Con este Real Decreto nos encontramos con una decisión injusta que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva.
Una vez analizado el Decreto Ley 8/2010, nos ratificamos en el rechazo a la medida propuesta por el Gobierno dirigida a recortar el salario de los empleados públicos.
Un Gobierno que, por ineptitud, negligencia u otros motivos menos confesables ha incumplido, nueve meses después de su firma, un Acuerdo suscrito con los Sindicatos en el ámbito de los Servicios Públicos, que fue considerado modélico y un ejercicio de responsabilidad a la hora de alcanzar una serie de compromisos solidarios y coherentes con la mala situación económica del país.
Y es que, si la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado jueves 20 de mayo, ya anunciaba unas líneas de actuación que hacía prever una importante y cuantiosa repercusión del recorte en las retribuciones de los empleados públicos; tras la publicación del RDL, y las concreciones que al respecto presenta, queda evidenciada la drástica pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir mensualmente a partir de la nómina de junio, con el colofón de una paga extraordinaria en diciembre tremendamente disminuida.
Un recorte salarial que se lleva a cabo mediante la modificación de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, y cuyos efectos se consolidan para los próximos años, con lo que se puede afirmar, sin ninguna duda, que su repercusión tendrá una acusada incidencia a lo largo de muchos años, pues no en vano, la reducción decretada por el Gobierno sitúa a los empleados públicos en niveles salariales del año 2004.
Así, nos encontramos con una injusta decisión que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva, convirtiéndolos en paganos de una situación que no han contribuido a generar, y poniendo en cuestión la función tan esencial que desempeñan de cara a la ciudadanía, a cambio de “hacer caja” con sus, de por sí, moderados salarios.
Con esta rebaja, el Gobierno cambia su orientación social por otra marcadamente neoliberal, convirtiéndose en cómplice de los sectores e intereses económicos más antisociales. Renuncia a un modelo social que conjugue crecimiento y cohesión social, aplicando una política y filosofía que alientan y favorecen el desmantelamiento de los pilares que sustentan el Estado de Bienestar en España, lo que derivará en una sociedad menos democrática, menos igualitaria y menos libre.
En definitiva, este RDL justifica la Huelga General de Empleados Públicos del próximo 8 de junio, como la necesaria e inevitable expresión del contundente rechazo de los empleados públicos a las medidas del Gobierno, inequívocamente dirigidas a recortar sus salarios y a negar su derecho a la Negociación Colectiva. Es también la manifestación de la repulsa que merecen las actitudes del Gobierno que culpabiliza a los empleados públicos del déficit público.
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