. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que la agresión física al jefe, empujándole hasta hacerle perder el equilibrio y lanzar al aire patadas de kárate con el objetivo de alcanzarle, "no reviste la gravedad exigible para constituir causa de despido".


Para llegar a esta conclusión y declarar el despido como improcedente, el Tribunal valora que el empleado actuó así cuando intuyó que iba a ser despedido. Y considera esta cuestión como «primordial», pues «si bien no justifica un comportamiento, sí atenúa su gravedad».

El fallo aviva el debate respecto a si determinadas circunstancias, como el estado de nervios en el que puede encontrarse el trabajador cuando va a ser despedido, pueden ser un criterio válido de graduación de las sanciones. Un debate que, según los expertos consultados, debería ser enjuiciado por el Tribunal Supremo dada la inseguridad jurídica que provocan decisiones como la del tribunal andaluz que, a la postre, vienen a menoscabar el poder de dirección del empresario.

Atenuante
El trabajador –un alto directivo de una inmobiliaria–, cuando se le iba a entregar la carta de despido por disminución de su rendimiento en el desempeño de su cargo, comenzó a llamar al empleador «cobarde, sinvergüenza, ladrón» y a decirle en tono desafiante «me da igual ir a la cárcel, te perseguiré e iré a tu casa a hacer justicia».

El empleado, además, empujó con fuerza a su jefe en repetidas ocasiones llegándole a hacer perder el equilibrio. Para evitar que la agresión fuera a más, algunos de los presentes le sujetaron pues «lanzaba al aire patadas de kárate» con la clara intención de alcanzar al empresario.
Estos hechos, que fueron incorporados a la carta de despido entregada tras el primer intento fallido, son los que el Tribunal entiende que pueden ser sancionados por el empresario, pero no con el despido.

Y es que, a juicio del ponente, «hay que conectar las expresiones que utilizó para referirse a su empresario con la situación y contexto en que el actor se encontraba en ese momento». Insiste, señalando, que, «sin perjuicio de que el comportamiento del trabajador pudiera resultar acreedor de una sanción, que en su caso pueda imponerle el empresario, es lo cierto que no es adecuada a tal comportamiento la imposición de la sanción de despido, que es la más grave que existe en el ámbito laboral».

El trabajador tuvo que ser sujetado para evitar que alcanzara al jefe con patadas de kárate
Expertos laboralistas como Antonio Pedrajas, socio de Abdón Pedrajas Abogados, consideran que esta resolución es una muestra más de «la inseguridad jurídica provocada por la parquedad de los preceptos legales, quedando los intereses de los justiciables a expensas de la interpretación judicial». A su juicio, «dejar impunes agresiones físicas frente a la contraparte del contrato de trabajo afecta gravemente a la figura del empresario y a su poder de dirección».

Por su parte, el socio director de Sagardoy Abogados, Iñigo Sagardoy, puntualiza que resoluciones como ésta «realmente restan mucho poder y eficacia a decisiones empresariales absolutamente razonables y ofrecen la imagen de un cierto desequilibrio en la confrontación judicial entre empresa y trabajador".
En la misma línea, el abogado de Cuatrecasas Ignacio Hidalgo indica que «ante una agresión física debería caber otra respuesta judicial que la mera reprobación de la conducta».

Los laboralistas, por último, abogan por que el Tribunal Supremo entre a unificar doctrina en materia de despidos, aunque reconocen la dificultad que ello entraña. Es posible que esta sentencia dé lugar a un pronunciamiento del Supremo pues, según ha podido saber este periódico, la decisión del tribunal regional ha sido recurrida en casación, lo que no implica necesariamente que entre a resolver el fondo del asunto.

Una barbaridad
Ignacio Hidalgo, abogado de Cuatrecasas, estima que la "norma laboral no justifica nunca una agresión" y aboga por que impere la cordura de forma que "ante agresiones físicas pueda caber otra respuesta que la mera reprobación de la conducta". Al respecto, muestra su pesar por el hecho de que "el Tribunal Supremo no entre nunca a unificar doctrina en supuestos de despido" pues ello "impide que se haga justicia cuando los tribunales superiores cometen barbaridades como la de este caso".

Los juristas creen que esta decisión va en detrimento del poder de dirección del empresario
Más contundencia
Para Iñigo Sagardoy, socio director de Sagardoy Abogados, el TSJ de Andalucía, al abordar el análisis jurídico de la procedencia del despido en base a los hechos acontecidos, «vuelve a caer en la doctrina, tristemente usual en algunas de nuestras sentencias laborales, de minusvalorar fuertemente la conducta de un trabajador alegando estados de ánimo exaltados, uso del lenguaje «de la calle, etc…». Por ello, defiende que «se debería ser mucho más contundente con este tipo de conductas».

Poder de dirección
El socio de Abdón Pedrajas Abogados, Antonio Pedrajas Quiles, reprocha al tribunal andaluz que en su argumentación «obvie por completo que la persona agredida fue el propio empresario». A su juicio, «este elemento diferencial debiese haber modificado el fallo de la sentencia, declarando la procedencia del despido», pues, según explica, «dejar impunes agresiones físicas frente a la contraparte del contrato de trabajo afecta gravemente a la figura del empresario y su poder de dirección».

La carta
1. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también apunta la posibilidad de añadir, en una carta de despido, nuevos hechos que se producen antes de que el mismo sea efectivo.

2. Este hecho se valora positivamente por los expertos. Así, Iñigo Sagardoy apunta a que con ello «se evita caer ante la rareza jurídica de 2 despidos consecutivos».

3. El Supremo en una sentencia de 27 de febrero de 2009 se posicionó sobre esta cuestión en una resolución que vino motivada por los mismos hechos enjuiciados ahora de nuevo por el tribunal autonómico.

Llamar al jefe " ladrón " no es causa de despido

El Tribunal Superior de Madrid justifica que una empleada insulte a su superior por la "tensión" generada por la crisis. Este fallo afecta al poder de dirección de los empresarios.

La Justicia no respalda a la empresa que despide a un empleado por haber insultado a su jefe. Así ha ocurrido en una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha declarado improcedente la sanción impuesta a una trabajadora que llamó al director de su empresa “ladrón e hijo de puta”.

El clima de tensión que se vive en la empresa como consecuencia de la crisis es el que utiliza la Sala como atenuante para considerar que la conducta de la empleada “no merece” el despido y sí una indemnización de más de 20.000 euros.

La sentencia es aún más relevante si se tiene en cuenta que sienta lo que se denomina “jurisprudencia menor”, pues el Tribunal Superior de Cataluña ya estableció que llamar “hijo de puta” al jefe no reviste la suficiente gravedad como para imponer el despido.

Este fallo aviva, así, el debate sobre si circunstancias, como el contexto de crisis, pueden ser un criterio válido de graduación de las sanciones. Además, según los expertos, la doctrina que se está consolidando menoscaba el poder de dirección del empresario.

Significado de las palabras
La trabajadora era gerente de ventas en Atlantis Strategic Media Spain (ASM), una compañía dedicada a formación de directivos. Fue despedida por haber insultado al director general durante una discusión por una comisión que entendía que le correspondía y que éste le negó, afirmando que la venta la había realizado él.

