jueves, 28 de octubre de 2010

¿A quién afecta el recorte del gasto?


En una sociedad cuya prioridad fuera el bienestar de sus ciudadanos, los políticos querrían ser fotografiados inaugurando centros de educación infantil, comedores escolares, viviendas sociales y centros de día para mayores: medidas de bajo coste que mejoran la calidad de vida. Nuestros políticos, sin embargo, inauguran grandes infraestructuras, faraónicos centros culturales y multimillonarias intervenciones urbanas. La mayoría de los españoles no utilizará nunca los superpuertos deportivos, ni el AVE, ni entrará en los megamuseos. Sin embargo, los han pagado con sus impuestos.

El Gobierno olvida que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean puestos de trabajo
Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.

Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.

En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.

El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?

El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).

La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.

Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.

Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.


Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

lunes, 25 de octubre de 2010

La crisis de Gobierno dede implicar un cambio el las políticas del ejecutivo


El cambio de Gobierno que hemos conocido hoy supone una crisis del Ejecutivo de mayor calado político que la remodelación que había anunciado el Presidente en las últimas semanas, es más acorde con el deterioro de la situación económica y social de nuestro país, y refleja que el Gobierno asume la importancia de la contestación social a sus políticas expresada por los trabajadores con su apoyo masivo a la huelga general del 29 de septiembre. UGT considera que más importante que las personas que desempeñen las nuevas responsabilidades de Gobierno son las políticas que se pongan en práctica, por lo que esta crisis no debe ser un fin en sí misma, sino el comienzo de un cambio en las prioridades y orientaciones políticas de nuestro país, que nos lleven a situar el crecimiento económico y la creación de empleo en el centro de nuestras prioridades, y a la recuperación de los derechos sociales y laborales eliminados en las últimas reformas.

El cambio del Ejecutivo que hemos conocido hoy afecta a seis carteras ministeriales, con la desaparición de dos de ellas, y supone un cambio profundo en la composición y estructura del Gobierno. UGT considera que estos cambios suponen una crisis de mayor calado político del que cabía esperar de las declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno en las últimas semanas, pero está en consonancia con el profundo deterioro de la situación económica y social de nuestro país y el descontento de los ciudadanos, que quedó reflejado claramente en el respaldo mayoritario de los trabajadores a la huelga general del 29-S, convocada por UGT y CCOO contra la reforma laboral, la congelación de las pensiones, y las políticas de ajuste aprobadas por el Gobierno.

Esta crisis se produce sólo 21 días después de la Huelga General (un cambio de Gobierno aún más rápido y profundo que el producido tras la huelga general del 20-J de 2002), y más allá de los cambios en los nombres de los responsables de las diferentes carteras ministeriales, debe suponer un cambio en la orientación de las políticas del Gobierno y de sus prioridades.

Porque siendo importantes las personas, más lo son las políticas. La sociedad española está demandando claramente una salida de la crisis que nos garantice un futuro de progreso, no la resignación a un modelo económico incapaz de generar los niveles de empleo y competitividad que se correspondan con nuestro potencial como país.

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 debería recoger ese cambio de políticas, apostando por la recuperación económica, la creación de empleo, y la apuesta por un nuevo modelo productivo.

miércoles, 20 de octubre de 2010

Un Economista defensor del Dialogo Social


La buena sintonía con los sindicatos y la experiencia en asuntos laborales son los principales activos de Valeriano Gómez, economista del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset y fue secretario general de Empleo entre 2004 hasta finales de 2006, durante la época de Jesús Caldera como ministro de Trabajo. Conectan, además, con los principales objetivos de Zapatero: restablecer la relación con los sindicatos, muy maltrechas desde la convocatoria de la huelga, y pilotar las dos reformas pendientes, la de pensiones y la de negociación colectiva. Proveniente de UGT, Gómez ha contado con la confianza de todas las partes durante la fallida negociación de la reforma laboral con los agentes sociales y sus recetas han servido de base para la elaboración del texto.

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Corbacho: "Es una magnífica persona y un gran conocedor de esta materia"
Esa apuesta por la reforma laboral del Gobierno no le impidió acudir a la manifestación que convocaron los sindicatos en la jornada de huelga. Esa presencia, que él justifica más como apoyo a los sindicatos ante los ataques recibidos que como un rechazo a las políticas del Ejecutivo, ha quedado en la retina de los más críticos para cuestionar ahora su incorporación al Ejecutivo.

