viernes, 28 de mayo de 2010

FSP-UGT Rechaza el Decretazo



Con este Real Decreto nos encontramos con una decisión injusta que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva.

Una vez analizado el Decreto Ley 8/2010, nos ratificamos en el rechazo a la medida propuesta por el Gobierno dirigida a recortar el salario de los empleados públicos.

Un Gobierno que, por ineptitud, negligencia u otros motivos menos confesables ha incumplido, nueve meses después de su firma, un Acuerdo suscrito con los Sindicatos en el ámbito de los Servicios Públicos, que fue considerado modélico y un ejercicio de responsabilidad a la hora de alcanzar una serie de compromisos solidarios y coherentes con la mala situación económica del país.

Y es que, si la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado jueves 20 de mayo, ya anunciaba unas líneas de actuación que hacía prever una importante y cuantiosa repercusión del recorte en las retribuciones de los empleados públicos; tras la publicación del RDL, y las concreciones que al respecto presenta, queda evidenciada la drástica pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir mensualmente a partir de la nómina de junio, con el colofón de una paga extraordinaria en diciembre tremendamente disminuida.

Un recorte salarial que se lleva a cabo mediante la modificación de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, y cuyos efectos se consolidan para los próximos años, con lo que se puede afirmar, sin ninguna duda, que su repercusión tendrá una acusada incidencia a lo largo de muchos años, pues no en vano, la reducción decretada por el Gobierno sitúa a los empleados públicos en niveles salariales del año 2004.

Así, nos encontramos con una injusta decisión que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva, convirtiéndolos en paganos de una situación que no han contribuido a generar, y poniendo en cuestión la función tan esencial que desempeñan de cara a la ciudadanía, a cambio de “hacer caja” con sus, de por sí, moderados salarios.

Con esta rebaja, el Gobierno cambia su orientación social por otra marcadamente neoliberal, convirtiéndose en cómplice de los sectores e intereses económicos más antisociales. Renuncia a un modelo social que conjugue crecimiento y cohesión social, aplicando una política y filosofía que alientan y favorecen el desmantelamiento de los pilares que sustentan el Estado de Bienestar en España, lo que derivará en una sociedad menos democrática, menos igualitaria y menos libre.

En definitiva, este RDL justifica la Huelga General de Empleados Públicos del próximo 8 de junio, como la necesaria e inevitable expresión del contundente rechazo de los empleados públicos a las medidas del Gobierno, inequívocamente dirigidas a recortar sus salarios y a negar su derecho a la Negociación Colectiva. Es también la manifestación de la repulsa que merecen las actitudes del Gobierno que culpabiliza a los empleados públicos del déficit público.

jueves, 27 de mayo de 2010

Aprovado el Zapatazo en el Congreso


El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha confirmado que su diez diputados salvarán el decreto del recorte de gasto y, de paso, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su abstención se sumará a la de Coalición Canaria y UPN, de tal forma que el decreto se convalidará por un voto de diferencia, si nadie se equivoca al votar.

El resultado previsto de la votación es de 169 votos a favor y 168 en contra
"El problema es usted y su Gobierno", le ha dicho Duran a Zapatero. "Su etapa está finiquitada, no convoque elecciones ahora, porque sería lo peor ahora quedarse sin Gobierno, pero después de hacer la reforma laboral y los Presupuestos que no tendrán nuestro apoyo es la hora" de que lo haga, le ha advertido.

Duran, Ana Oramas (CC) y Carlos Salvador (UPN), aunque salvan a Zapatero, han lanzado ataques muy duros al Gobierno y han asegurado que se abstendrán por responsabilidad. "Me siento como el que le dicen que le tienen que cortar una pierna porque se extiende la gangrena", ha dicho Salvador.

Y el portavoz de CiU ha asegurado que votan sin pensar en las elecciones y dando por hecho que sus electores no entenderán su posición. Ha asegurado que hará lo posible para que se reconsidere la congelación de las pensiones, sobre la que han votado en contra todos los grupos del Congreso y del Senado esta semana.

"Si se rechazara mañana los mercados castigarían nuestra deuda y sería muy difícil emitir deuda", ha dicho para justificar la abstención. Para evitar que "España no caiga en un pozo más profundo".

El Real Decreto lo ha defendido, finalmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quien ha pedido su convalidación porque las medidas que recoge son "imprescindibles y urgentes" y ha asegurado que aunque los indicadores económicos presentan una tendencia a la mejoría y España se ha incorporado desde comienzos de año a la recuperación de la economía mundial, ésta no está exenta de riesgos.

Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha hecho las veces de portavoz de los grupos que, junto al PP, se oponen al recorte social. Rajoy ha confirmado que ""simple y claramente" votarán que no y ha defendido su postura alegando para tratar de evitar que "el principal problema de la economía española", el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, continúe en el cargo.

Al PSOE le vale mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Hasta ayer, el Gobierno daba por hecha la abstención de CiU, PNV, Coalición Canaria y UPN y solo los votos en contra del PP, UPyD y la izquierda (ERC, BNG, IU, ICV y Nafarroa Bai). Sin embargo, por la tarde, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu , anunció el voto en contra de sus siete diputados "por su desacuerdo tanto de forma como en el fondo", informa Alberto Uriona.

