El salario de los Funcionarios Europeos no se toca

El miércoles, Portugal quedo prácticamente paralizada debido a las protestas de los funcionarios frente a los recortes salariales que, de media, ascenderán al 5%. El mismo día, en Londres, miles de encolerizados estudiantes salían de nuevo a las calles para manifestarse en contra del aumento de las tasas universitarias.

Mientras, en Irlanda aumentaba la indignación frente al Gobierno, después de que éste anunciara otra ronda desesperada de recortes del gasto. Sin embargo, en Bruselas, los burócratas tenían motivos para estar más que satisfechos: el martes, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciaba a favor de un aumento, no una reducción, salarial de los funcionarios. El pasado noviembre, la Comisión propuso un incremento salarial del 3,7%.

Al mes siguiente, después de constatar la crisis económica en la que estaba sumida Europa, el Consejo llegó a la conclusión de que la cifra debería reducirse al 1,85%.

Dado que los salarios de los eurócratas los pagan los estados miembros, y muchos de estos atraviesan graves problemas financieros, la decisión del Consejo de pagar la mitad de la cantidad exigida por la Comisión puede considerarse un acto de generosidad, aunque carezca de sensibilidad.

Aumento presupuestario
La Comisión, sin embargo, fue aún más insensible a la grave situación económica de los miembros europeos y se enfrentó a la decisión del Consejo, alegando que el 3,7% era resultado del cálculo basado en una fórmula automática. Ahora el Tribunal apoya ese argumento. Para los jueces, es una feliz coincidencia que su remuneración salga beneficiada de su veredicto. Sin embargo, el hecho de que la Comisión estimara oportuno plantear este debate pone de manifiesto que la UE como institución no tiene por qué compartir los intereses de los países que la componen.

¿Cómo si no se puede explicar la determinación del Parlamento Europeo de pedir un aumento presupuestario del 6,19% para 2011? Después de que Grecia ya se hubiera visto obligada a aceptar la ayuda de emergencia y comenzaran a surgir las dudas sobre las economías de Irlanda y Portugal, el Parlamento siguió adelante con su demanda.

Con independencia de los problemas de los estados miembros, sin embargo, Bruselas necesita dinero para contratar al batallón de diplomáticos que formará el nuevo Servicio Exterior de la UE. Algunos países ya han manifestado su oposición a esta demanda, que consideran excesiva, proponiendo un incremento del 2,91%.

Los funcionarios de Grecia, Francia, Portugal e Irlanda, países en los que las medidas de austeridad han supuesto la pérdida de numerosos puestos de trabajo y recortes salariales para los trabajadores en activo, pensarán, lógicamente, que un aumento presupuestario sería ya demasiado.

Esta semana en Estrasburgo daba la impresión de que el Parlamento estaría dispuesto a aceptar la cifra más baja, aunque a cambio de que los estados miembros concedan más competencias a la UE.

Aun así, la decisión del Tribunal de elevar los salarios muy por encima del 2,91% propuesto puede llevar a algunos países a retractarse de esa posición. Martin Schulz, el alemán que encabeza las filas socialistas en el Parlamento Europeo, aseguró el pasado martes que “el Parlamento se está poniendo a prueba. Ya no se trata de dinero, sino de la dirección a la que evoluciona la UE. Ahora, los gobiernos nacionales quieren controlarnos. Ese no es el camino”.
Schulz es un firme defensor del estado europeo. La forma en la que la actual crisis financiera evoluciona, avanza en esa dirección y es Alemania, la mayor economía de la Unión, la que dicta ahora las condiciones.

A nadie debería extrañar que los trabajadores de la UE respalden esa estrategia, pero el electorado de los países miembros no se mostrará muy entusiasmado ante la cesión de soberanía, aunque sea gradual, a Bruselas. Lea el artículo original publicado en The Wall Street Journal No Breaching the Eurocrats' Paywall

Lo que dice un candidato a la CEOE

El presidente de Fomento del Trabajo y candidato a dirigir la CEOE, Joan Rosell, apuesta por fusionar ayuntamientos hasta reducirlos a la mitad y aplicar un expediente de regulación en las administraciones públicas para recortar el déficit público. El líder de CiU, Artur Mas, también se ha comprometido a reducir la administración de la Generalitat entre un 20 y un 25% entre cargos, personal y organismos públicos si gobierna.