El órgano judicial considera que dichas expresiones “no pueden ser entendidas ni de un modo literal ni en su significación plenamente semántica”. Es decir, hay que analizar en qué contexto se produjeron para saber si los incumplimientos imputados en la carta de despido merecían el máximo reproche.

Los magistrados sostienen que “las palabras tienen un distinto significado según el tono, el contexto y al ánimo de insultar y, en función de estas circunstancias es cuando deberá valorarse si existe o no ánimo de ofender o injuriar”.

La situación que se generó tuvo lugar, además, en un contexto en el que, alegando ausencia de ventas, se habían reducido salarios a los trabajadores y existía temor a no cobrar en el futuro. Todas estas circunstancias son las que llevan al tribunal a concluir, al igual que ocurrió en primera instancia, que “no existió [en la trabajadora] ánimo ofensivo que justifique el despido”.

Laboralistas como Ignacio Hidalgo, abogado de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, apuntan que autorizar conductas como las descritas aumenta las probabilidades “de que las relaciones laborales pasen a ser una actividad de riesgo en sí misma”. La buena fe hacia la empresa y el respeto absoluto a quien da trabajo a otros deben ser elementos co-sustanciales a la relación laboral, sin los que ésta no puede existir. En el primer caso, “los juzgados parece que lo empiezan a entender; en el segundo, a la vista de resoluciones como ésta, aún no”.

El socio director de Sagardoy Abogados, Iñigo Sagardoy, lamenta que se esté consolidando una doctrina judicial que “entiende que una mala educación manifestada con un improperio verbal no puede tener una consecuencia jurídica tan grave como el despido”. Antonio Pedrajas, socio de Abdón Pedrajas Abogados, advierte de que, a pesar de que en el supuesto enjuiciado concurrían elementos de tensión y conflicto laboral, “debe evitarse utilizar esas circunstancias como patente de corso”. Por último, puntualiza que “ladrón es calumnioso e hijo de puta injurioso, no siendo en ningún caso términos de uso común”.

Desde ASM, su director general Cristian Danel, tilda de “sorprendente” la decisión y confía en que el Supremo reconozca la procedencia de la decisión que tomó cuando despidió a la trabajadora que le insultó. (TSJ de Madrid, 10/09/2010, Rº 2030/2010).

Otras resoluciones
1. El TSJ de Andalucía -ver EXPANSIÓN de 16/03/10- declaró improcedente el despido de un trabajador que insultó y lanzó patadas de kárate a su jefe. La Sala esgrimió como atenuante que el empleado se puso nervioso al intuir que iba a ser despedido.

2. El TSJ de Madrid en sentencia de 11/01/2005 tampoco consideró como causa de despido las expresiones como "estoy hasta el coño de esta puta empresa". Para los jueces, era "un desahogo verbal" tras conocer un cambio de puesto de trabajo.

3. El Supremo, en una sentencia de 29/05/90, consideró como causa de despido de un profesor la ofensa soez ("que se vaya a tomar por culo") al director del Colegio, en presencia del conserje y del jefe de personal del centro docente.

Aumenta el listón del riesgo en la relación laboral
Si la crisis hace que la tensión en las empresas aumente, los jueces, al dar cobertura a actuaciones de los empleados como insultar o agredir al superior jerárquico, no hacen sino aumentar el listón de riesgo, según los expertos. Después de que este periódico sacara a la luz –ver EXPANSIÓN de 16/03/10– una sentencia en la que se exponía que dar patadas al empresario no era suficientemente grave como para despedir, poco margen queda para la sorpresa. Después de aquella decisión, calificada por los laboralistas de “barbaridad”, a nadie le extrañara ahora que el empresario tenga que indemnizar al empleado que despide por haberle llamado “ladrón”. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rebajó la cuantía de la indemnización de 8.853 euros a 6.282,60 y los salarios de tramitación de 20.762.25 a 14.764, 11 euros.

¿Por dónde empiezo a buscar trabajo?

Aunque el mercado laboral se ha contraído drásticamente con la crisis, todavía es posible localizar una oferta de empleo. Para encontrarla es esencial que sea una persona proactiva. No se deje vencer por la adversidad. Salga de su casa y convénzase de que en la calle hay un empleo para usted. O, en su defecto, créelo.

Independientemente de sus aspiraciones laborales o de su perfil profesional, estas empresas pueden ayudarle a ‘cazar’ su próximo trabajo.

Estos son los intermediarios que mueven los hilos del empleo.

Empresas de Trabajo Temporal
En estas fechas la actividad de las empresas de trabajo temporal se incrementa como consecuencia de la temporada navideña. Según la previsión realizada por Eurovendex, la compañía especializada en outsourcing comercial del Grupo Adecco, los meses de noviembre, diciembre y enero supondrán un crecimiento en la contratación de entre el 30% y el 40% con respecto al resto de meses del año. Esta cifra podría verse incrementada, en algunos casos, hasta el 50% en los días previos a la Navidad. Perfumería y cosmética, juguetes, imagen, sonido y alimentación serán los sectores que más aumenten su demanda. Para buscar un trabajo eventual (que según el puesto y el perfil del candidato podrá ser reconvertido a indefinido) lo más recomendable es visitar las oficinas de estas empresas, enviar el currículo vía mail o, si dispone de un portal de ofertas propio, insertarlo directamente en su web. Algunas de las ETTs con más oferta son Adecco, Randstad, Manpower, Page Personnel y Unique.

Firmas de selección
No todas las personas que buscan una ocupación tienen el mismo perfil ni aspiran al mismo puesto. Las empresas de selección suponen una opción adecuada para la búsqueda de posiciones directivas o mandos intermedios. Con la crisis, muchas de ellas han diversificado su negocio orientándose a la consultoría de recursos humanos, pero todas siguen manejando cierto volumen de ofertas de empleo, tanto para trabajar en España como en el resto del mundo. Estas empresas buscan candidatos con al menos cinco años de experiencia y que dominen, como mínimo, uno o dos idiomas. Algunos ejemplos son Cátenon (firma española especializada en la búsqueda global de profesionales), Michael Page, Adecco Professional, Randstad Search & Selection y Manpower Professional.

Cazatalentos
Las firmas de headhunters suelen ser contratadas por empresas que buscan directivos en activo en firmas de la competencia. Sin embargo, debido a la situación del mercado de trabajo, cada vez son más los cazatalentos que realizan sus búsquedas entre ejecutivos que han perdido su empleo, siempre que su despido sea una consecuencia de la coyuntura económica. Buscan perfiles top para ocupar posiciones de alta dirección (en muchos casos en compañías del Ibex 35). Algunas firmas son: Bao & Partners/Signium International, Neumann International, Norman Broadbent, Odgers Berndtson, Seeliger y Conde, Spencer Stuart, Boyden International, Eurogalenus (especializada en los sectores el sanitario, biotecnológico y de energías renovables), Zavalagortari Asociados y Padula & Partners.