Al contrario de lo que ocurrió en la primera legislatura de Zapatero, cuando a Gómez le tocó gestionar la bonanza del empleo, al nuevo ministro le aguardan ahora momentos difíciles al frente de esta cartera. Como secretario general de Empleo, Valeriano Gómez diseñó una reforma laboral que contó con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Mucho más complicado será ahora lograr un acuerdo para la reforma de las pensiones, pendiente del debate que mantienen ahora los diputados en el Pacto de Toledo, y sobre todo en negociación colectiva, una materia en la que el Gobierno se ha comprometido a legislar si los sindicatos y la patronal fracasan en llegar a un acuerdo, la hipótesis más probable.

Para el actual ministro, Celestino Corbacho, su sucesor "es una magnífica persona" y "un gran conocedor" de la materia. "A Valeriano Gómez le conozco, tengo un gran concepto de él. Es una magnífica persona, un gran conocedor de esta materia y durante estos dos años y medio ha colaborado muy estrechamente y muy cordialmente conmigo. Si finalmente lo fuera (ministro de Trabajo), yo le felicitaré personalmente y le desearé toda la suerte del mundo", ha declarado hoy Corbacho en los pasillos del Congreso.

El Pacto de Toledo


La Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ha abordado en una reunión celebrada hoy la posibilidad de que las mujeres puedan complementar su cotización a la Seguridad Social para la pensión de jubilación en función del número de hijos que hayan tenido.

La reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo de este martes se ha centrado en la discusión de las propuestas presentada por PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV para ajustar el esfuerzo contributivo a las "cotización real" y la pensión percibida de forma que se tenga en cuenta el número de hijos para "complementar" el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una pensión.

El portavoz 'popular' en la Comisión, Tomás Burgos, explicó a los periodistas tras la reunión que la propuesta busca tener en cuenta el principio de "cotización demográfica", habida cuenta de que el "esfuerzo" de tener hijos aporta cotizantes al sistema, máxime en un momento en el que la reforma del sistema se hace necesaria para hacer frente al envejecimiento de la población.

En principio, los grupos plantean que se limite a mujeres de más de tres hijos y se inspire en el sistema que se aplica en países como Francia, donde cada hijo cuenta por dos años cotizados, si bien Burgos precisó que no se trata de sustituir cotización por trabajo por cuidado de los hijos.

En concreto, lo que plantea la propuesta es que si una mujer no ha cotizado los quince años que se exigen ahora como mínimo para percibir una pensión contributiva, por cada hijo que tenga se le compute un tiempo que, en el caso de Francia, son dos años por cada vástago.

Por su parte, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa señaló que su partido no ve con malos ojos la idea, si bien hay que "perfilar" su contenido y destacó que en estos momentos todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre la cuestión.

Servicio militar obligatorio
Los grupos parlamentarios también pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el servicio militar obligatorio cuente en la cotización, aunque López i Chamosa matizó que esto sería "casi imposible" porque "no sabemos el coste que puede tener para la Seguridad Social".

Mientras, desde CiU, Carles Campuzano apuntó que en la reunión se han repasado los periodos que se tienen en cuenta para el cálculo de las pensiones y la posibilidad de ampliar las excepciones para complementar la cotización y el alcance de las mismas.

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, apuntó que el objetivo principal es la "necesidad de vincular la pensión a la cotización real".

viernes, 15 de octubre de 2010

El IPC sube tres décimas en Septiembre


Según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió tres décimas en septiembre en Málaga con respecto al mes anterior, dos décimas más que en el conjunto del país, con lo que la inflación interanual se sitúa en el 2,3% y la acumulada en el 1,2%.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez, destacó que dicha subida se debe fundamentalmente al grupo de Vestido y Calzado, que a nivel regional se ha incrementado un 4,1% debido a la finalización del periodo de rebajas. Otro grupo que ha influido en esta subida ha sido Enseñanza motivado por el inicio del curso escolar.

Jiménez dijo que por el contrario el grupo de Ocio y Cultura ha sido el que ha experimentado una bajada mayor, del -1,8%, provocada por el término del periodo estival y de las vacaciones. Hay que destacar también el grupo de Transporte ya que el precio de los carburantes ha ido subiendo paulatinamente lo que ha hecho que la tasa interanual sea del 7,6%, sólo inferior a Bebidas Alcohólicas y Tabaco, cuya tasa interanual se sitúa en el 9,3%.