Rosell cree que es insostenible el número de funcionarios que hay en España y entre las reformas que urge llevar a cabo para salir de la crisis destaca, en línea con la reclamación de la CEOE, la de las administraciones públicas, no sólo para reducir el gasto público, sino para ganar eficiencia, ya que gran parte de ellos no tienen nada que hacer.

El empresario catalán ha lanzado estas propuestas en el marco de la ponencia ¿Salimos o no de la crisis? organizada en Barcelona por la consultora PwC y La Vanguardia, recordando que el número de funcionarios no ha parado de crecer: 1,4 millones en 1982, 2,5 millones en 1998 y tres millones en 2009.

“¿Ncesitamos mantener realmente 8.400 municipios, además de los consejos comarcales, las diputaciones...? En las empresas hacemos muchos cambios, abrimos departamentos, los cerramos o los fusionamos en función de las necesidades de cada momento. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo en las administraciones? Deberíamos tratarlas igual que tratamos a las empresas, y si se han de hacer eres también en el sector público, se hacen y no pasa nada”.

Más poder que los políticos
Rosell ha puesto el ejemplo de países como el Reino Unido, que "fusionó" municipios, el de Irlanda, que ya ha anunciado la supresión de 25.000 empleos públicos. "Hay que mirar los pros y los contras del actual estado de las autonomías que hemos creado", ha subrayado.

"En los últimos años 2.000 competencias han pasado del Estado a las comunidades autónomas, con lo que, como mínimo hay 150.000 funcionarios del Estado no tienen trabajo que hacer, y sin embargo, siguen ahí, en especial los que están empleados en ministerios como el de Educación, Sanidad o Cultura, que tienen casi todas las competencias traspasadas a las autonomías".

Inmersos en la crisis, el recorte de gastos es una palanca esencial de recuperación, pero en el caso de las administraciones públicas es una tarea muy difícil debido a las "tecno-estructuras" que no permiten hacer las reformas necesarias, ha continuado el presidente de Fomento. "Hay cargos en las administraciones que mandan incluso más que los políticos que han sido elegidos por los ciudadanos”.

Por ello, se ha mostrado convencido de que es la sociedad civil la que debe "impulsar" a los partidos políticos para que lleven a cabo este tipo de reformas que ellos, por sí mismos, no pondrán en marcha por miedo al coste electoral que tendrían. Es un reto que tenemos que afrontar como sociedad.

En España, las administraciones públicas consumen un 4,6% del PIB, mientras que en algunos países nórdicos no pasa del 1,5%... es decir, "regalamos" un 3% de ineficacia del Estado cada año y eso también es responsable de que como país perdamos atractivo para invertir aquí.

La UE confirma la subida salarial de un 3,7% a los EuroFuncionarios

El Tribunal de la Unión Europea (Tdj) ha anulado la decisión de los Veintisiete, representados en el Consejo, de limitar la subida salarial de 2009 de los funcionarios europeos al 1,8%, en lugar de aplicar el aumento del 3,7% previsto en el Estatuto y propuesto por la Comisión Europea.

En búsqueda de una decisión mediática y en línea con lo reclamaba la opinión pública, los Estados de la UE decidieron en 2009 reducir el aumento salarial de los funcionarios europeos, lo que justificaron por el contexto de crisis, sin respeto a los acuerdos establecidos. Ahora el TdJ estima que no se ha aplicado el procedimiento específico previsto por dicho estatuto, para poder reducir el aumento salarial en “caso de situación grave y repentina de la situación económica”.