El líder peneuvista censuró que no se convoque una gran mesa de diálogo, "equiparable a los Pactos de La Moncloa", y que las medidas no sean diferenciadas para las comunidades "que hemos hecho los deberes", en alusión a Euskadi. Urkullu enfatizó que han buscado el acuerdo y que el martes enviaron una carta al Gobierno con sus propuestas, como no aplicar la reducción de sueldos de los funcionarios, mantener las pensiones y que no se reduzcan las inversiones . "No hemos obtenido respuesta salvo derivarlo a los Presupuestos", dijo. Urkullu criticó la "confusión, la falta de concreción, la improvisación y la falta de criterio".

El cambio de actitud del PNV tiene un valor político enorme, porque fue el partido que le permitió a Zapatero sacar adelante los últimos Presupuestos y está llamado a hacer lo mismo con los del año próximo. CiU y CC se abstienen por responsabilidad, pero después de un debate muy duro en sus partidos con los que querían votar en contra. Si no hay ausencias, el sí tendrá 169 votos y el no 168, más 13 abstenciones. El PP tiene a un diputado enfermo y la diferencia podría ser de dos, pero en todo caso será muy justa la votación. El PP confirmó ayer que votará no porque el decreto incluye la congelación de las pensiones, pese a que anteayer el Congreso y ayer el Senado votaron en contra de esa medida, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE. Si el Gobierno supera esa votación hay otra más que a los socialistas les tiene preocupados: la petición de que el decreto se tramite como proyecto de ley. Es decir, que a ese texto ya en vigor se le puedan introducir cambios. Al Gobierno le aterra esta posibilidad, porque le pondría en serios aprietos en Europa. Esta votación está en el aire, porque CiU y CC rechazan puntos concretos, como el de las pensiones, y ayer no habían decidido aún qué harían. Una derrota del Gobierno, en este punto y momento, dejaría también a Zapatero tambaleándose.

miércoles, 26 de mayo de 2010

La Patronal , Los Sindicatos y la Reforma Laboral


El diálogo social vive hoy un día decisivo. Los líderes de sindicatos y patronal encaran una reunión clave para tratar de cerrar de una vez por todas -cuatro meses después de reiniciar la negociación- el pacto para una reforma laboral . Sobre la mesa están las causas del despido, bonificaciones, incapacidad temporal o plan de empleo juvenil, temas todos abiertos. El fin es cerrarlos antes de que se acabe mayo. En caso contrario, el Gobierno sacará adelante la reforma laboral por decreto, si Zapatero se atiene al guión que esbozó la semana pasada.

Casi desde que comenzó el mes, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y vicepresidente, Santiago Herrero, se metieron de lleno en las negociaciones. Entonces el acuerdo parecía posible, ahora existen muchas dudas de que pueda cerrar. Desde posiciones sindicales, ayer mismo se mostraba bastante pesimismo. Prácticamente al mismo tiempo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que como el resto del Gobierno se ha mantenido en segundo plano en el tramo final, optó por ver el vaso medio lleno: "He recibido señales positivas".

Entre los factores que han modificado el escenario aparece el ajuste presupuestario, que ha sembrado la desconfianza de los sindicatos hacia el Gobierno. El recorte ha dado protagonismo al fantasma de la huelga general, cuya convocatoria dependerá del resultado de la reforma.

Para allanar el encuentro de los líderes hoy, que entre fuentes cercanas a la negociación se preveía "maratoniano", ayer hubo una reunión previa de los equipos negociadores.

Precisamente para abordar este tema, Díaz Ferrán reunió ayer a sus vicepresidentes. Pero antes de ese encuentro se vio con el más veterano de ellos, el presidente de Confemetal y ex ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio. En la cita, este último le pidió la dimisión, tal y como habían acordado los órganos de gobierno de su organización. Luego, en el encuentro de vicepresidentes, al que acudieron 17 de los 21 con los que cuenta CEOE, ninguno de ellos sacó a colación la dimisión de Díaz Ferrán. Sí hubo una propuesta de Santiago Herrero para convocar junta directiva el próximo lunes y abordar la reforma laboral, pero fue rechazada. Más allá de ese detalle, la reunión se atuvo al guión previsto. Se ratificaron las posiciones de la patronal en la mesa del diálogo social y se acordó que las conversaciones tienen que acabar, con acuerdo o sin él, antes del 31 de mayo.

Desde que en diciembre se agudizaran los problemas empresariales de Díaz Ferrán, su posición en la patronal se ha deteriorado. La petición de Confemetal, una de las patronales con mayor peso, se suma a la que ya formuló el Instituto de la Empresa Familiar o parte del empresariado catalán. Sin embargo, Díaz Ferrán ha manifestado a EL PAÍS que por su cabeza no pasa dimitir.

El objetivo del presidente de CEOE es cerrar el acuerdo laboral en mayo y ponerlo a rodar en la asamblea, que se reunirá el 22 de junio. Hasta esa fecha, al menos, Díaz Ferrán no tiene previsto hacer movimiento alguno.

En auxilio de este calendario, acude el diálogo social. "Primero hay que cerrar este capítulo y luego abrir el otro", comentaba ayer un dirigente de CEOE, que asumía con pesar que la posición de Díaz Ferrán es difícilmente sostenible. Si esta opinión se extiende, puede que el líder de la patronal tuviera que dejar el cargo antes del día 22. Entonces su relevo podría coincidir con las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, previstas para el 15 de junio. Si se llega a este punto, CEOE tendrá que poner en marcha un proceso electoral. Pero antes tendría que designarse un presidente transitorio, cargo que probablemente recaería en uno de los vicepresidentes más veteranos: Pérez de Bricio, de Confemetal, o José María Aguirre González, de la Asociación para el Progreso de la Dirección.

¿ Tributo para los Ricos ?