En el caso de Hoteles, cafés y restaurantes la tasa mensual ha sido del -0,9% por la bajada de los precios de los hoteles y otros alojamientos, habitual tras la temporada estival, según indicó Jiménez.

En cuanto a la variación interanual el incremento de los precios en Málaga ha sido del 2,3%. Este dato es superior al -1% registrado en septiembre del pasado año cuando todavía se hablaba de los riesgos de una posible deflación.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga indicó que según estos datos se confirma la tendencia alcista de los precios a nivel general. Por ello, “hay que ser precavidos sobre los riesgos que suponen la subida de los precios en unos momentos en que el paro y la crisis castiga a las economías domésticas fundamentalmente”.

Jiménez señaló que “en estos momentos es fundamental hacer hincapié en la importancia de la negociación colectiva como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de los salarios. Es por ello imprescindible que se firmen cláusulas de garantía salarial en todos los convenios”, agregó.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga indicó que “desde UGT seguimos exigiendo políticas que estimulen el crecimiento económico a través de la inversión y el consumo como fórmulas para la recuperación del empleo”.

“Los datos que hoy conocemos unidos a los datos del paro publicados hace unos días nos muestran una radiografía de la situación económica y laboral en nuestra provincia altamente preocupante, que entendemos que no se corrige con reformas laborales y pérdidas de derechos, sino al contrario, reconociendo la importancia del valor del trabajo, un trabajo decente y con derechos”, culminó Jiménez.

miércoles, 13 de octubre de 2010

Citan como imputado al alcalde de Alhaurin de la Torre por presunta malversación

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 21 por el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga en una causa abierta a raíz de una denuncia de la ex portavoz de IU, Encarnación Ruiz, por presunta malversación de fondos públicos.

La citación de Villanova se produce después de que la Audiencia Provincial de Málaga haya estimado el recurso de apelación interpuesto por el que se revoca un acto dictado el pasado marzo en el que se archivaban las diligencias, y haya devuelto al juzgado el caso para que amplíe la investigación y declare el denunciado.

En la causa se investiga si el alcalde de Alhaurín empleó recursos públicos -el trabajo de los funcionarios municipales- sin justificación para su defensa en tres juicios, uno de faltas y dos por demandas de protección al honor, por hechos acaecidos en varios plenos municipales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala señala que la investigación "ha de agotarse, a fin de esclarecer al máximo las cuestiones planteadas".

Argumenta que aunque los tres juicios aludidos se refirieron a hechos acaecidos en el seno del debate político de varios plenos, no puede obviarse que, a priori, "el honor es un bien eminentemente personal" y por ello cuestiona si la defensa de dichos bienes debiera corresponder al letrado municipal, centrado principalmente en la defensa de los intereses municipales.

Además, la Sala mantiene que también debe ser aclarado el criterio con el que se verificó el cargo a las arcas municipales de unas actas notariales aportadas en el procedimiento civil de protección del honor instado por los denunciados.

De la certificación remitida por el secretario del Ayuntamiento "parece desprenderse" que el alcalde "sin trámite alguno ni traslado al pleno municipal, dio orden verbal al letrado municipal de que les asistiera y defendiera" tanto en el juicio de faltas por vejaciones contra él mismo y el edil Gerardo Velasco, como en un procedimiento civil contra el concejal Salvador Herrera, señala.

Aunque el importe de las actas notariales "no sea elevado", la Sala considera que ha de ampliarse la investigación y que "sin perjuicio de la resolución que en su día se adopte por el Juez de instrucción", se cite a declarar al alcalde.

viernes, 8 de octubre de 2010

La Audiencia Nacional duda de que sea constitucional el recorte a los Funcionarios


La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada hoy por CCOO.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluye la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público.

De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.

La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.

En concreto, la Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Según el abogado de CCOO Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.

Dudas también sobre el derecho de igualdad
Igualmente, los magistrados de la Sala también tienen sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad. El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Recorte y congelación en 2011
La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%.

Estas medidas comenzaron a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre -sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre-. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.