Los sueldos del Ejecutivo comunitario oscilan entre los 2.300 euros al mes que cobra un funcionario recién contratado de categoría 1 (la más baja), como las secretarias, y los 17.500 euros al mes que recibe un funcionario de la máxima categoría (16) con cuatro años de antigüedad, como un director general. El aumento de sueldo que se discutía se aplicará a las nóminas de unos 50.000 funcionarios.

En noviembre del año pasado, la Comisión propuso un aumento de estas remuneraciones de 3,7%, pero el Consejo en diciembre dijo que esta propuesta debía modificarse para tener en cuenta la crisis económica y financiera y fijó el índice de adaptación en el 1,8%, en línea con los gobiernos de la UE, que decidieron en la misma fecha limitar la subida salarial debido al contexto de crisis.

Los jueces de Luxemburgo entienden que no hicieron uso del procedimiento específico previsto por el estatuto de los funcionarios para casos de grave y repentino de la situación económica. Una cuestión similar se plantea en el decretazo gubernamental para bajar el sueldo a los empleados públicos en España, ahora en trámite de cuestión de inconstitucionalidad en la Audiencia Nacional.

En el caso de los funcionarios europeos, la CE interpuso un recurso de anulación, justificando su demanda en lo previsto en el estatuto de los funcionarios, que establece un método de adaptación de las remuneraciones, sin posibilidad de margen de apreciación. El Consejo, aunque no contestaba ese cálculo de la adaptación, hizo valer ante el TdJ que disponía siempre de un margen de apreciación por lo que se refiere a las adaptaciones anuales de las remuneraciones.

En la sentencia hecha pública hoy, el TdJ reconoce que si existe ese margen de apreciación para el Consejo, pero con limitaciones, que no han sido respetadas, por lo que anula la decisión del Consejo, sobre el recorte de la remuneración de los eurofuncionarios.

El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la UE contrarios al Derecho europeo y pueden interponerlo, bajo ciertos requisitos, tanto los Estados miembros y las instituciones europeas, como los particulares.

Se sobrepasan las competencias
El Tribunal de la UE indica que la normativa sí atribuye un margen de apreciación al Consejo, pero con ciertos límites. En concreto, prevé un procedimiento específico de adaptación de las remuneraciones en caso de deterioro grave y repentino de la situación económica y social, pero para ponerlo en marcha se necesita una propuesta específica de la Comisión.

En el caso de las remuneraciones para 2009, el Tribunal señala que el Consejo no ha utilizado correctamente el procedimiento y por tanto anula la decisión sobre las nuevas cantidades de remuneración. Se mantienen, no obstante, los efectos de la subida limitada hasta la entrada en vigor del nuevo reglamento para evitar una discontinuidad en el régimen de remuneraciones.

El TdJ concluye que “el Consejo ha sobrepasado las competencias que le atribuye el estatuto de los funcionarios, que fija una adaptación de las remuneraciones distinta de la propuesta por la CE”. Según esta normativa, el Consejo debe decidir sobre la adaptación de las remuneraciones de los funcionarios antes de que finalice cada año para que la medida tenga efecto a partir del primer día de julio del año en curso, informa Efe.

Los Médicos de la Seguridad Social podrán dar de Alta

Los médicos de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM), podrán emitir alta médica durante el plazo máximo de 365 días de los procesos de baja laboral.

Según se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los médicos de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM), podrán emitir el alta. Hasta ahora, los facultativos del Servicio Público de Salud de las Comunidades Autónomas eran los únicos que podían emitir el parte de alta en el periodo indicado, los cuales siguen manteniendo la competencia.


Antes durante el primer año de la baja laboral los médicos del Servicio Público de Salud expedían el alta, mientras que los médicos del INSS e ISM sólo podían comunicar intenciones o propuestas de alta médica ante la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano autonómico equivalente.

A partir de la entrada en vigor de la resolución, cuando den el alta el INSS o por el ISM, serán las únicas que podrán emitir, a través de sus propios médicos, una nueva baja médica por la misma o similar patología o si se produce en el plazo de 180 días siguientes a la citada alta.