El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recuperado la opción de crear un nuevo impuesto para las rentas más altas. Después de varias dudas y de haber frenado el debate, Zapatero ha anunciado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que "en breves semanas" se conocerá la nueva figura impositiva que no afectara "al 99,9% de los ciudadanos". El jefe del Gobierno dio a entender que no será un cambio en el IRPF y sí para los que tienen "alta capacidad económica", a quienes pidió "un esfuerzo solidario".

El presidente respondía así al líder del PP, Mariano Rajoy, quien incidió en las contradicciones del Gobierno que, según ha dicho, provocan desconfianza y acaban con la credibilidad del Ejecutivo.

Zapatero ha justificado las contradicciones en que "a veces hay que cambiar de opinión" y ha espetado al líder de la oposición: "Para cambiar de opinión hay que tenerla y usted no la tiene".

Antes, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha lamentado la falta de liderazgo y le ha emplazado a aprobar la reforma laboral el 4 de junio, aunque no haya acuerdo entre los agentes sociales.

Precisamente hoy patronal y sindicatos protagonizarán un día decisivo en lo que a dicha reforma se refiere. Los agentes sociales encaran una reunión clave para tratar de cerrarla de una vez por todas, cuatro meses después de reiniciar la negociación y con el futuro de Díaz Ferrán al frente de la CEOE en entredicho.

Al Parlamento ha vuelto también el enfrentamiento entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. "Ustedes están asilvestrados, a la espera del botín electoral", le ha dicho la vicepresidenta a la portavoz del PP.

Mientras, continúa la segunda jornada de reproches para el Gobierno en Las Cortes. Si ayer la oposición derrotaba al Ejecutivo en el Pleno del Congreso en varias votaciones que cuestionaban el recorte social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves mientras los senadores del PP pedían a gritos la dimisión del presidente del Gobierno, hoy afronta una sesión de control centrada en los cambios de criterio del Gobierno, la indeterminada subida de impuestos "para los que más tienen" y las propias medidas de ajuste (PDF) que, además, deberán ser convalidadas mañana en la cámara baja.

A Zapatero le espera todavía la sesión de mañana, jueves, en la que propondrá al Congreso que convalide el Real Decreto-ley que recoge las medidas de ajuste con las que el Gobierno piensa ahorrar 15.000 millones extra hasta 2012. El Ejecutivo no tiene claro aún si logrará salvar la votación y depende, sobre todo, de si CiU y PNV se decantan por el rechazo o la abstención, después de que ayer el Ejecutivo se viera obligado a retrasar a 2011 la limitación del crédito a los ayuntamientos tras las llamadas de muchos alcaldes y la de Duran i Lleida.

martes, 25 de mayo de 2010

La limitación del crédito al los Ayuntamientos no entrará en vigor hasta el 2011


El Gobierno ha publicado una corrección en el Boletín Oficial del Estado que rectifica la fecha de entrada en vigor de la limitación a los Ayuntamientos para solicitar créditos. Mientras que en el decreto ley publicado ayer se señalaba que la restricción estaba vigente "desde la entrada en vigor de la presente norma", en la corrección publicada hoy la retrasa "a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011". Así, la corporaciones locales podrán continuar pidiendo créditos a las entidades financieras para financiar sus obras públicas hasta finales del presente año, con las limitaciones de endeudamiento establecidas por la ley

La rectificación se ha conocido en la misma mañana en que la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene previsto reunirse para analizar el impacto del plan de recorte aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit público. Además de la restricción del crédito, el decreto ley también recoge una rebaja del sueldo de los alcaldes y otros cargos locales.

La FEMP tiene previsto debatir los criterios objetivos para que los alcaldes y cargos públicos locales puedan aplicar en sus retribuciones el recorte salarial en la línea de las reducciones establecidas por el Gobierno. También se abordará la imposibilidad por parte de los ayuntamientos y sus entidades dependientes de acudir al crédito público ni privado, tal y como establece el decreto ley. Este último asunto prometía centrar buena parte de la reunión y no es previsible que deje de hacerlo pese a la modificación de fechas conocida hoy.

El cambio si eliminará, por contra, buena parte del carácter de urgencia con el que la FEMP pretendía dar una respuesta unitaria a las restricciones, que prácticamente dejan a los ayuntamientos españoles sin margen de maniobra para acometer nuevas inversiones. Ahora, estos podrán incrementar durante este año su deuda hasta el límite legal previsto (el 110% de sus ingresos), contando siempre con el visto bueno del Ministerio de Economía. Ayer, nada más conocerse el decreto ley (que en principio, y hasta la rectificación de esta mañana, ya estaba en vigor), varios ayuntamientos y diputaciones aprovecharon para trámitar algunos créditos pendientes con carácter de urgencia.

lunes, 24 de mayo de 2010

Los Sindicatos amenazan al Gobierno con una Huelga General


Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han aumentado el tono de sus críticas al Gobierno y ven "probable" la huelga general para protestar por el recorte de gasto que ha aprobado el Ejecutivo y que contempla recortar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que "trabaja desde ya como si este país fuera a vivir una huelga general".

Mientras, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha advertido de que si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral "será motivo más que suficiente para una huelga general" al tiempo que ha asegurado que, tras aprobarse los recortes del gasto, "hay más razones que ayer" para convocarla.

Ferrer ha anunciado por otra parte que su sindicato y Comisiones Obreras estudian convocar para el próximo 8 de junio, en coincidencia con la huelga del sector público, movilizaciones en toda España para que la sociedad pueda expresar su rechazo a la "agresión" cometida con el decreto de recortes no sólo a funcionarios sino también a pensionistas y dependientes.