Portales de empleo y redes profesionales verticales
Hace una década, los portales de empleo revolucionaron la búsqueda de trabajo tradicional. Junto a los sites generalistas clásicos (como Infojobs, Monster o Infoempleo), en los últimos años han surgido otras webs especializadas en determinados sectores (Turijobs para el turístico; Tecnoempleo, para el informático; Hacesfalta.org, que está orientado al empleo y voluntariado en ONG; Ingenieros.com) y portales específicos para profesionales autónomos (como Freelance.com o Tuwork.com).

Recientemente, con la irrupción de las redes sociales, también han aparecido una serie de comunidades profesionales verticales online, como Esanum, orientada a profesionales del sector sanitario; Pleiteando, dirigida a perfiles jurídicos; BytePR, para periodistas; y Cinemavip, para personas dedicadas al negocio audiovisual.

Paralelamente, están surgiendo portales de empleo avanzados, como Jobsket.com, que combina las webs clásicas de empleo y la conversación generada a través de los medios sociales. Su principal atractivo es que, una vez que el candidato publica su perfil, la aplicación calcula cuál es el valor de su currículo en el mercado, basándose en parámetros como las compañías en las que ha trabajado anteriormente, los puestos que ha ejercido y sus competencias profesionales.

Para recién titulados, la web JobandTalent.com dispone de ofertas para perfiles junior en empresas como Grupo BBVA, CapGemini, Deloitte, Pfizer, Repsol, Procter & Gamble y L'Oréal.

Servicios Públicos de Empleo
Estos centros apenas gestionan el 2,4% de las colocaciones que se realizan en España. Además, como las competencias en materia de políticas activas de empleo están, en la mayoría de casos, transferidas a las comunidades autónomas, actualmente no existe una homogeneización en cuanto a los recursos, controles y procesos de búsqueda o de selección. Aun así, no conviene descartarlos como intermediarios laborales.

Aunque, quizá, la fórmula más efectiva para encontrar un trabajo sea también la más antigua y sencilla: recurrir a nuestros contactos.

Como gestionar su tiempo en la Oficina

Reuniones, papeleo, interrupciones, tareas que se acumulan y aumentan la sensación de agobio, de no llegar a todo. Para muchos profesionales, el remedio inmediato es trabajar más horas o más deprisa. La solución es otra: no culpar a terceros, aprender a estructurar nuestras tareas, y algo sencillo pero que cuesta mucho: aprender a decir 'no'.

A menudo nuestra jornada laboral nos deja insatisfechos, con la sensación de no haber cumplido nuestros objetivos. Para paliar el peso de las tareas pendientes que nos persiguen creemos que la solución pasa por dedicarle más horas o trabajar más deprisa. Sin embargo, José María Acosta, experto en dirección y recursos humanos y autor de Uso eficaz del tiempo, considera que para mejorar la gestión de nuestro tiempo es necesario descubrir cómo funcionamos, centrándonos en el uso que le damos a las horas que trabajamos y averiguar cuáles son nuestros hábitos y nuestras capacidades personales.

¿De quién es la culpa?
Según Acosta, un 45% de nuestra jornada, aproximadamente, está dedicada a asuntos que no sabemos evitar, pero que acaban haciéndonos sentir la frustrante sensación de haber perdido el tiempo. La tendencia general es culpar a los demás de nuestros problemas de falta de tiempo. Pero en realidad somos nosotros quienes perdemos el tiempo al comportarnos de forma inadecuada, al hacer o no hacer lo que debíamos.

Yo tengo que…
El ejercicio que debemos poner en práctica excluye a los demás. Lo tenemos que realizar en primera persona e incluye los siguientes puntos:

-Mejorar mi forma de atender el teléfono y el correo electrónico.
-Controlar las interrupciones que perturban mi trabajo o mi descanso.
-Controlar que sólo entre en mi despacho (si lo tiene) la gente que a mí me interesa y cuando a mí me interesa.
-Aprender a acudir a las reuniones que a mí me interesan y no a las que otros deciden convocarme.
-Mantener la cabeza tranquila y mi propio orden de prioridades, aunque a mi alrededor todo sea desorden y caos.
-Procurarme la ayuda necesaria. Enseñar a mis colaboradores y compañeros el manejo de herramientas y procedimientos que habitualmente hago yo, para que puedan hacerse cargo de algunas o, de lo contrario, no me sirven.
-Solucionar lo importante y evitar que me carguen con urgencias innecesarias.
-Aprender a decir NO cuando me interese.

A largo plazo
Estas medidas son útiles para las cuestiones cotidianas, pero la falta de tiempo trunca el desarrollo de la carrera de muchos profesionales. La solución es tener muy claro y muy definido el largo plazo. José María Acosta recomienda tomarse el tiempo suficiente para decidirlo, pero ser ambicioso y no ponerse límites innecesarios. Sin embargo, recuerda que las metas a largo plazo requieren establecer objetivos a medio y corto plazo. Pequeños jalones en el camino que, una vez alcanzados, le animarán a continuar y a confiar en que su proyecto es factible.

Para lograr esto, y también para llevar un día a día sin agobios de tiempo, es fundamental averiguar para qué sirve y en qué es bueno cado uno. De esta manera, podrá organizar y planear sus tareas y proyectos de manera efectiva.

Murphy lleva razón
Todos estos planteamientos suenan fenomenal, pero no todo es siempre tan fácil. Hay que reconocer que las tres leyes de Murphy (nada es tan sencillo como parece, todo lleva más tiempo de lo que debería, y si algo puede fallar, acabará por fallar y seguramente en el peor momento) se cumplen y más a menudo de lo que quisiéramos.

Si admitimos esto, podemos establecer una estrategia de prevención; un plan B que nos permita salir del atolladero. Este debe definir una categoría de prioridades y, por otro lado, implica recurrir a otras personas. Es decir, delegar. Para ello, es esencial confiar en las personas y darles la libertad necesaria para actuar.

El término medio
Otro de los problemas de la falta de tiempo es que podemos convertirnos en perfeccionistas o en chapuzas, dependiendo del cariz de tarea. Hay trabajos que nos disgustan y por eso los realizamos demasiado deprisa, con el peligro de incurrir en errores. Sin embargo, hay tareas a las que dedicamos demasiado tiempo, ya sea porque disfrutamos realizándolas o porque trabajar en ellas supone retrasar las que no queremos hacer. La solución pasa por dedicar a cada cuestión el tiempo necesario y tener presente que el valor de una tarea no crece en proporción al tiempo que se le dedica.

El salario de los Funcionarios Europeos no se toca

El miércoles, Portugal quedo prácticamente paralizada debido a las protestas de los funcionarios frente a los recortes salariales que, de media, ascenderán al 5%. El mismo día, en Londres, miles de encolerizados estudiantes salían de nuevo a las calles para manifestarse en contra del aumento de las tasas universitarias.

Mientras, en Irlanda aumentaba la indignación frente al Gobierno, después de que éste anunciara otra ronda desesperada de recortes del gasto. Sin embargo, en Bruselas, los burócratas tenían motivos para estar más que satisfechos: el martes, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciaba a favor de un aumento, no una reducción, salarial de los funcionarios. El pasado noviembre, la Comisión propuso un incremento salarial del 3,7%.