Las Direcciones Provinciales que asumen estas competencias son las detalladas en la Ley General de la Seguridad Social: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, León, La Rioja, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Asturias, Palencia, Las Palmas, Pontevedra, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Cantabria, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza y las Ciudades de Ceuta y Melilla

El Gobierno estudia ligar una parte del sueldo de los Funcionarios a la Productividad

El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, ha anunciado que el Ejecutivo estudia aplicar una "fórmula" que permita ligar parte de la actual nómina de los funcionarios a su productividad, tal como hace unos días proponía la CEOE. Los sindicatos replican que esta medida ya estaba contemplada en el Estatuto de la Función Pública, pero el Gobierno no la había llevado a cabo "por su alto coste".

Chaves, que con la última remodelación del Gobierno ha asumido el área de Función Pública tras la salida de María Teresa Fernández de la Vega, ha reconocido que la secretaria de Estado de esta área, Consuelo Rumí, está estudiando la propuesta, la cual se planteará a los representantes de los sindicatos para analizar las posibles fórmulas de aplicación.

El también ministro de Política Territorial y Administración Pública ha rechazado la posibilidad de que los trabajadores públicos no tengan carácter indefinido y también se ha mostrado en desacuerdo con que los servicios que puedan prestar las empresas privadas sean mejores que los que dan las públicas y ha dicho que así lo comprobó él durante su etapa como presidente de la Junta de Andalucía.

Así lo ha señalado en un desayuno informativo organizado este martes por Europa Press, en respuesta acerca de su opinión sobre la propuesta del nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, para que se aplique a los nuevos funcionarios una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la de la empresa privada y una retribución variable ligada a la productividad. "Lo segundo sí, lo primero no. No creo que la administración pública sea una empresa privada", ha señalado Chaves, quien ha afirmado que hay que mejorar la situación de los funcionarios, su formación y prestigio ante la sociedad.

"La administración pública ahora no se puede privatizar a través de que la relación funcionarial se convierta en relación privada como la de cualquier otra empresa", ha insistido antes de reconocer sin embargo que, "lógicamente", sí que se debe mejorar la situación de los funcionarios, su formación y su prestigio ante la sociedad.

"Una cortina de humo"
Los sindicatos de la Función Pública se han mostrado molestos con las declaraciones de Chaves y aluden al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), el régimen estatutario de los funcionarios públicos que determina las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas y cuya aplicación está paralizada desde su aprobación en 2007.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda cree que las declaraciones de Chaves en este preciso momento, después de haber recortado los sueldos de los funcionarios este año y congelarlos en 2011, es una "provocación" por parte del Gobierno que sólo contribuye a confundir al colectivo. A Lacuerda todo esto le suena a "humo" y no cree que pueda abordarse ninguna negociación si hasta ahora se ha incumplido todo lo que se había pactado, según ha señalado a Europa Press.

"El desarrollo del Estatuto no se ha cumplido. Los acuerdos del 25 de septiembre no se han cumplido. ¿Cómo se va a abordar nada si no se ha cumplido nada?", le ha reprochado Lacuerda a Chaves, y le ha advertido que con declaraciones como éstas sólo logra generar "falsas expectativas" en las plantillas públicas.

En términos similares se ha expresado el secretario de Organización de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Miguel Segarra, que ha recordado a Chaves que el EBEP ya contemplaba ligar los salarios de los empleados públicos a la productividad. Sin embargo, ha denunciado que esta medida no se ha aplicado porque el Gobierno siempre ha alegado que costaría dinero.

Sólo en algunos departamentos de la Administración, como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, incluyen criterios de productividad en los salarios de sus empleados públicos, y además son los departamentos de los que mejor funcionan.

Sin embargo, Segarra señaló que, pese a estar contemplado en el EBEP, la medida no se ha aplicado de una manera generalizada porque el Ejecutivo siempre se ha escudado en su alto coste. En concreto, la vinculación de los salarios a la productividad figuraba en el concepto de evaluación del desempeño que se quería aplicar en la Administración Pública y que no se ha llevado a la práctica.