"Que las calles de todo el país se inunden contra el decretazo consumado ayer", ha señalado Ferrer, quien ha calificado el plan aprobado por el Consejo de Ministros como un "atentado" que "pone en riesgo el futuro del diálogo social".

Por su parte, Toxo ha afirmado que "probablemente" se convoque la jornada de huelga general por el giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de "la derecha económica, de la especulación financiera y de los llamados mercados".

En declaraciones antes de inaugurar una asamblea de CCOO en Alicante, Fernández Toxo ha defendido la actuación "rigurosa" de su organización al no haber convocado un paro así hasta ahora, ya que "un escenario de huelga general no deja de ser un drama, aunque a veces sea necesaria".

"Hubiera sido tremendamente fácil liarnos la manta a la cabeza y, a las primeras de cambio, convocar una huelga general", ha apuntado antes de agregar que, pese a que "probablemente la vivamos", un paro de estas características no generará "ninguno de los empleos que se necesitan en el país".

Sin embargo, ha recalcado que la actual "reorientación de la política del Gobierno", con el primer paso del plan de ajuste aprobado ayer por el Consejo de Ministros, supone perjudicar las pensiones, los salarios de los funcionarios y aumentar los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.

"La quiebra de confianza (en el Ejecutivo) se está consolidando e instalando entre nosotros", ha advertido Fernández Toxo, lo que "va a derivar en el establecimiento de un clima de confrontación social importante".

viernes, 21 de mayo de 2010

Los Empledados Públicos contra el " Zapatazo "


Cerca de 10.000 empleados públicos andaluces de las diversas administraciones públicas, secundaron las concentraciones ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno central o de Hacienda, en el caso de Sevilla, convocadas por UGT, CCOO y CSIF en contra de los recortes anunciados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyen una rebaja del cinco por ciento en el sueldo de los trabajadores del ámbito público.

Por provincias, la capital andaluza fue la que más empleados públicos concentró, con unos 2.000 aproximadamente; seguida por Almería, Málaga, Granada, con unos 1.500. En Cádiz, se contabilizaron 800, en Córdoba sobre los 750; en Jaén, en torno a mil empleados públicos y en Huelva rondaron los 800.

Bajo el lema 'NO a los recortes sociales y por la calidad de los servicios públicos', las organizaciones sindicales comenzaron con un calendario de movilizaciones acordado tras el anuncio de las medidas impuestas por el Gobierno para la reducción del déficit público.

A estas acciones están llamados los 559.700 asalariados del sector público en la región, incluidos los trabajadores de enseñanza, que suman 145.000 en Andalucía, incluidos docentes no universitarios, personal docente e investigador de las universidades andaluzas, así como el personal de administración y servicios de ambos ámbitos.

Los sindicatos convocantes anunciaron ayer que "no permitirán que las consecuencias de la crisis las paguen los trabajadores", por lo que advierten de una "respuesta contundente" en estas concentraciones convocadas, que son el preámbulo de la huelga general del sector público que CCOO, UGT y CSIF han convocado para el próximo 8 de junio.

Además de estas concentraciones y de la huelga general del sector público, los tres sindicatos celebrarán asambleas de trabajadores en los diferentes centros de trabajo; se distribuirá entre los empleados públicos del manifiesto conjunto leído en las concentraciones del día de hoy y se recogerán firmas de los delegados de personal, miembros de junta de personal y miembros de comités de empresa donde los empleados públicos puedan mostrar su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público español; y se culminará con la huelga general del sector público del 8 de junio.

Las centrales sindicales mostraron así su rechazo a unas medidas que "no son una salida para la crisis y que suponen que los trabajadores, que no la han provocado, paguen sus consecuencias".

Por último, consideraron que "lo que en realidad han provocado las medidas de recorte del gasto público planteadas por el Gobierno es un conflicto social, de forma que el recorte de los salarios, la congelación de las pensiones, el retraso en la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, el recorte de la inversión pública y recorte de la ayuda al desarrollo, son medidas que únicamente afectan a los sectores más necesitados del PAís y se adoptan de manera unilateral, incumpliendo todos los acuerdos firmados, incluido el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos".

jueves, 20 de mayo de 2010

¿ Reforma Laboral ?


El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado hoy que el sindicato está de acuerdo en plantear una reforma laboral para “reducir la dualidad en el mercado de trabajo, incentivar el trabajo de los jóvenes o agilizar los procedimientos distintos al despido”, pero que si lo que se pretende es, “ante la imposibilidad de la devaluación de la moneda, utilizar la devaluación del factor trabajo para luchar contra la crisis económica y contra los movimientos especulativos en nuestro país, a nosotros nos encontrarán en frente”.

Cándido Méndez ha realizado estas declaraciones en el programa “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser, donde ha insistido en que UGT está “trabajando por un acuerdo con la patronal” y que a finales de este mes “este asunto debe estar resuelto en lo sustancial”.

El Secretario General de UGT ha considerado que el paquete de medidas del Gobierno demuestra una “escalofriante” falta de equidad, ya que se dirige “exclusivamente” al recorte de gasto; se “cobra dos víctimas”, el diálogo social y el parlamentario, ya que “se incumple” el acuerdo de retribuciones de los empleados públicos y se pone “patas arriba” el Pacto de Toledo; y en el corto plazo “hace gravitar” el ajuste sobre los pensionistas, dependientes y empleados públicos.

Cándido Méndez ha manifestado que UGT “mantiene la fiabilidad en el Presidente del Gobierno, pero creo que las decisiones que toma y cómo las toma, o los anuncios que plantea, ponen en jaque su credibilidad ante la sociedad española”.