Este recorte salarial ha provocado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CCOO, UGT y CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.

jueves, 7 de octubre de 2010

UGT demanda a tres Mutuas por el recorte salarial impuesto por el Gobierno


La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ha demandado ante la Audiencia Nacional a las mutuas Fraternidad-Muprespa, Maz y Umivale por el recorte salarial a sus trabajadores impuesto por el Gobierno al considerar que se vulnera el derecho a la negociación colectiva.


Por ello, FeS-UGT pretende la suspensión de las actuaciones emprendidas contra los trabajadores de las mutuas, al aplicar "directamente" las medidas de recorte salarial, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

De igual forma, exige que se reconozca y declare el derecho de los trabajadores de dichas mutuas, sujetos al convenio de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, a percibir íntegramente las retribuciones conforme a las tablas salariales de 2010, una pretensión que hace extensiva a todos los empleados del resto de mutuas.

"Desde FeS-UGT seguiremos planteando, en solitario o si se quieren adherir otras organizaciones sindicales, todas aquellas acciones legales que impidan los atropellos que están realizando desde la secretaría de Estado de la Seguridad Social hacia los derechos de los trabajadores de mutuas", denunció.

Por último, ha advertido de que si este cambio de posición por parte del Gobierno no se produce continuarán las movilizaciones e iniciativas legales en el sector focalizadas en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

martes, 5 de octubre de 2010

Para UGT-A la subida del paro es razón suficiente para que el gobierno rectifique


En Andalucía, en septiembre de 2010, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha sido de 897.645 personas, 20.635 más que en agosto. Esto ha supuesto un aumento del 2,35% con respecto al mes anterior. Con respecto a septiembre de 2009, el paro se ha incrementado en un 9%. Si se atiende a los datos de España se registran 4.017.763 parados, un 1,21% más que en el mes anterior. El paro ha crecido en un año un 8,31%.

El paro en las mujeres supone el 50,59% del total de los parados en Andalucía. Permanece idéntico al mes anterior el paro en la población extranjera. Con respecto al año anterior se mantiene la subida, que se sitúa en un 17,56%.

Por comunidades autónomas, ha subido en todas excepto en Castilla La Mancha (-3,01%) La Rioja (-1,70%), Aragón (-0,91%) y Canarias (-0,40%). La mayor subida se ha producido en Cantabria (5,78%), seguida de Baleares (4,98%). Las comunidades que destacan por sus menores subidas han sido Cataluña (0,25%) y Madrid (0,65%). En datos interanuales, ha subido en todas. La variación en Andalucía se sitúa en un 9,00% y a nivel nacional en el 8,31%. Comunidades como Castilla La Mancha (12,38%) y Murcia (12,11%) siguen registrando los datos más altos.

A nivel provincial, el paro ha subido en todas las provincias, destacando Cádiz (4,36%) y Huelva (3,95%). Los aumentos menos significativos se han producido en Sevilla (0,04%) y Almería (0,29%). En el último año, sigue siendo Almería (14,42%) donde más ha aumentado el paro, seguida de Huelva (12,52%).

Sectorialmente, aumenta en todos, excepto en la agricultura (-2,01%) y la construcción (-0,53%). El sector donde más ha crecido el paro ha sido en el colectivo sin empleo anterior (7,55%), seguido de los servicios (3,07%).

Se han registrado un total de 307.470 contratos en Andalucía, un 44,17% más que el mes anterior y un 0,96% más que en septiembre de 2009. La contratación indefinida, ha aumentado en 6.891 contratos con respecto al mes anterior, se sitúa en un 4,92% del total, frente al 8,78% a nivel nacional. No obstante, se reduce con respecto a septiembre de 2009. La contratación temporal experimenta un aumento también del 42,58% (87.307 contratos más).

La afiliación a la Seguridad Social ha disminuido. La media de afiliaciones en este mes ha sido de 2.865.014, un 0,35% menos que el mes pasado. 28 de cada 100 trabajadores en paro en nuestra comunidad autónoma no perciben ningún tipo de prestación por desempleo. En Andalucía hay más de 330.000 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en paro.

Para UGT Andalucía, el anuncio del Gobierno sobre el empeoramiento de las previsiones de paro en este año es otro argumento que pone en evidencia la incapacidad de la Reforma Laboral para la creación de empleo, tal y como se nos ha hecho creer. La contratación temporal ha sido 95,08%, por lo que se constata que la Reforma ni reduce ni va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo.