Para evaluar el desempeño, el Estatuto apelaba, entre otros elementos, a la productividad del empleado público. "Siempre hemos estado de acuerdo con eso, pero nunca se aplicó porque suponía dinero", ha insistido Segarra. Para el representante de CCOO, las declaraciones de Chaves sólo suponen una "salida hacia adelante" habida cuenta del recorte salarial que se ha aplicado al colectivo. "No creo que ahora se pueda hablar de poner en marcha este tema. Significaría que quienes más produzcan ganarían más y eso le supondría un coste a la Administración", apuntó.

"Las negociaciones están paralizadas"
Mientras, el presidente del sindicato independiente de funcionarios, CSI-CSIF, Domingo Fernández, también ha señalado que el EBEP y los acuerdos de septiembre contemplaban "perfectamente" la evaluación del rendimiento de los empleados públicos, así como de los departamentos, algo que el Gobierno no ha cumplido.

"Lo único que debe hacer el Estado es cumplir lo firmado. Llevábamos 30 años esperando el Estatuto y la negociación está paralizada", se ha quejado Fernández, que ha añadido que algunas medidas que mejorarían las condiciones laborales de los empleados públicos no implicarían costes presupuestarios.

El sindicalista ha subrayado que tiene "poca confianza en Chaves porque, con lo que ha dejado en Andalucía, con líos de administraciones paralelas y confundiendo lo público con lo privado, miedo me da que quiera hacer innovaciones en la Administración General del Estado".

Jáuregui: sistema de productividad ya existe y se quiere mejorar
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, reconoce que ya existe un sistema de productividad de los trabajadores de la Función Pública y ha señalado que lo que estudia el Gobierno es "mejorarlo". "Y hay ya un sistema de productividad aplicado al trabajo de los funcionarios y que se está estudiando mejorar", ha manifestado Jáuregui.

El ministro de la Presidencia ha añadido que se trata de un asunto que compete al vicepresidente tercero del Ejecutivo "porque la productividad es una condición de la eficiencia en el trabajo de la administración pública".

Los contratos con Despidos más bajos son ya el 30% de los Fijos

Las primeras consecuencias de la reforma laboral comienzan a notarse. El contrato de 33 días por despido -la indemnización más barata si la rescisión es improcedente- gana terreno entre los indefinidos que se firman. A comienzos de año esta figura apenas suponía el 15% de todos los compromisos fijos que se contraían. El mes pasado ya alcanzaba el 29% de los 120.000 firmados, según fuentes gubernamentales.

Pero el avance de esta figura no implica que haya más trabajadores indefinidos. Mes tras mes, los datos de contratación demuestran que el peso de los compromisos fijos cae. Y la última encuesta de población activa volvió a situar la tasa de temporalidad por encima del 25%, cuota que ha caído con la crisis.

La reforma laboral pretendía impulsar la contratación indefinida y rebajar la alta temporalidad española, la vía que ha permitido una rapidísima destrucción de empleo sin parangón en Europa. Para lograrlo, el Gobierno intentó impulsar el contrato de 33 días -que también cuenta con bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social- eliminando las pocas barreras que tenía y abriendo un periodo transitorio para la conversión de temporales en indefinidos hasta 2011.

Vistos los datos de los últimos meses, se puede concluir que, de momento, la reforma se queda a mitad de camino en este capítulo. El contrato de fomento, su nombre oficial, gana peso entre los indefinidos, como quería el Gobierno para abaratar las indemnizaciones por despido futuras por la vía de los hechos. Sin embargo, no consigue estimular la estabilidad en el empleo. En realidad, lo que sucede es que el contrato de 33 días está sustituyendo al ordinario (45 días de indemnización).

Además, el reverdecer de esta figura podría marchitarse una vez se acabe el periodo transitorio, como ya sucedió con la penúltima reforma laboral, la de 2006. Todo el incremento del contrato de fomento proviene de las conversiones de temporales en fijos, (unas 35.000 en octubre) y no de las nuevas contrataciones (unas 12.500, un número similar al de los primeros meses del año).