En este sentido, ha afirmado que “la forma de presentar ayer una subida de impuestos sin decir ni el cómo ni el cuándo ni el cuánto, que es un tema de gran embergadura para la opinión pública española, creo que no contribuye a reforzar la línea de confianza que debe transmitir el Presidente, sino que en cierta medida lo que genera es confusión y por lo tanto, en una situación en la que necesitamos mucha confianza, el Presidente debe reflexionar seriamente sobre cómo se producen este tipo de anuncios”.

El sindicato está preparado ante cualquier eventualidad.

Cándido Méndez ha anunciado que el sindicato “está preparado ante cualquier eventualidad para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país” ya que se ha producido “una quiebra en el discurso político del Gobierno” y ha habido un “cambio de escenario que creemos que no será coyuntural”.

Por ello, los empleados públicos “van a iniciar las movilizaciones para defenderse de una agresión y de un incumplimiento que está afectando a algo tan fundamental como sus salarios”. En este sentido, ha asegurado que el recurso que los sindicatos de la Función Pública estudian plantear ante la Justicia “tiene fundamento muy sólido, ya que el hecho de que afecte a derechos consolidados, como son sus salarios, puede abrirnos la vía para una sentencia favorable ante los tribunales”.

miércoles, 19 de mayo de 2010

Congelación de Pensiones


Cuatro millones de pensionistas se verán afectados por la congelación de las pensiones propuesta por el Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit del 3% en 2013, una medida que supone “un esfuerzo muy duro” para este colectivo yque no se puede justificar apelando a su solidaridad, máxime cuando se podían haber abordado otras medidas como una mayor tributación de las grandes fortunas refugiadas en las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable que pagan el 1%).

Esta medida de congelar las pensiones contributivas, unida al endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación parcial, va a ralentizar la recuperación económica y, por tanto, el empleo y supone una quiebra en el diálogo social al generar desconfianza. Así lo ha expresado esta mañana la Secretaria Confederal de Política Social de UGT, Carmen López, que ha intervenido en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica sobre “El sistema Público de Pensiones en el nuevo contexto económico”.

López ha confirmado que los sindicatos han solicitado al Gobierno una reunión para conocer el alcance de estas medidas y ha afirmado que se deberían haber acometido propuestas orientadas a favorecer los ingresos, no a recortar el gasto. En este sentido, también, ha criticado las propuestas de ampliar la edad legal de jubilación y el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones por ser medidas insolidarias, equivocadas, imprudentes y poco útiles.

La Secretaria de Política Social de UGT ha apelado al Parlamento para frenar estas propuestas y ha recordado que todavía están pendientes de cumplirse los compromisos del Acuerdo de Pensiones de 2006, entre ellos la integración, en el Régimen General, del Régimen Especial Agrario y el de Empleados de Hogar y la rebaja de la edad de jubilación a los trabajadores sometidos a condiciones laborales penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.

martes, 18 de mayo de 2010

Acuerdo en las movilizaciones en el Sector Público


LOS SINDICATOS DE FUNCIÓN PÚBLICA CONVOCAN LA HUELGA PARA EL DÍA 8 DE JUNIO
Lunes, 17 de Mayo de 2010 12:03 Gabinete de Prensa - Notas de Prensa

Acuerdo de movilizaciones en los sectores públicos y empleados y empleadas públicas ante las medidas del Gobierno.

El paro del sector público, que estaba previsto para el 2 de junio, pasa al día 8. Las movilizaciones previstas para el día 20 se mantienen.

Los sindicatos representativos de la Función Pública -UGT, CC OO y CSIF- reunidos durante la mañana de hoy han decidido cambiar la fecha prevista de la huelga general del sector público anunciada por la Federación de Servicios Públicos de UGT la semana pasada. El paro, convocado para el 2, pasará a celebrarse el martes 8 de junio tras la deliberación de los tres sindicatos.

La primera bajada de salarios de la democracia en la función pública, recorte con el que el Gobierno pretende ahorrar más de 4.000 millones de euros para acelerar la reducción del déficit, costará a la inmensa mayoría de los 2,8 millones de funcionarios afectados entre 30 euros y algo más de 200 euros al mes, según las tablas que está manejando el Gobierno.

La FSP-UGT exigió al Gobierno la inmediata convocatoria de una Mesa General para conocer en detalle el alcance de los recortes. La Mesa tendrá lugar el próximo día 20 por la mañana y durante el resto de la jornadas habrá movilizaciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

lunes, 17 de mayo de 2010

La CEC de UGT apoya las movilizaciones convocadas por el sector público


La Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) de UGT, reunida hoy en sesión extraordinaria, ratifica su oposición y rechazo a las medidas de recorte social anunciadas por el Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, porque además de castigar a 9 millones de familias trabajadoras no reducirán el paro y ralentizarán la recuperación económica. Estas medidas entorpecen el diálogo social, rompen el consenso parlamentario alcanzado en el Pacto de Toledo y suponen una importante quiebra de confianza. La CEC de UGT reafirma su voluntad de alcanzar un acuerdo, en el marco del diálogo social, sobre el mercado de trabajo y espera que las medidas anunciadas por el Gobierno no obstaculicen este proceso. Asimismo, expresa su máximo apoyo a las movilizaciones convocadas por la Federación de Servicios Públicos de UGT y CCOO, que culminarán con un paro general de los empleados públicos el próximo 2 de junio, y analizará con el conjunto del sindicato y en unidad de acción con CCOO, tanto los planteamientos como una respuesta proporcionada y contundente ante estos recortes sociales.