Al mes siguiente, después de constatar la crisis económica en la que estaba sumida Europa, el Consejo llegó a la conclusión de que la cifra debería reducirse al 1,85%.

Dado que los salarios de los eurócratas los pagan los estados miembros, y muchos de estos atraviesan graves problemas financieros, la decisión del Consejo de pagar la mitad de la cantidad exigida por la Comisión puede considerarse un acto de generosidad, aunque carezca de sensibilidad.

Aumento presupuestario
La Comisión, sin embargo, fue aún más insensible a la grave situación económica de los miembros europeos y se enfrentó a la decisión del Consejo, alegando que el 3,7% era resultado del cálculo basado en una fórmula automática. Ahora el Tribunal apoya ese argumento. Para los jueces, es una feliz coincidencia que su remuneración salga beneficiada de su veredicto. Sin embargo, el hecho de que la Comisión estimara oportuno plantear este debate pone de manifiesto que la UE como institución no tiene por qué compartir los intereses de los países que la componen.

¿Cómo si no se puede explicar la determinación del Parlamento Europeo de pedir un aumento presupuestario del 6,19% para 2011? Después de que Grecia ya se hubiera visto obligada a aceptar la ayuda de emergencia y comenzaran a surgir las dudas sobre las economías de Irlanda y Portugal, el Parlamento siguió adelante con su demanda.

Con independencia de los problemas de los estados miembros, sin embargo, Bruselas necesita dinero para contratar al batallón de diplomáticos que formará el nuevo Servicio Exterior de la UE. Algunos países ya han manifestado su oposición a esta demanda, que consideran excesiva, proponiendo un incremento del 2,91%.

Los funcionarios de Grecia, Francia, Portugal e Irlanda, países en los que las medidas de austeridad han supuesto la pérdida de numerosos puestos de trabajo y recortes salariales para los trabajadores en activo, pensarán, lógicamente, que un aumento presupuestario sería ya demasiado.

Esta semana en Estrasburgo daba la impresión de que el Parlamento estaría dispuesto a aceptar la cifra más baja, aunque a cambio de que los estados miembros concedan más competencias a la UE.

Aun así, la decisión del Tribunal de elevar los salarios muy por encima del 2,91% propuesto puede llevar a algunos países a retractarse de esa posición. Martin Schulz, el alemán que encabeza las filas socialistas en el Parlamento Europeo, aseguró el pasado martes que “el Parlamento se está poniendo a prueba. Ya no se trata de dinero, sino de la dirección a la que evoluciona la UE. Ahora, los gobiernos nacionales quieren controlarnos. Ese no es el camino”.
Schulz es un firme defensor del estado europeo. La forma en la que la actual crisis financiera evoluciona, avanza en esa dirección y es Alemania, la mayor economía de la Unión, la que dicta ahora las condiciones.

A nadie debería extrañar que los trabajadores de la UE respalden esa estrategia, pero el electorado de los países miembros no se mostrará muy entusiasmado ante la cesión de soberanía, aunque sea gradual, a Bruselas. Lea el artículo original publicado en The Wall Street Journal No Breaching the Eurocrats' Paywall

Lo que dice un candidato a la CEOE

El presidente de Fomento del Trabajo y candidato a dirigir la CEOE, Joan Rosell, apuesta por fusionar ayuntamientos hasta reducirlos a la mitad y aplicar un expediente de regulación en las administraciones públicas para recortar el déficit público. El líder de CiU, Artur Mas, también se ha comprometido a reducir la administración de la Generalitat entre un 20 y un 25% entre cargos, personal y organismos públicos si gobierna.

Rosell cree que es insostenible el número de funcionarios que hay en España y entre las reformas que urge llevar a cabo para salir de la crisis destaca, en línea con la reclamación de la CEOE, la de las administraciones públicas, no sólo para reducir el gasto público, sino para ganar eficiencia, ya que gran parte de ellos no tienen nada que hacer.

El empresario catalán ha lanzado estas propuestas en el marco de la ponencia ¿Salimos o no de la crisis? organizada en Barcelona por la consultora PwC y La Vanguardia, recordando que el número de funcionarios no ha parado de crecer: 1,4 millones en 1982, 2,5 millones en 1998 y tres millones en 2009.

“¿Ncesitamos mantener realmente 8.400 municipios, además de los consejos comarcales, las diputaciones...? En las empresas hacemos muchos cambios, abrimos departamentos, los cerramos o los fusionamos en función de las necesidades de cada momento. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en las administraciones? Deberíamos tratarlas igual que tratamos a las empresas, y si se han de hacer eres también en el sector público, se hacen y no pasa nada”.

Más poder que los políticos
Rosell ha puesto el ejemplo de países como el Reino Unido, que "fusionó" municipios, el de Irlanda, que ya ha anunciado la supresión de 25.000 empleos públicos. "Hay que mirar los pros y los contras del actual estado de las autonomías que hemos creado", ha subrayado.

"En los últimos años 2.000 competencias han pasado del Estado a las comunidades autónomas, con lo que, como mínimo hay 150.000 funcionarios del Estado no tienen trabajo que hacer, y sin embargo, siguen ahí, en especial los que están empleados en ministerios como el de Educación, Sanidad o Cultura, que tienen casi todas las competencias traspasadas a las autonomías".

Inmersos en la crisis, el recorte de gastos es una palanca esencial de recuperación, pero en el caso de las administraciones públicas es una tarea muy difícil debido a las "tecno-estructuras" que no permiten hacer las reformas necesarias, ha continuado el presidente de Fomento. "Hay cargos en las administraciones que mandan incluso más que los políticos que han sido elegidos por los ciudadanos”.

Por ello, se ha mostrado convencido de que es la sociedad civil la que debe "impulsar" a los partidos políticos para que lleven a cabo este tipo de reformas que ellos, por sí mismos, no pondrán en marcha por miedo al coste electoral que tendrían. Es un reto que tenemos que afrontar como sociedad.

En España, las administraciones públicas consumen un 4,6% del PIB, mientras que en algunos países nórdicos no pasa del 1,5%... es decir, "regalamos" un 3% de ineficacia del Estado cada año y eso también es responsable de que como país perdamos atractivo para invertir aquí.

La UE confirma la subida salarial de un 3,7% a los EuroFuncionarios

El Tribunal de la Unión Europea (Tdj) ha anulado la decisión de los Veintisiete, representados en el Consejo, de limitar la subida salarial de 2009 de los funcionarios europeos al 1,8%, en lugar de aplicar el aumento del 3,7% previsto en el Estatuto y propuesto por la Comisión Europea.

En búsqueda de una decisión mediática y en línea con lo reclamaba la opinión pública, los Estados de la UE decidieron en 2009 reducir el aumento salarial de los funcionarios europeos, lo que justificaron por el contexto de crisis, sin respeto a los acuerdos establecidos. Ahora el TdJ estima que no se ha aplicado el procedimiento específico previsto por dicho estatuto, para poder reducir el aumento salarial en “caso de situación grave y repentina de la situación económica”.

Los sueldos del Ejecutivo comunitario oscilan entre los 2.300 euros al mes que cobra un funcionario recién contratado de categoría 1 (la más baja), como las secretarias, y los 17.500 euros al mes que recibe un funcionario de la máxima categoría (16) con cuatro años de antigüedad, como un director general. El aumento de sueldo que se discutía se aplicará a las nóminas de unos 50.000 funcionarios.

