Cerca de 10.000 empleados públicos andaluces de las diversas administraciones públicas, secundaron las concentraciones ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno central o de Hacienda, en el caso de Sevilla, convocadas por UGT, CCOO y CSIF en contra de los recortes anunciados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyen una rebaja del cinco por ciento en el sueldo de los trabajadores del ámbito público.
Por provincias, la capital andaluza fue la que más empleados públicos concentró, con unos 2.000 aproximadamente; seguida por Almería, Málaga, Granada, con unos 1.500. En Cádiz, se contabilizaron 800, en Córdoba sobre los 750; en Jaén, en torno a mil empleados públicos y en Huelva rondaron los 800.
Bajo el lema 'NO a los recortes sociales y por la calidad de los servicios públicos', las organizaciones sindicales comenzaron con un calendario de movilizaciones acordado tras el anuncio de las medidas impuestas por el Gobierno para la reducción del déficit público.
A estas acciones están llamados los 559.700 asalariados del sector público en la región, incluidos los trabajadores de enseñanza, que suman 145.000 en Andalucía, incluidos docentes no universitarios, personal docente e investigador de las universidades andaluzas, así como el personal de administración y servicios de ambos ámbitos.
Los sindicatos convocantes anunciaron ayer que "no permitirán que las consecuencias de la crisis las paguen los trabajadores", por lo que advierten de una "respuesta contundente" en estas concentraciones convocadas, que son el preámbulo de la huelga general del sector público que CCOO, UGT y CSIF han convocado para el próximo 8 de junio.
Además de estas concentraciones y de la huelga general del sector público, los tres sindicatos celebrarán asambleas de trabajadores en los diferentes centros de trabajo; se distribuirá entre los empleados públicos del manifiesto conjunto leído en las concentraciones del día de hoy y se recogerán firmas de los delegados de personal, miembros de junta de personal y miembros de comités de empresa donde los empleados públicos puedan mostrar su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público español; y se culminará con la huelga general del sector público del 8 de junio.
Las centrales sindicales mostraron así su rechazo a unas medidas que "no son una salida para la crisis y que suponen que los trabajadores, que no la han provocado, paguen sus consecuencias".
Por último, consideraron que "lo que en realidad han provocado las medidas de recorte del gasto público planteadas por el Gobierno es un conflicto social, de forma que el recorte de los salarios, la congelación de las pensiones, el retraso en la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, el recorte de la inversión pública y recorte de la ayuda al desarrollo, son medidas que únicamente afectan a los sectores más necesitados del PAís y se adoptan de manera unilateral, incumpliendo todos los acuerdos firmados, incluido el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos".