La CEC de UGT ha ratificado hoy su rechazo tajante a las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que ha cedido a la presión de los mercados financieros y ha iniciado un camino de recortes sociales que sabemos donde comienza pero no se sabe donde va a acabar. El sindicato lamenta que finalmente haya prevalecido la economía financiera sobre la economía real y advierte de los riesgos de actuar al dictado de los mercados. Por lo pronto las medidas de recorte social, que afectarán a 9 millones de familias españolas, suponen una quiebra en la confianza social, no van a solucionar el paro y, además, entorpecerán la recuperación económica. Asimismo, tampoco ayudan en la marcha del diálogo social.

La reducción del 5% de los salarios de los funcionarios supone el incumplimiento flagrante del Acuerdo de la Función Pública, firmado en septiembre de 2009, cuando ya se conocía el alcance de la crisis económica y justifica una contundente respuesta social por parte de este colectivo. En este sentido, la CEC expresa su más firme apoyo a las movilizaciones anunciadas por la Federación de Servicios Públicos de UGT, conjuntamente, con la Federación de la Función Pública de CCOO, que culminará con un paro general de este colectivo el próximo 2 de junio.

Por otro lado, la congelación de las pensiones contributivas supone una ruptura del consenso parlamentario del Pacto de Toledo, vigente desde hace 15 años. Medidas sometidas al debate parlamentario y, posteriormente, al debate social que han dado un buen resultado.

La CEC reafirma su voluntad de simultanear esta situación negativa con la voluntad de alcanzar un acuerdo con la patronal, en el marco del diálogo social, sobre el mercado de trabajo y espera que este ajuste impuesto por el Gobierno no obstaculicen este proceso.

La Comisión Ejecutiva Confederal ha convocado de manera urgente el próximo lunes, 17 de mayo, el Consejo Confederal de UGT (integrado por los máximos dirigentes de las Federaciones Estatales y Uniones de Comunidad Autónoma del sindicato, además de la propia Comisión Ejecutiva Confederal) como primer paso a un debate en el conjunto de la organización de las medidas adoptadas por el Gobierno, así como la respuesta que deberá articular el sindicato, en unidad de acción con CCOO, durante las próximas semanas. El siguiente paso en este debate interno será la celebración del Comité Confederal de UGT, máximo órgano de decisión entre congresos, que tendrá lugar los días 26 y 27 de mayo en Madrid.

viernes, 14 de mayo de 2010

La FSP-UGT convoca Huelga General en el sector Público


Esta es la conclusión del Consejo Federal de la FSP-UGT, que se ha reunido de forma urgente esta mañana, 13 de mayo, en Madrid. Con estas medidas se trata de hacer frente a la situación generada por una agresión sin precedentes.

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT convoca movilizaciones en rechazo de las medidas anunciadas por el Gobierno encaminadas a reducir un 5% los salarios de todos los empleados públicos de este país. Ésta ha sido la conclusión del Consejo Federal de la FSP-UGT, que se ha reunido de forma urgente esta mañana, 13 de mayo, en Madrid. Con estas medidas se trata de hacer frente a la situación generada por una agresión sin precedentes y que significa el incumplimiento de un acuerdo en vigor que ya contemplaba el escenario económico de crisis, según ha calificado el propio Consejo.

La FSP-UGT propondrá a las demás fuerzas sindicales que se unan a las movilizaciones propuestas. Las medidas de protesta se iniciarán el 20 de mayo con concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, recogida de firmas de los comités de empresa, juntas de personal y delegados de personal y una concentración de delegados sindicales en Madrid el día que comience la tramitación parlamentaria del decreto que recoge las reformas propuestas por el Gobierno. Estas movilizaciones concluirán con una propuesta de paro general el día 2 de junio al que están convocados todos los trabajadores públicos de los diferentes sectores del país, desde la sanidad a la enseñanza, pasando por servicios de emergencias, ayuntamientos, comunidades autónomas, organismos públicos, etc.

El sindicato ha adelantado que se realizarán cuantas movilizaciones sean necesarias en consonancia con la evolución que tomen la posible aplicación de dichas medidas. Estas convocatorias han sido consensuadas con la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT.

jueves, 13 de mayo de 2010

UGT amenaza con ir a una Huelga General


UGT y CCOO han asegurado este jueves, horas antes de que sus líderes se reúnan con el presidente del Gobierno, que las anunciadas movilizaciones contra las medidas para reducir el déficit están garantizadas y afirmaron que "no se descarta ningún tipo de respuesta", con lo que dejaron la puerta abierta a la convocatoria de una huelga general.

Así lo manifestaron los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, respectivamente, en declaraciones a RNE, horas antes de que los secretarios generales de ambas organizaciones, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se vean las caras con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en La Moncloa.

En primer lugar, Ferrer lanzó mensajes como "no se descarta ningún tipo de respuesta" o habrá que "evaluar cuál es el momento y qué tipo de respuestas, pero la salida a la calle la pueden tener garantizada", para dar la idea de que las centrales sindicales están dispuestas a llevar a cabo acciones excepcionales tras las medidas anunciadas el miércoles por Zapatero.

Por su parte, Górriz mantuvo el tono al señalar que los sindicatos "estudiarán en cada momento la movilización pertinente" y "no descartan ninguna". "El escenario que se ha abierto es uno que genera cada vez más conflicto social", añadió.