En noviembre del año pasado, la Comisión propuso un aumento de estas remuneraciones de 3,7%, pero el Consejo en diciembre dijo que esta propuesta debía modificarse para tener en cuenta la crisis económica y financiera y fijó el índice de adaptación en el 1,8%, en línea con los gobiernos de la UE, que decidieron en la misma fecha limitar la subida salarial debido al contexto de crisis.

Los jueces de Luxemburgo entienden que no hicieron uso del procedimiento específico previsto por el estatuto de los funcionarios para casos de grave y repentino de la situación económica. Una cuestión similar se plantea en el decretazo gubernamental para bajar el sueldo a los empleados públicos en España, ahora en trámite de cuestión de inconstitucionalidad en la Audiencia Nacional.

En el caso de los funcionarios europeos, la CE interpuso un recurso de anulación, justificando su demanda en lo previsto en el estatuto de los funcionarios, que establece un método de adaptación de las remuneraciones, sin posibilidad de margen de apreciación. El Consejo, aunque no contestaba ese cálculo de la adaptación, hizo valer ante el TdJ que disponía siempre de un margen de apreciación por lo que se refiere a las adaptaciones anuales de las remuneraciones.

En la sentencia hecha pública hoy, el TdJ reconoce que si existe ese margen de apreciación para el Consejo, pero con limitaciones, que no han sido respetadas, por lo que anula la decisión del Consejo, sobre el recorte de la remuneración de los eurofuncionarios.

El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la UE contrarios al Derecho europeo y pueden interponerlo, bajo ciertos requisitos, tanto los Estados miembros y las instituciones europeas, como los particulares.

Se sobrepasan las competencias
El Tribunal de la UE indica que la normativa sí atribuye un margen de apreciación al Consejo, pero con ciertos límites. En concreto, prevé un procedimiento específico de adaptación de las remuneraciones en caso de deterioro grave y repentino de la situación económica y social, pero para ponerlo en marcha se necesita una propuesta específica de la Comisión.

En el caso de las remuneraciones para 2009, el Tribunal señala que el Consejo no ha utilizado correctamente el procedimiento y por tanto anula la decisión sobre las nuevas cantidades de remuneración. Se mantienen, no obstante, los efectos de la subida limitada hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento para evitar una discontinuidad en el régimen de remuneraciones.

El TdJ concluye que “el Consejo ha sobrepasado las competencias que le atribuye el estatuto de los funcionarios, que fija una adaptación de las remuneraciones distinta de la propuesta por la CE”. Según esta normativa, el Consejo debe decidir sobre la adaptación de las remuneraciones de los funcionarios antes de que finalice cada año para que la medida tenga efecto a partir del primer día de julio del año en curso, informa Efe.

Los Médicos de la Seguridad Social podrán dar de Alta

Los médicos de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM), podrán emitir alta médica durante el plazo máximo de 365 días de los procesos de baja laboral.

Según se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los médicos de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM), podrán emitir el alta. Hasta ahora, los facultativos del Servicio Público de Salud de las Comunidades Autónomas eran los únicos que podían emitir el parte de alta en el periodo indicado, los cuales siguen manteniendo la competencia.


Antes durante el primer año de la baja laboral los médicos del Servicio Público de Salud expedían el alta, mientras que los médicos del INSS e ISM sólo podían comunicar intenciones o propuestas de alta médica ante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano autonómico equivalente.

A partir de la entrada en vigor de la resolución, cuando den el alta el INSS o por el ISM, serán las únicas que podrán emitir, a través de sus propios médicos, una nueva baja médica por la misma o similar patología o si se produce en el plazo de 180 días siguientes a la citada alta.

Las Direcciones Provinciales que asumen estas competencias son las detalladas en la Ley General de la Seguridad Social: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, La Rioja, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Asturias, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Cantabria, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza y las Ciudades de Ceuta y Melilla

El Gobierno estudia ligar una parte del sueldo de los Funcionarios a la Productividad

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha anunciado que el Ejecutivo estudia aplicar una "fórmula" que permita ligar parte de la actual nómina de los funcionarios a su productividad, tal como hace unos días proponía la CEOE. Los sindicatos replican que esta medida ya estaba contemplada en el Estatuto de la Función Pública, pero el Gobierno no la había llevado a cabo "por su alto coste".

Chaves, que con la última remodelación del Gobierno ha asumido el área de Función Pública tras la salida de María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido que la secretaria de Estado de esta área, Consuelo Rumí, está estudiando la propuesta, la cual se planteará a los representantes de los sindicatos para analizar las posibles fórmulas de aplicación.

El también ministro de Política Territorial y Administración Pública ha rechazado la posibilidad de que los trabajadores públicos no tengan carácter indefinido y también se ha mostrado en desacuerdo con que los servicios que puedan prestar las empresas privadas sean mejores que los que dan las públicas y ha dicho que así lo comprobó él durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo organizado este martes por Europa Press, en respuesta acerca de su opinión sobre la propuesta del nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, para que se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada y una retribución variable ligada a la productividad. "Lo segundo sí, lo primero no. No creo que la administración pública sea una empresa privada", ha señalado Chaves, quien ha afirmado que hay que mejorar la situación de los funcionarios, su formación y prestigio ante la sociedad.

"La administración pública ahora no se puede privatizar a través de que la relación funcionarial se convierta en relación privada como la de cualquier otra empresa", ha insistido antes de reconocer sin embargo que, "lógicamente", sí que se debe mejorar la situación de los funcionarios, su formación y su prestigio ante la sociedad.

"Una cortina de humo"
Los sindicatos de la Función Pública se han mostrado molestos con las declaraciones de Chaves y aluden al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el régimen estatutario de los funcionarios públicos que determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas y cuya aplicación está paralizada desde su aprobación en 2007.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda cree que las declaraciones de Chaves en este preciso momento, después de haber recortado los sueldos de los funcionarios este año y congelarlos en 2011, es una "provocación" por parte del Gobierno que sólo contribuye a confundir al colectivo. A Lacuerda todo esto le suena a "humo" y no cree que pueda abordarse ninguna negociación si hasta ahora se ha incumplido todo lo que se había pactado, según ha señalado a Europa Press.

"El desarrollo del Estatuto no se ha cumplido. Los acuerdos del 25 de septiembre no se han cumplido. ¿Cómo se va a abordar nada si no se ha cumplido nada?", le ha reprochado Lacuerda a Chaves, y le ha advertido que con declaraciones como éstas sólo logra generar "falsas expectativas" en las plantillas públicas.

En términos similares se ha expresado el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Segarra, que ha recordado a Chaves que el EBEP ya contemplaba ligar los salarios de los empleados públicos a la productividad. Sin embargo, ha denunciado que esta medida no se ha aplicado porque el Gobierno siempre ha alegado que costaría dinero.

Sólo en algunos departamentos de la Administración, como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, incluyen criterios de productividad en los salarios de sus empleados públicos, y además son los departamentos de los que mejor funcionan.