Es primordial la mejora y el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo para que realicen una intermediación laboral eficaz y no diluir sus funciones a través de, por ejemplo, la legalización de las agencias privadas con ánimo de lucro que estarán al servicio del interés particular y conllevará el fomento de negocios privados. La disminución de los recursos destinados al Servicio Público de Empleo, contemplada en el Anteproyecto de Presupuestos para el año 2011, supone un ataque contra la protección social y los programas sobre políticas de empleo y formación.

UGT considera que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 son unos presupuestos regresivos que no fomentan la recuperación económica y la creación de empleo. Es la primera vez que no se ha cumplido el trámite de información y consulta con las organizaciones sindicales.

También se producen reducciones en el gasto en dependencia, en maternidad, en paternidad, en lo referente a riesgo durante el embarazo y a la lactancia natural. Se recortan las prestaciones familiares (eliminación del “cheque bebé” y supresión de las ayudas por hijos a cargo). Junto a esto la inversión y las ayudas a la vivienda protegida sufren recortes importantes. Todo esto significa un claro retroceso en las cuestiones más sociales que afectan a los trabajadores.

Además, también manifestamos nuestro rechazo al Anteproyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para el año 2011, porque no se ajustan a las necesidades de protección social que demandan los trabajadores y los pensionistas. Y también denunciamos el incumplimiento de los compromisos que se alcanzaron en el marco del Diálogo Social en julio de 2006, como la integración del Régimen Especial Agrario y el Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social o la rebaja de la edad de jubilación en actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres.

Después de la Huelga General hay más motivos aún para comprobar por qué los trabajadores exigimos “rectificación” de las políticas llevadas a cabo hasta el momento por el Gobierno y en concreto de la Reforma Laboral.

lunes, 4 de octubre de 2010

Multan a un alto cargo de la CEOE por humillar a sus subordinados


Otro problema en la CEOE. A la brecha que tiene abierta su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se suma ahora la multa de 25.000 euros que la Inspección de Trabajo ha impuesto al director de Relaciones Laborales, José de la Cavada, por una infracción "muy grave" por someter a prácticas humillantes a sus subordinados. "Todos los trabajadores entrevistados por la comisión de investigación manifiestan haber sufrido alguna vez un trato humillante por parte del director del departamento. [...]. Los testimonios son contundentes, reiterados, coincidentes y claros". En definitiva, "el necesario respeto de la dignidad de los trabajadores es incompatible con acciones y hechos como los acreditados", señala el informe. De la Cavada fue escuchado en la elaboración del informe y admitió que las desavenencias superaban las "simples discrepancias habituales en el entorno de trabajo".

La patronal conocía la situación y no la solucionó, según la inspección
La investigación abierta sobre De la Cavada, que llegó al cargo de la mano del actual secretario general, José María Lacasa, trascendió en verano. Pero no es esta la primera vez que De la Cavada toma protagonismo. Este mismo año en la negociación de la reforma laboral propuso en el Congreso un contrato sin derechos sociales para jóvenes, lo que enfadó a los sindicatos, ya que De la Cavada era el jefe del equipo negociador de la CEOE.

La Inspección de Trabajo da por cierto que De la Cavada sometió a sus subordinados a "decisiones, medidas y tratos que han vulnerado su derecho a la dignidad dentro de la empresa". "Su director exhibe", señala el informe, "un sistema autoritario de gestión con brusquedad y expresiones verbales que han provocado tensión y sufrimiento [...]. La presión a la que se han visto sometidos los trabajadores escapa al ámbito de la organización del trabajo y ha originado en ellos sentimientos de humillación, inferioridad y exclusión". "En resumen", proclama la inspectora de Trabajo, "de los hechos relatados se concluye que los trabajadores del Departamento de Relaciones Laborales han tenido que soportar unas condiciones de trabajo que suponen una vulneración del derecho a la consideración debida a su dignidad [...]".

La inspección también acredita la nula voluntad de la patronal para solucionar este problema. De hecho, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, recibió una denuncia interna de los trabajadores contra De la Cavada. "La empresa reconoce también la existencia de un conflicto interpersonal derivado de deficiencias en la organización del trabajo por lo que nos encontramos ante un incumplimiento contractual grave del empresario, pues ante una situación conflictiva de tales características, la empresa está obligada a intervenir, cosa que no hizo suficientemente pese a la queja de los trabajadores [...]".