Más aún, el representante de CCOO avanzó que las federaciones sindicales de la función pública piensan plantear la puesta en marcha durante la próxima semana de "medidas" frente al incumplimiento del acuerdo de negociación colectiva en el ámbito de la administración.

'Medidas injustas'
Ambos representantes sindicales reiteraron su rechazo a los planes del Gobierno para reducir en 1,5 puntos adicionales el déficit durante los años 2010 y 2011, que incluyen una reducción del 5% de los salarios de los funcionarios, la eliminación del cheque-bebé y la congelación de las pensiones.

"Hemos expresado ya nuestro rechazo de manera clara, porque son medidas injustas y claramente desequilibradas, así como un sometimiento al capital internacional", aseveró Ferrer antes de añadir que "van a ser trabajadores y pensionistas los que paguen (con estas medidas) la crisis financiera".

"Está claro que el Gobierno ha incumplido los compromisos para las administraciones públicas y el diálogo social y leyes como la de garantizar que las pensiones se revaloricen", añadió.

Ferrer afirmó que los sindicatos acudirán a La Moncloa dispuestos a mostrar a Zapatero una "posición clara de rechazo" y e intentarán hacerle reconsiderar las medidas adoptadas. "No perderemos la esperanza hasta el último segundo", aseguró.

miércoles, 12 de mayo de 2010

Pros y contra de la Reforma Laboral


El documento de trabajo presentado por el Gobierno para reformar el actual modelo laboral propone cinco aspectos básicos. Como punto de partida resultan positivos, pero hasta que no se concreten, es hablar por hablar.

Insuficiente, falto de contundencia, poco concreto; que propone un abaratamiento del despido y que pone en peligro la posibilidad de cerrar una reforma laboral eficiente. Son las principales reacciones mostradas por sindicatos y empresarios tras evaluar las líneas de actuación presentadas la semana pasada por el Gobierno en el marco del diálogo social.

El documento propone que la negociación que los agentes sociales desarrollan para reformar el mercado de trabajo se articule alrededor de cinco ejes fundamentales: la dualidad y la temporalidad del mercado laboral; la revisión de la política de bonificaciones a la contratación; el programa de empleo para jóvenes; el fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal para el empleo y la intermediación laboral. Es decir, elude algunas de las medidas que los empresarios consideran más urgentes, como la flexibilidad interna de las empresas, la rebaja de los costes laborales o fórmulas efectivas contra el absentismo laboral, entre otras. Además, tanto UGT como CCOO consideran que, con la excusa de reducir la tasa de temporalidad, lo que hace la propuesta del Gobierno es abaratar el despido de los profesionales.

Éstas son las principales líneas remitidas por el Ejecutivo a las partes como punto de partida para comenzar el diálogo.

1. Dualidad y temporalidad del mercado laboral. Para el Gobierno, la polarización que existe entre contratos indefinidos y temporales representa "el problema estructural más grave" de nuestro mercado de trabajo. Para atajarlo, propone generalizar el contrato de fomento del empleo, presente en nuestro ordenamiento desde la reforma laboral de 1997, y que contempla una indemnización por despido improcedente de 33 días. Hasta la fecha, este tipo de contratación se dirige a grupos de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Es decir, que en la práctica esta norma sólo deja fuera a hombres de entre 30 y 45 años (y siempre que no sean parados de larga duración). La propuesta del Gobierno permitiría generalizar la utilización de este contrato, igualando en 33 días el coste de la indemnización del despido improcedente disciplinario -que con el contrato indefinido actual es de 45 días- y por causas económicas. En ningún caso, salvo negociación entre empresario y trabajador, esta reducción de la indemnización afectaría a los contratos ya firmados.

Para María Eugenia Guzmán, abogada del grupo laboral de Cuatrecasas, esta medida es interesante porque "reduce la polarización que actualmente existe entre trabajadores fijos y temporales y generaliza el contrato indefinido frente al uso injustificado del eventual". Sin embargo, reconoce que la medida enmascara otro problema: el de la redefinición de las causas de extinción de la relación laboral.

El Gobierno no sólo propone una reducción de las indemnizaciones, sino que abre la posibilidad de que las empresas puedan crear un fondo para pagar parte del coste del despido de los trabajadores contratados bajo esta modalidad de fomento de la contratación indefinida. Este fondo, que supone la adaptación al mercado laboral español del modelo laboral austríaco (denominado Abfertigung Neu) sería gestionado por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que actualmente tiene un excedente acumulado de 4.000 millones de euros; aunque también se estudia la posibilidad de crear un fondo económico independiente. Como resultado, de los 33 días de indemnización por año trabajado, la empresa sólo se haría cargo de 25 días netos y el resto se sufragaría a través de este instrumento.

María Eugenia Guzmán considera que, como medida transitoria, esta propuesta proporciona apoyo a las empresas más necesitadas, aunque "puede plantear dificultades de articulación técnica, sin ignorar los posibles costes adicionales que podría implicar una medida de este tipo". Por su parte, Federico Durán, responsable del departamento laboral de Garrigues, cree que el documento es bastante ambiguo en este punto: "Hay que determinar si se crea un fondo colectivo o individual, de cuánto será la aportación y quién la sufragará".

2. Revisión de la política de bonificaciones a la contratación. El Gobierno reconoce que el sistema actual de bonificaciones no resulta eficiente, por lo que propone concentrar estas subvenciones en casos muy concretos -eso sí, respetando los compromisos adquiridos por los contratos bonificados en vigor-.