Sin embargo, Segarra señaló que, pese a estar contemplado en el EBEP, la medida no se ha aplicado de una manera generalizada porque el Ejecutivo siempre se ha escudado en su alto coste. En concreto, la vinculación de los salarios a la productividad figuraba en el concepto de evaluación del desempeño que se quería aplicar en la Administración Pública y que no se ha llevado a la práctica.

Para evaluar el desempeño, el Estatuto apelaba, entre otros elementos, a la productividad del empleado público. "Siempre hemos estado de acuerdo con eso, pero nunca se aplicó porque suponía dinero", ha insistido Segarra. Para el representante de CCOO, las declaraciones de Chaves sólo suponen una "salida hacia adelante" habida cuenta del recorte salarial que se ha aplicado al colectivo. "No creo que ahora se pueda hablar de poner en marcha este tema. Significaría que quienes más produzcan ganarían más y eso le supondría un coste a la Administración", apuntó.

"Las negociaciones están paralizadas"
Mientras, el presidente del sindicato independiente de funcionarios, CSI-CSIF, Domingo Fernández, también ha señalado que el EBEP y los acuerdos de septiembre contemplaban "perfectamente" la evaluación del rendimiento de los empleados públicos, así como de los departamentos, algo que el Gobierno no ha cumplido.

"Lo único que debe hacer el Estado es cumplir lo firmado. Llevábamos 30 años esperando el Estatuto y la negociación está paralizada", se ha quejado Fernández, que ha añadido que algunas medidas que mejorarían las condiciones laborales de los empleados públicos no implicarían costes presupuestarios.

El sindicalista ha subrayado que tiene "poca confianza en Chaves porque, con lo que ha dejado en Andalucía, con líos de administraciones paralelas y confundiendo lo público con lo privado, miedo me da que quiera hacer innovaciones en la Administración General del Estado".

Jáuregui: sistema de productividad ya existe y se quiere mejorar
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, reconoce que ya existe un sistema de productividad de los trabajadores de la Función Pública y ha señalado que lo que estudia el Gobierno es "mejorarlo". "Y hay ya un sistema de productividad aplicado al trabajo de los funcionarios y que se está estudiando mejorar", ha manifestado Jáuregui.

El ministro de la Presidencia ha añadido que se trata de un asunto que compete al vicepresidente tercero del Ejecutivo "porque la productividad es una condición de la eficiencia en el trabajo de la administración pública".

Los contratos con Despidos más bajos son ya el 30% de los Fijos

Las primeras consecuencias de la reforma laboral comienzan a notarse. El contrato de 33 días por despido -la indemnización más barata si la rescisión es improcedente- gana terreno entre los indefinidos que se firman. A comienzos de año esta figura apenas suponía el 15% de todos los compromisos fijos que se contraían. El mes pasado ya alcanzaba el 29% de los 120.000 firmados, según fuentes gubernamentales.

Pero el avance de esta figura no implica que haya más trabajadores indefinidos. Mes tras mes, los datos de contratación demuestran que el peso de los compromisos fijos cae. Y la última encuesta de población activa volvió a situar la tasa de temporalidad por encima del 25%, cuota que ha caído con la crisis.

La reforma laboral pretendía impulsar la contratación indefinida y rebajar la alta temporalidad española, la vía que ha permitido una rapidísima destrucción de empleo sin parangón en Europa. Para lograrlo, el Gobierno intentó impulsar el contrato de 33 días -que también cuenta con bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social- eliminando las pocas barreras que tenía y abriendo un periodo transitorio para la conversión de temporales en indefinidos hasta 2011.

Vistos los datos de los últimos meses, se puede concluir que, de momento, la reforma se queda a mitad de camino en este capítulo. El contrato de fomento, su nombre oficial, gana peso entre los indefinidos, como quería el Gobierno para abaratar las indemnizaciones por despido futuras por la vía de los hechos. Sin embargo, no consigue estimular la estabilidad en el empleo. En realidad, lo que sucede es que el contrato de 33 días está sustituyendo al ordinario (45 días de indemnización).

Además, el reverdecer de esta figura podría marchitarse una vez se acabe el periodo transitorio, como ya sucedió con la penúltima reforma laboral, la de 2006. Todo el incremento del contrato de fomento proviene de las conversiones de temporales en fijos, (unas 35.000 en octubre) y no de las nuevas contrataciones (unas 12.500, un número similar al de los primeros meses del año).

Esta evolución muestra que la recuperación del empleo llegará por la temporalidad, como lo ha hecho en crisis anteriores. Así que la estabilidad laboral tendrá que esperar, pese a la reforma, a la recuperación del mercado laboral, un hecho que ya ha sido asumido por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en alguna declaración pública.

Precisamente Gómez apuntó ayer que en enero su departamento tendrá lista la siguiente reforma que tiene en su agenda: la de las políticas activas de empleo. Para que los cambios sean consensuados en esta ocasión, la secretaria de Estado, María Luz Rodríguez, se reúne hoy por la tarde con representantes de CEOE y Cepyme, como ya hizo con los sindicatos la semana pasada con escaso éxito.

Sólo el 28% de los Convenios evita que se pierda poder adquisitivo

La crisis se nota cada vez más en el bolsillo de los asalariados que han tenido la suerte de conservar su empleo. Pese a la que caía en 2008 y 2009, los sueldos resistieron y subieron más que los precios. Este año la situación se ha invertido. Hasta octubre, las retribuciones pactadas en los convenios apenas han crecido un 1,3%; los precios, un 2,3%. Conclusión: muchos trabajadores acabarán 2010 perdiendo poder adquisitivo de no mediar corrección alguna. Lo que sucede es que el mecanismo habitual de corrección, la cláusula de revisión salarial, ha perdido mucho terreno este año. Apenas un 28% de los convenios registrados en el Ministerio de Trabajo hasta octubre la contenían; el año pasado, la mitad.

Apenas un 16% de los asalariados está protegido del aumento de precios
Si los números se observan con detalle, estas cifras aún pueden corregirse a la baja. En España hay 15,4 millones de asalariados, pero no todos disfrutan de convenio colectivo (hasta octubre, 6,2 millones). Así que los 2,5 millones de trabajadores que hasta el momento se pueden acoger a las cláusulas de garantía -el otro nombre con el que se conocen- suponen apenas el 16% de toda la población asalariada y el 41% de la que cuenta con convenio.

"Básicamente lo que pasa es que la inflación lleva dos años por debajo del 2%", analiza José Ignacio Pérez Infante, de la Comisión Consultiva de Convenios, que recuerda que en años pasados cuando los precios aflojaban la presión, también bajaba el número de convenios con cláusulas. Pero este año la inflación ha repuntado. La subida del IVA y la de la tarifa eléctrica han tirado del IPC y eso contribuirá a que muchos pierdan poder adquisitivo.

CC OO admite el argumento de Pérez Infante. Desde la Secretaría de Acción Sindical, desde donde la central coordina las conversaciones de los convenios, se ha instado a sus negociadores a que traten de conseguir cláusulas de garantías pese a la inflación de los últimos años.