La inspectora que ha llevado adelante la investigación también constata que la denuncia interna ya advertía graves elementos de alerta: "La situación descrita se viene acompañando de reiteradas manifestaciones del director que podrían ser susceptibles de calificarse como irrespetuosas y ofensivas [...] intimidatorias en el resultado. Ello sin querer entrar a considerar si, dado que se han manifestado sobre todo con algunas mujeres del departamento, podrían ser consideradas en su caso como indicios de acoso por razón de sexo". En segundo término, los denunciantes advertían a Lacasa del perjuicio que podría suponer si el conflicto trascendía extramuros. "Nos preocupa [...] las consecuencias en la imagen y reputación de la CEOE" y de su departamento, que debía ser ejemplar.

viernes, 1 de octubre de 2010

Nuevo IRPF para los que más declaran


El pasado 19 de mayo, en vísperas del Consejo de Ministros que iba a aprobar importantes recortes a pensionistas y funcionarios, el presidente del Gobierno anunció una subida de impuestos para "los que realmente más tienen". El objetivo de esta medida era que no solo las clases medias soportasen los ajustes necesarios para reducir el déficit público. Al preguntarle qué entendía él por clase media, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió: "No hay una definición legal, pero todo el mundo entiende lo que significa ese concepto. Va a quedar muy claro cuando el Gobierno comunique cuál es el esfuerzo que vamos a pedir a los que más tienen. No habrá ninguna duda".

Inditex da a Ortega 443 millones en dividendos por los que tributa al 21%
La iniciativa parecía que iba a ser de aplicación inminente. Sin embargo, fueron pasando los meses sin que se concretase nada acerca de la bautizada como tasa Robin Hood. Finalmente, el pasado viernes 24 de septiembre, la ministra de Economía, Elena Salgado, desveló el misterio. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 incluye dos nuevos tipos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para las rentas altas: el marginal será del 44% desde unos ingresos de 120.000 euros y del 45% a partir de 175.000 euros. Hasta ahora, el tipo máximo estaba en el 43% para rentas superiores a 53.000 euros.

Estas novedades fiscales, ¿responden al anuncio de Zapatero de aplicar una subida de impuestos para los que más tienen? Los expertos consultados discrepan. En su opinión, querer delimitar quién es rico utilizando solo el IRPF es peligroso, puesto que supone poner más carga sobre la base del sistema, es decir, los que ya pagan. Es verdad que las rentas altas del trabajo -aquellas a las que se aplicarán las subidas- ganan más que la media, pero no tanto como para costearse asesores fiscales y gestores de banca privada que pongan a su disposición estrategias de ingeniería fiscal que sí disfrutan los grandes patrimonios, y, por tanto, son los principales contribuyentes a las arcas públicas.

"Desde luego, los que van a pagar más impuestos con la reforma son los que más tienen dentro de los que declaran", advierte Julio López Laborda, profesor del departamento de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. "Aunque el impacto recaudatorio de las medidas sea reducido, está claro que el aumento de tipos en el IRPF mejora la capacidad redistributiva del impuesto, después de muchos años de debilitamiento por Gobiernos de uno u otro color", matiza este profesor.

Hacienda espera recaudar un máximo de 200 millones de euros extra al año con la subida del tipo marginal del IRPF a los cerca de 100.000 contribuyentes que, según los últimos datos, declaran ganar más de 120.000 euros al año. El impacto recaudatorio de esta medida es sensiblemente inferior a los 4.400 millones anuales que prevé ahorrar el Gobierno con la rebaja de un 5% en el sueldo a los funcionarios y a los 1.500 millones por la suspensión de la revalorización de las pensiones.

"La mejora de la recaudación prevista es bastante pobre. La subida del IRPF no afecta a los más ricos, sino a los que más declaran. En mi opinión, esta medida se debe quizás más a la necesidad del Gobierno de hacer un guiño a los sectores más a la izquierda de su partido y de su electorado que a un objetivo real de mejorar la recaudación y repartir de forma más equitativa los sacrificios", señala Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).