Esta evolución muestra que la recuperación del empleo llegará por la temporalidad, como lo ha hecho en crisis anteriores. Así que la estabilidad laboral tendrá que esperar, pese a la reforma, a la recuperación del mercado laboral, un hecho que ya ha sido asumido por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en alguna declaración pública.

Precisamente Gómez apuntó ayer que en enero su departamento tendrá lista la siguiente reforma que tiene en su agenda: la de las políticas activas de empleo. Para que los cambios sean consensuados en esta ocasión, la secretaria de Estado, María Luz Rodríguez, se reúne hoy por la tarde con representantes de CEOE y Cepyme, como ya hizo con los sindicatos la semana pasada con escaso éxito.

Sólo el 28% de los Convenios evita que se pierda poder adquisitivo

La crisis se nota cada vez más en el bolsillo de los asalariados que han tenido la suerte de conservar su empleo. Pese a la que caía en 2008 y 2009, los sueldos resistieron y subieron más que los precios. Este año la situación se ha invertido. Hasta octubre, las retribuciones pactadas en los convenios apenas han crecido un 1,3%; los precios, un 2,3%. Conclusión: muchos trabajadores acabarán 2010 perdiendo poder adquisitivo de no mediar corrección alguna. Lo que sucede es que el mecanismo habitual de corrección, la cláusula de revisión salarial, ha perdido mucho terreno este año. Apenas un 28% de los convenios registrados en el Ministerio de Trabajo hasta octubre la contenían; el año pasado, la mitad.

Apenas un 16% de los asalariados está protegido del aumento de precios
Si los números se observan con detalle, estas cifras aún pueden corregirse a la baja. En España hay 15,4 millones de asalariados, pero no todos disfrutan de convenio colectivo (hasta octubre, 6,2 millones). Así que los 2,5 millones de trabajadores que hasta el momento se pueden acoger a las cláusulas de garantía -el otro nombre con el que se conocen- suponen apenas el 16% de toda la población asalariada y el 41% de la que cuenta con convenio.

"Básicamente lo que pasa es que la inflación lleva dos años por debajo del 2%", analiza José Ignacio Pérez Infante, de la Comisión Consultiva de Convenios, que recuerda que en años pasados cuando los precios aflojaban la presión, también bajaba el número de convenios con cláusulas. Pero este año la inflación ha repuntado. La subida del IVA y la de la tarifa eléctrica han tirado del IPC y eso contribuirá a que muchos pierdan poder adquisitivo.

CC OO admite el argumento de Pérez Infante. Desde la Secretaría de Acción Sindical, desde donde la central coordina las conversaciones de los convenios, se ha instado a sus negociadores a que traten de conseguir cláusulas de garantías pese a la inflación de los últimos años.

Pero este argumento no rebaja el enfado sindical con la CEOE. Acusan a los empresarios de incumplir el acuerdo sobre negociación colectiva con recomendaciones que firmaron ambas partes a comienzos de año. Primero porque hasta octubre los frutos han sido escasos. UGT y CC OO hablan de "bloqueo" en la negociación de convenios. Y luego, porque pese a que se optó por la moderación salarial hasta 2012 para facilitar la salida de la crisis y mantener el empleo (para este año se recomienda un aumento salarial hasta el 1%), también se reclamaba que los convenios recogieran cláusulas que impidieran la pérdida de poder adquisitivo "a lo largo" del trienio.

Aparece así un nuevo conflicto que añade leña a unas relaciones muy tensas durante toda la legislatura. Y aumenta la desconfianza entre ambas partes precisamente en un ámbito, el de la negociación colectiva, en el que tienen que llegar a un pacto de reforma antes de marzo.