Pero este argumento no rebaja el enfado sindical con la CEOE. Acusan a los empresarios de incumplir el acuerdo sobre negociación colectiva con recomendaciones que firmaron ambas partes a comienzos de año. Primero porque hasta octubre los frutos han sido escasos. UGT y CC OO hablan de "bloqueo" en la negociación de convenios. Y luego, porque pese a que se optó por la moderación salarial hasta 2012 para facilitar la salida de la crisis y mantener el empleo (para este año se recomienda un aumento salarial hasta el 1%), también se reclamaba que los convenios recogieran cláusulas que impidieran la pérdida de poder adquisitivo "a lo largo" del trienio.

Aparece así un nuevo conflicto que añade leña a unas relaciones muy tensas durante toda la legislatura. Y aumenta la desconfianza entre ambas partes precisamente en un ámbito, el de la negociación colectiva, en el que tienen que llegar a un pacto de reforma antes de marzo.

Otra causa que manejan UGT y CC OO para explicar la caída de las cláusulas es estadística. En 2009, la negociación de convenios se empantanó precisamente por las discrepancias a la hora de aplicar los incrementos salariales. Pero el Ministerio de Trabajo registraba como válidas las revisiones de muchos convenios vigentes por más de un año que en realidad no se aplicaban. Así que este año Trabajo solo registra aquellos en que hay acuerdo.

Este cambio de criterio hace que entre un año y otro haya un desfase considerable. Según los cálculos sindicales, hay entre 1.000 y 1.500 convenios en ese impasse. Para CC OO, de contemplarse estos textos los mecanismos que evitan la perdida de poder adquisitivo podrían subir hasta el 40% de los pactos.

Precisamente en el origen del conflicto salarial de 2009 aparece otro motivo que explica el menor uso de las cláusulas. Hasta el año pasado, cada ejercicio se actualizaban los sueldos según el objetivo de inflación del 2% del Banco Central Europeo, luego se revisaba y se corregía de acuerdo con la inflación. El escenario casi deflacionista del año pasado llevó a muchas patronales a no seguir este sistema, lo que ha hecho que en 2010 se busquen otras vías.

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, explica que en muchos casos se ha regresado a una fórmula venida a menos hasta ahora: el aumento del sueldo partiendo de la inflación del año anterior, denostado tradicionalmente por ser un foco de aumentos de precios de segunda vuelta.

Trabajo cita a los Sindicatos para este viernes para reanudar el Dialogo Social

El diálogo social se reanudará el próximo viernes. Cinco meses después de fracasar la negociación de la reforma laboral, que derivó en la huelga general del 29-S, el Ministerio de Trabajo ha citado a los sindicatos para tratar de recomponer las relaciones. La encargada de tender puentes será la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que recibirá a los números dos de las dos organizaciones sindicales, Toni Ferrer (UGT) y Ramón Górriz (Comisiones Obreras).

El encuentro, confirmado por las tres partes, supone un guiño del Gobierno a las organizaciones sindicales, que se adelantan a la patronal en su primera reunión con el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo. Reconducir las tensas relaciones con los sindicatos tras el paro general fue uno de los primeros objetivos esbozados por el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, al llegar al cargo, hace apenas tres semanas.

La responsable de Empleo pretende que el encuentro sirva para situar en primer plano del diálogo social la reforma de las políticas activas de empleo, claves en un país con más de 4,5 millones de parados. Trabajo se ha propuesto hacer más eficaces las políticas de formación, para lo que pretende atraerse a los agentes sociales en los próximos tres meses. Los sindicatos son reacios a encuadrar la reunión exclusivamente en ese aspecto, por lo que acudirán a la sede del ministerio con su propuesta de reformas económicas bajo el brazo, sin abandonar la pretensión de corregir los aspectos más duros de la reforma laboral.

A la cita acudirá también la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, para hablar con los sindicatos del reglamento que debe regular esas políticas.

Trabajo baticina salarios moderados para los próximos años

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que España necesitará mantener durante "mucho tiempo salarios moderados " o "razonablemente moderados", de tal forma que los sueldos no crezcan nunca por encima de la productividad. "Esto va a ocurrir durante los próximos años en España", ha dicho.

El nuevo titular de la cartera también se ha referido a los datos de paro de octubre, conocidos ayer, y ha reiterado que la economía española "está a punto de alcanzar" ese momento en el que dejará de destruir empleo. "Octubre es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, lo ha hecho durante los próximos 10 años y lo hará muy probablemente en los próximos 10. Es un mes en el que se dejan los trabajos de temporada y también es un mes en el que las actividades vinculadas a la agricultura se terminan", ha reiterado.

Gómez, en declaraciones a Telecinco, ha señalado que, afortunadamente, España cuenta con un buen acuerdo, el que firmaron empresarios y sindicatos para el periodo 2010-2012, que permitirá que los salarios se mantengan moderados. "Somos el único país europeo que tiene un acuerdo salarial vigente para los próximos tres años y eso hay que destacarlo", ha resaltado.

El ministro de Trabajo ha argumentado que aunque en la economía española y en muchas empresas los salarios están ya ligados a la productividad, hay que seguir avanzando más en ese terreno porque, debido a las exigencias de la globalización y a la necesidad de competir, España "no puede dejar de mirar siempre a los costes".

Sobre el mercado laboral, el ministro prevé que a partir dela segunda mitad de 2011 se empiece a crear empleo, primero lentamente ydespués de manera más intensa, y ha explicado que la durante la primera partede la recuperación, la tasa de paro seguirá siendo alta, para después iniciarsu descenso. Gómez ha apuntado además que, después de una crisis, lasrecuperaciones del empleo se basan en contratos temporales y se ha mostradoconvenido de que la reforma laboral ayudará a convertir ese trabajo temporal enindefinido.

Acción Sindical y Negociación Colectiva 2011

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado hoy, en la apertura de la Jornada de Acción Sindical y Negociación Colectiva 2011, que “no hay mejor instrumento de movilización y de reforzamiento de nuestra vinculación en los centros de trabajo que la Negociación Colectiva”, por lo que espera conseguir que, a partir de la celebración de esta jornada, “demos un impulso negociador a la reforma de la negociación de los convenios”.

En este sentido, ha considerado que “el hecho de que se hayan renovado, a estas alturas del año, menos del 13% del total de convenios colectivos que había que renovar para 2010 muestra la escasa voluntad de la patronal para cumplir el Acuerdo de Negociación Colectiva que suscribimos en febrero y, por el contrario, muestra el esfuerzo supremo que debemos hacer los sindicatos para impulsar la Negociación Colectiva en nuestro país”.

Por ello, ha demandado a la nueva presidencia de la CEOE que “no desestime el dar un paso más para salir de la crisis económica y establezca un compromiso real y efectivo para culminar este proceso y para retomar también el Diálogo Social con las organizaciones sindicales”. Además, ha reclamado al Gobierno que “no siga insistiendo en que legislará si no se produce un acuerdo en la reforma de la Negociación Colectiva, porque puede provocar el mismo efecto para la CEOE que se produjo con el Diálogo Social”.