Esta opinión es compartida por Francisco de la Torre, secretario general de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, quien por encima de todo denuncia la falta de previsibilidad, "algo fundamental en los tiempos que corren", de la política fiscal del Gobierno. "Al final, el tan comentado impuesto a los ricos va a afectar principalmente a los altos ejecutivos de las empresas, que son los que declaran rentas de trabajo superiores a los 120.000 euros". De la Torre explica que el incremento que suponen ambos tramos de la renta no es muy elevado (uno y dos puntos, respectivamente), pero recuerda que estos rendimientos ya estaban gravados al 43%, y que además varias comunidades autónomas han anunciado incrementos del IRPF para sus ciudadanos con mayores rentas, por lo que la tributación en algunas zonas como Cataluña puede llegar al 49%. "Unos tipos tan elevados y con esas diferencias autonómicas pueden generar problemas de deslocalización, fraude, creación de sociedades... ¡Y todo para recaudar unos 200 millones, sobre 63.800 millones que recaudó el año pasado el IRPF!", enfatiza este experto.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), por su parte, defienden la medida de elevar la presión fiscal sobre las rentas más altas, siempre y cuando vaya acompañada de una lucha decidida contra las grandes bolsas de fraude. Esta organización calcula que la economía sumergida en España representa el 23,3% del PIB, es decir, 245.000 millones de euros que se escapan del control del fisco. "No parece justo que se recorte el poder adquisitivo de pensionistas, empleados públicos y dependientes, y que además se les aumenten los impuestos, sin que se exija más a quien más gana. Pero tampoco parece justo que se atornille a quien declara, mientras no se tiene el mismo celo en perseguir a las corporaciones empresariales y grandes fortunas que evaden sus impuestos de forma sistemática", argumenta José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Algunas voces alertan de que una subida impositiva a las rentas del trabajo más altas en lugar de a los realmente más ricos puede provocar un efecto muy negativo como es la huida del talento. En su informe sobre la Situación de España correspondiente al tercer trimestre de 2010, el servicio de estudios del BBVA advierte que no es recomendable aumentar significativamente los tipos marginales actuales a las rentas del trabajo con el objetivo de alcanzar una mayor progresividad. "Los incrementos adicionales en el tipo marginal no solo tienen una escasa capacidad recaudatoria, sino que generarían desincentivos relativos a la acumulación de capital humano y al trabajo en España de la población con mayores niveles educativos, frente a otras economías con menores cargas impositivas, afectando negativamente a la captación de talento y al potencial de la economía española (...) Prevenir este tipo de desincentivos es fundamental si se quiere avanzar en un cambio de modelo productivo que fomente la innovación y el empleo", comentan desde esta entidad.

Uno de los problemas del colectivo destinatario del anuncio impositivo que hizo Zapatero en mayo ("los que más tienen") es que se trata de un grupo muy ambiguo. Si se echa mano al diccionario de la Real Academia Española, una persona rica es alguien "adinerado, hacendado o acaudalado". Más concreto es el término millonario: "que posee un millón, o más, de unidades monetarias". Precisamente, este es el umbral que utilizan Merrill Lynch y Capgemini para elaborar su famoso informe sobre la riqueza en el mundo. De acuerdo con este trabajo, el número de particulares en España con patrimonios elevados -personas con unos activos de inversión (no de renta) mínimos de un millón de dólares excluyendo primera vivienda y consumibles- creció un 12,5% en 2009, hasta las 143.000 personas.

A esta ambigüedad semántica contribuye también la propia política fiscal del Gobierno, que establece diferentes límites para incluir a una persona dentro del colectivo de "los que más tienen". Desde el punto de vista de las rentas por trabajo, el Ejecutivo establece ese límite a partir de los 120.000 euros, en virtud de los últimos cambios en el IRPF. Si el colectivo es el de los impatriados (incluidos los deportistas de élite) el umbral de la riqueza está en los 600.000 euros si se tiene en cuenta la enmienda introducida el pasado año a la conocida como ley Beckham, según la cual se acordó eliminar la tributación reducida (24%) para aquellas rentas que reciban los profesionales que se desplazan a España para trabajar que superen los 600.000 euros anuales. En cambio, para las rentas irregulares (bonus, indemnizaciones y stock options) el límite establecido por el legislador es diferente: la reducción del 40% que ahora disfrutan esas remuneraciones solo será aplicable a los primeros 300.000 euros. "Parece evidente que el límite para ser considerado fiscalmente rico es muy variable en función del tipo de ingresos que se tengan y también geográficamente en función de en qué comunidad se encuentre el contribuyente", reflexiona Francisco de la Torre.