Otra causa que manejan UGT y CC OO para explicar la caída de las cláusulas es estadística. En 2009, la negociación de convenios se empantanó precisamente por las discrepancias a la hora de aplicar los incrementos salariales. Pero el Ministerio de Trabajo registraba como válidas las revisiones de muchos convenios vigentes por más de un año que en realidad no se aplicaban. Así que este año Trabajo solo registra aquellos en que hay acuerdo.

Este cambio de criterio hace que entre un año y otro haya un desfase considerable. Según los cálculos sindicales, hay entre 1.000 y 1.500 convenios en ese impasse. Para CC OO, de contemplarse estos textos los mecanismos que evitan la perdida de poder adquisitivo podrían subir hasta el 40% de los pactos.

Precisamente en el origen del conflicto salarial de 2009 aparece otro motivo que explica el menor uso de las cláusulas. Hasta el año pasado, cada ejercicio se actualizaban los sueldos según el objetivo de inflación del 2% del Banco Central Europeo, luego se revisaba y se corregía de acuerdo con la inflación. El escenario casi deflacionista del año pasado llevó a muchas patronales a no seguir este sistema, lo que ha hecho que en 2010 se busquen otras vías.

Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT, explica que en muchos casos se ha regresado a una fórmula venida a menos hasta ahora: el aumento del sueldo partiendo de la inflación del año anterior, denostado tradicionalmente por ser un foco de aumentos de precios de segunda vuelta.

Trabajo cita a los Sindicatos para este viernes para reanudar el Dialogo Social

El diálogo social se reanudará el próximo viernes. Cinco meses después de fracasar la negociación de la reforma laboral, que derivó en la huelga general del 29-S, el Ministerio de Trabajo ha citado a los sindicatos para tratar de recomponer las relaciones. La encargada de tender puentes será la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que recibirá a los números dos de las dos organizaciones sindicales, Toni Ferrer (UGT) y Ramón Górriz (Comisiones Obreras).

El encuentro, confirmado por las tres partes, supone un guiño del Gobierno a las organizaciones sindicales, que se adelantan a la patronal en su primera reunión con el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo. Reconducir las tensas relaciones con los sindicatos tras el paro general fue uno de los primeros objetivos esbozados por el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, al llegar al cargo, hace apenas tres semanas.

La responsable de Empleo pretende que el encuentro sirva para situar en primer plano del diálogo social la reforma de las políticas activas de empleo, claves en un país con más de 4,5 millones de parados. Trabajo se ha propuesto hacer más eficaces las políticas de formación, para lo que pretende atraerse a los agentes sociales en los próximos tres meses. Los sindicatos son reacios a encuadrar la reunión exclusivamente en ese aspecto, por lo que acudirán a la sede del ministerio con su propuesta de reformas económicas bajo el brazo, sin abandonar la pretensión de corregir los aspectos más duros de la reforma laboral.

A la cita acudirá también la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, para hablar con los sindicatos del reglamento que debe regular esas políticas.

Trabajo baticina salarios moderados para los próximos años

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que España necesitará mantener durante "mucho tiempo salarios moderados " o "razonablemente moderados", de tal forma que los sueldos no crezcan nunca por encima de la productividad. "Esto va a ocurrir durante los próximos años en España", ha dicho.

El nuevo titular de la cartera también se ha referido a los datos de paro de octubre, conocidos ayer, y ha reiterado que la economía española "está a punto de alcanzar" ese momento en el que dejará de destruir empleo. "Octubre es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, lo ha hecho durante los próximos 10 años y lo hará muy probablemente en los próximos 10. Es un mes en el que se dejan los trabajos de temporada y también es un mes en el que las actividades vinculadas a la agricultura se terminan", ha reiterado.

Gómez, en declaraciones a Telecinco, ha señalado que, afortunadamente, España cuenta con un buen acuerdo, el que firmaron empresarios y sindicatos para el periodo 2010-2012, que permitirá que los salarios se mantengan moderados. "Somos el único país europeo que tiene un acuerdo salarial vigente para los próximos tres años y eso hay que destacarlo", ha resaltado.