Cándido Méndez ha afirmado que, después del 29 de septiembre, “no vamos a parar hasta que consigamos alcanzar los objetivos por los que fuimos a la Huelga General”. Por ello, ha manifestado que “tenemos en el horizonte una nueva oleada de movilizaciones, unas en torno al 15 de diciembre, y otras que consistirán en manifestaciones, al menos, en las capitales de las distintas Comunidades Autónomas para el 18 de diciembre”.

Corremos el riesgo de que el Diálogo Social esté herido de muerte

Ante las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que dijo ayer que el Diálogo Social estaba “malherido”, el Secretario General de UGT ha manifestado que “si el Diálogo Social está malherido no es por la voluntad de los sindicatos, sino porque en mayo el Gobierno impuso un duro plan de ajuste, vulnerando un acuerdo ya firmado (como es el de los empleados públicos), congelando las pensiones, imponiendo la reforma laboral y anunciando la posible ruptura del Pacto de Toledo con la reforma del Sistema de Pensiones”.

En este sentido, ha afirmado que “no solo está malherido, sino que corremos el riesgo de que esté herido de muerte si el Gobierno no revierte la Reforma Laboral y no asume que no puede imponer el retraso en la edad de jubilación a los 67 años”.

Por ello, Cándido Méndez ha recordado que los sindicatos “tenemos alternativas, ya que hemos definido con CCOO un documento conjunto, que va a ser nuestra referencia en las conversaciones con la patronal y con el Gobierno”. En dicho documento, “apostamos por el cambio de modelo productivo para salir de la crisis, con numerosas propuestas, entre las que se encuentra, por ejemplo, la utilización de la potencialidad del sector de la construcción dándole un mayor valor industrial en nuestro país, lo que mejoraría el peso de nuestro sector industrial y aprovecharíamos nuestro gran potencial en la construcción reorientándolo hacia actividades de mayor valor añadido”.

¿A quién afecta el recorte del gasto?

En una sociedad cuya prioridad fuera el bienestar de sus ciudadanos, los políticos querrían ser fotografiados inaugurando centros de educación infantil, comedores escolares, viviendas sociales y centros de día para mayores: medidas de bajo coste que mejoran la calidad de vida. Nuestros políticos, sin embargo, inauguran grandes infraestructuras, faraónicos centros culturales y multimillonarias intervenciones urbanas. La mayoría de los españoles no utilizará nunca los superpuertos deportivos, ni el AVE, ni entrará en los megamuseos. Sin embargo, los han pagado con sus impuestos.

El Gobierno olvida que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean puestos de trabajo
Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.

Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.

En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.

El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?

El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).

La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.

Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.

Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.


Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La crisis de Gobierno dede implicar un cambio el las políticas del ejecutivo

El cambio de Gobierno que hemos conocido hoy supone una crisis del Ejecutivo de mayor calado político que la remodelación que había anunciado el Presidente en las últimas semanas, es más acorde con el deterioro de la situación económica y social de nuestro país, y refleja que el Gobierno asume la importancia de la contestación social a sus políticas expresada por los trabajadores con su apoyo masivo a la huelga general del 29 de septiembre. UGT considera que más importante que las personas que desempeñen las nuevas responsabilidades de Gobierno son las políticas que se pongan en práctica, por lo que esta crisis no debe ser un fin en sí misma, sino el comienzo de un cambio en las prioridades y orientaciones políticas de nuestro país, que nos lleven a situar el crecimiento económico y la creación de empleo en el centro de nuestras prioridades, y a la recuperación de los derechos sociales y laborales eliminados en las últimas reformas.

El cambio del Ejecutivo que hemos conocido hoy afecta a seis carteras ministeriales, con la desaparición de dos de ellas, y supone un cambio profundo en la composición y estructura del Gobierno. UGT considera que estos cambios suponen una crisis de mayor calado político del que cabía esperar de las declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno en las últimas semanas, pero está en consonancia con el profundo deterioro de la situación económica y social de nuestro país y el descontento de los ciudadanos, que quedó reflejado claramente en el respaldo mayoritario de los trabajadores a la huelga general del 29-S, convocada por UGT y CCOO contra la reforma laboral, la congelación de las pensiones, y las políticas de ajuste aprobadas por el Gobierno.

Esta crisis se produce sólo 21 días después de la Huelga General (un cambio de Gobierno aún más rápido y profundo que el producido tras la huelga general del 20-J de 2002), y más allá de los cambios en los nombres de los responsables de las diferentes carteras ministeriales, debe suponer un cambio en la orientación de las políticas del Gobierno y de sus prioridades.

Porque siendo importantes las personas, más lo son las políticas. La sociedad española está demandando claramente una salida de la crisis que nos garantice un futuro de progreso, no la resignación a un modelo económico incapaz de generar los niveles de empleo y competitividad que se correspondan con nuestro potencial como país.

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 debería recoger ese cambio de políticas, apostando por la recuperación económica, la creación de empleo, y la apuesta por un nuevo modelo productivo.

Un Economista defensor del Dialogo Social

La buena sintonía con los sindicatos y la experiencia en asuntos laborales son los principales activos de Valeriano Gómez, economista del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset y fue secretario general de Empleo entre 2004 hasta finales de 2006, durante la época de Jesús Caldera como ministro de Trabajo. Conectan, además, con los principales objetivos de Zapatero: restablecer la relación con los sindicatos, muy maltrechas desde la convocatoria de la huelga, y pilotar las dos reformas pendientes, la de pensiones y la de negociación colectiva. Proveniente de UGT, Gómez ha contado con la confianza de todas las partes durante la fallida negociación de la reforma laboral con los agentes sociales y sus recetas han servido de base para la elaboración del texto.

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Corbacho: "Es una magnífica persona y un gran conocedor de esta materia"
Esa apuesta por la reforma laboral del Gobierno no le impidió acudir a la manifestación que convocaron los sindicatos en la jornada de huelga. Esa presencia, que él justifica más como apoyo a los sindicatos ante los ataques recibidos que como un rechazo a las políticas del Ejecutivo, ha quedado en la retina de los más críticos para cuestionar ahora su incorporación al Ejecutivo.

Al contrario de lo que ocurrió en la primera legislatura de Zapatero, cuando a Gómez le tocó gestionar la bonanza del empleo, al nuevo ministro le aguardan ahora momentos difíciles al frente de esta cartera. Como secretario general de Empleo, Valeriano Gómez diseñó una reforma laboral que contó con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Mucho más complicado será ahora lograr un acuerdo para la reforma de las pensiones, pendiente del debate que mantienen ahora los diputados en el Pacto de Toledo, y sobre todo en negociación colectiva, una materia en la que el Gobierno se ha comprometido a legislar si los sindicatos y la patronal fracasan en llegar a un acuerdo, la hipótesis más probable.

Para el actual ministro, Celestino Corbacho, su sucesor "es una magnífica persona" y "un gran conocedor" de la materia. "A Valeriano Gómez le conozco, tengo un gran concepto de él. Es una magnífica persona, un gran conocedor de esta materia y durante estos dos años y medio ha colaborado muy estrechamente y muy cordialmente conmigo. Si finalmente lo fuera (ministro de Trabajo), yo le felicitaré personalmente y le desearé toda la suerte del mundo", ha declarado hoy Corbacho en los pasillos del Congreso.