A pesar de esta dispersión conceptual, sí parece haber consenso social al señalar como altos patrimonios con ventajas fiscales a aquellas personas que tienen una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (Sicav). Los últimos datos disponibles en la CNMV señalan que hay registradas 3.111 Sicav que cuentan con 417.390 accionistas y que manejan un patrimonio de 25.489 millones de euros. El discurso oficial del Gobierno ha sido que las Sicav no suponían ningún privilegio para sus propietarios en comparación con los fondos de inversión, abiertos a los pequeños ahorradores. Tanto unos como otros tienen un tipo del 1% en el impuesto sobre sociedades y sus partícipes o accionistas tributan al 19% o 21%, cuando obtienen reembolsos o dividendos por su participación o cuando venden. Sin embargo, los propietarios de las Sicav habían encontrado un mecanismo legal para retirar el dinero sin apenas tributar mediante las reducciones de capital. El Gobierno parece admitir ahora que existe ese privilegio y en la presentación de los Presupuestos de 2011 también introduce medidas para evitar esta asimetría fiscal.

Los expertos creen que una iniciativa de este tipo en relación con las Sicav tiene su lógica, aunque critican algunos aspectos. "Es un terreno resbaladizo", señala Jesús Sanmartín, "por lo que hay que estudiar muy bien cómo es el tratamiento fiscal de este tipo de vehículos en otros países para no perder la entrada de capitales desde el exterior o la marcha de las fortunas nacionales". Aunque el cambio normativo se incluye en los Presupuestos de 2011, la nueva tributación sobre las reducciones de capital entrará en vigor desde el pasado 24 de septiembre para evitar un rosario de operaciones de aquí a final de año.

El Gobierno ha puesto coto al diferimiento en el pago de plusvalías por parte de las Sicav a través de las reducciones de capital. Sin embargo, no ha entrado en otro aspecto incluso más polémico que caracteriza a este tipo de sociedades como es si en realidad se trata de instituciones de inversión colectiva o vehículos particulares privilegiados. Para beneficiarse de los beneficios fiscales y la flexibilidad en la gestión, la legislación vigente exige que para crear una Sicav se constituya un capital social mínimo de 2,4 millones de euros y reúna en todo momento un mínimo de 100 accionistas. Sin embargo, en la práctica muchas de estas sociedades tienen un único propietario y los otros 99 (conocidos en el mundillo como los mariachis) son personas de paja colocadas por sus asesores para cumplir con la ley.

"Más que de hablar de medidas concretas para aumentar la recaudación merece la pena hablar de la necesidad de replantearse en su globalidad la estructura de nuestro sistema fiscal. Manteniendo el objetivo redistributivo que se decida, urge la simplificación del sistema fiscal y garantizar la neutralidad de este con respecto a los instrumentos de ahorro, inversión y financiación. Por tanto, la medida relativa a las Sicav es positiva, pero insuficiente", indica Julio López Laborda.

El Gobierno de Zapatero subió el pasado año la fiscalidad sobre el ahorro (una revisión que, por cierto, se supo con bastante antelación, pero que no tuvo efecto retroactivo como sí ocurrirá con las Sicav, y que muchas empresas aprovecharon para adelantar un mes la retribución a sus accionistas). Sin embargo, algunos analistas consideran que aún habría margen para recaudar más en el capítulo del ahorro. Por ejemplo, Amancio Ortega, dueño de Inditex y uno de los 10 hombres más ricos del mundo, cobrará este año 443 millones en dividendos y solo tributará al 21% (un tipo igual, eso sí, al que paga el más minoritario de los accionistas de Inditex).

Dentro del debate acerca de cuál es el reparto de cargas fiscales más equitativo entre la clase media y los grandes patrimonios algunos expertos sugirieren que el Gobierno podría recuperar con ciertas modificaciones el impuesto sobre patrimonio. En 2007 pagaban este tributo casi un millón de personas y se recaudaban más de 2.000 millones de euros. "Aparte de los ingresos que se obtendrían con este impuesto, otro aspecto positivo es que obligaría a las grandes fortunas a retratarse. Tener una foto fija de lo que tiene cada uno ayudaría en la lucha contra el fraude fiscal", sostiene Francisco de la Torre.