El ministro de Trabajo ha argumentado que aunque en la economía española y en muchas empresas los salarios están ya ligados a la productividad, hay que seguir avanzando más en ese terreno porque, debido a las exigencias de la globalización y a la necesidad de competir, España "no puede dejar de mirar siempre a los costes".

Sobre el mercado laboral, el ministro prevé que a partir dela segunda mitad de 2011 se empiece a crear empleo, primero lentamente ydespués de manera más intensa, y ha explicado que la durante la primera partede la recuperación, la tasa de paro seguirá siendo alta, para después iniciarsu descenso. Gómez ha apuntado además que, después de una crisis, lasrecuperaciones del empleo se basan en contratos temporales y se ha mostradoconvenido de que la reforma laboral ayudará a convertir ese trabajo temporal enindefinido.

Acción Sindical y Negociación Colectiva 2011

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado hoy, en la apertura de la Jornada de Acción Sindical y Negociación Colectiva 2011, que “no hay mejor instrumento de movilización y de reforzamiento de nuestra vinculación en los centros de trabajo que la Negociación Colectiva”, por lo que espera conseguir que, a partir de la celebración de esta jornada, “demos un impulso negociador a la reforma de la negociación de los convenios”.

En este sentido, ha considerado que “el hecho de que se hayan renovado, a estas alturas del año, menos del 13% del total de convenios colectivos que había que renovar para 2010 muestra la escasa voluntad de la patronal para cumplir el Acuerdo de Negociación Colectiva que suscribimos en febrero y, por el contrario, muestra el esfuerzo supremo que debemos hacer los sindicatos para impulsar la Negociación Colectiva en nuestro país”.

Por ello, ha demandado a la nueva presidencia de la CEOE que “no desestime el dar un paso más para salir de la crisis económica y establezca un compromiso real y efectivo para culminar este proceso y para retomar también el Diálogo Social con las organizaciones sindicales”. Además, ha reclamado al Gobierno que “no siga insistiendo en que legislará si no se produce un acuerdo en la reforma de la Negociación Colectiva, porque puede provocar el mismo efecto para la CEOE que se produjo con el Diálogo Social”.

Cándido Méndez ha afirmado que, después del 29 de septiembre, “no vamos a parar hasta que consigamos alcanzar los objetivos por los que fuimos a la Huelga General”. Por ello, ha manifestado que “tenemos en el horizonte una nueva oleada de movilizaciones, unas en torno al 15 de diciembre, y otras que consistirán en manifestaciones, al menos, en las capitales de las distintas Comunidades Autónomas para el 18 de diciembre”.

Corremos el riesgo de que el Diálogo Social esté herido de muerte

Ante las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que dijo ayer que el Diálogo Social estaba “malherido”, el Secretario General de UGT ha manifestado que “si el Diálogo Social está malherido no es por la voluntad de los sindicatos, sino porque en mayo el Gobierno impuso un duro plan de ajuste, vulnerando un acuerdo ya firmado (como es el de los empleados públicos), congelando las pensiones, imponiendo la reforma laboral y anunciando la posible ruptura del Pacto de Toledo con la reforma del Sistema de Pensiones”.

En este sentido, ha afirmado que “no solo está malherido, sino que corremos el riesgo de que esté herido de muerte si el Gobierno no revierte la Reforma Laboral y no asume que no puede imponer el retraso en la edad de jubilación a los 67 años”.

Por ello, Cándido Méndez ha recordado que los sindicatos “tenemos alternativas, ya que hemos definido con CCOO un documento conjunto, que va a ser nuestra referencia en las conversaciones con la patronal y con el Gobierno”. En dicho documento, “apostamos por el cambio de modelo productivo para salir de la crisis, con numerosas propuestas, entre las que se encuentra, por ejemplo, la utilización de la potencialidad del sector de la construcción dándole un mayor valor industrial en nuestro país, lo que mejoraría el peso de nuestro sector industrial y aprovecharíamos nuestro gran potencial en la construcción reorientándolo hacia actividades de mayor valor añadido”.