En concreto, propone bonificar los contratos indefinidos que se realicen a jóvenes de hasta 30 años con problemas de empleabilidad y a desempleados de larga duración que sean mayores de 45 años. También propone mantener aquellas subvenciones que fomentan el trabajo autónomo y que favorecen la prolongación de la vida laboral de los trabajadores de más edad. Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de Sagardoy Abogados, no se muestra partidario de ligar subvenciones a contratos. "Nadie contrata a quien no necesita aunque se le bonifique por ello. En nuestra historia laboral las bonificaciones han supuesto, en muchas ocasiones, un derroche innecesario e ineficaz. Hay que ir sólo a las bonificaciones justas y adecuadas", puntualiza.

3. El programa de empleo para jóvenes. La revisión de los contratos bonificados engarza directamente con el siguiente punto de la propuesta del Gobierno: el empleo juvenil, cuya tasa de paro se sitúa actualmente en torno al 40%. Además de subir las subvenciones para la contratación indefinida de los menores de 30 años, el Ejecutivo propone aplicar bonificaciones a la transformación en indefinidos de los contratos de formación y prácticas. Además plantea que se amplíe de 21 a 24 años la edad máxima para acceder a un contrato de formación y que su retribución sea equivalente al salario mínimo interprofesional -que para 2010 está fijado en 633 euros al mes- en el segundo año de vigencia.

El responsable del departamento laboral de Garrigues cree que obviamente es necesario apoyar el empleo de los jóvenes, aunque puntualiza que "no hay que ligar el impulso de la contratación juvenil con las bonificaciones, porque ya ha quedado demostrado que esto no es efectivo". Para Durán, "en lo que hay que trabajar es en crear un contrato de inserción que permita el fácil acceso de este colectivo al mercado de trabajo".

4. El fomento de la reducción de jornada laboral. El Gobierno quiere potenciar el trabajo a tiempo parcial como medida que puede contribuir a frenar el desempleo. Además, propone eliminar la posibilidad de que se realicen horas complementarias en este tipo de contrataciones y apuesta por dos tipos de jornada: una con horario de trabajo fijo -que podría concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada- y otra en la que el empresario podría cambiar el horario con un preaviso mínimo y en el que sí se podría acordar la realización de horas extras. Ésta última modalidad sólo aceptaría un contrato indefinido.

María Eugenia Guzmán señala que "estimular la contratación parcial tiene sentido porque España tiene un índice de utilización muy inferior al de otros países de nuestro entorno. Además, se ha demostrado que esta modalidad es una vía idónea para lograr una mejor conciliación de la vida laboral y personal". Coincide también en esta apreciación Sagardoy, quien añade que "es una medida muy coherente con la política de reducción de costes de las empresas".

Por otro lado, Guzmán advierte de que "debemos ser conscientes de que es una modalidad que hasta ahora ha tenido reiterados cambios normativos a veces no acertados, además de haberse concentrado mayoritariamente en el colectivo femenino, cuando debería ser una medida de aplicación universal". Además hace especial hincapié en que es necesario prestar atención a la letra pequeña porque, por un lado, fomenta esta modalidad de contrato y, por otro, la hace más rígida. En el caso concreto de la reducción de jornada, Ceferí Soler, profesor del departamento de dirección de recursos humanos de Esade, considera que "se deberían acordar incentivos para los trabajadores que permitan su reducción de jornada y salario. Premios sociales, no económicos, y visibilidad social para las personas voluntarias. Esto fomentaría mayor compromiso".

5. Potenciar la intermediación de agencias privadas de colocación y empresas de recolocación. Es un punto sobre el que existe un mayor consenso. Para el responsable del departamento laboral de Garrigues en el caso de la agencias de recolocación hay un aspecto muy importante que no se ha abordado. El Gobierno propone que estas empresas centren su trabajo en buscar un nuevo empleo a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, "pero no hay que vincular su actividad sólo a este colectivo. Su potencial en mucho más fuerte y no se contempla que pueden ser muy eficaces para otro tipo de profesionales que también buscan su reincorporación laboral", señala Federico Durán.

Los Recortes de Zapatero


El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado hoy en el Congreso de los Diputados el primer recorte de gasto social desde que Gobierna dentro de una serie de actuaciones orientadas a acelerar el recorte del déficit que le exige Bruselas. En una decisión sin precedentes que rompe algunos de los hasta ahora compromisos intocables del Gabinete de Zapatero, el Ejecutivo aprobará nueve medidas que incluyen: reducción de los salarios de los funcionarios en un 5% en 2010 y su congelación para 2011, la no actualización de las pensiones, el fin del cheque bebé y recortes en gastos de medicamentos, dependencia e inversión pública. El objetivo, ahorrar 15.000 millones más de lo previsto de aquí a 2011 para devolver el déficit al límite del 3% antes de 2013. El plan ha sido recibido con duras críticas por parte de los sindicatos, aunque, por el contrario, ha sido celebrada por el FMI y la UE, que ven en el movimiento de Zapatero "el mejor camino para reforzar la confianza de los mercados", según ha destacado el director del departamento europeo del Fondo, Marek Belka.

Oposición, ONG y asociaciones de familias cargan contra el plan de ajuste
Zapatero convoca para mañana en La Moncloa a CC OO y UGT
El relato de una sesión histórica en el Congreso
El tijeretazo del funcionariado no cuadra
Obama presiona a Zapatero para que adopte reformas urgentes
Las nuevas medidas con las que el Gobierno quiere ahorrar 15.000 millones
Las diez 'contramedidas' propuestas por Rajoy
Bruselas afirma que las medidas de ajuste en España "van en la buena dirección"
Solbes: "Son medidas valientes"
Preparados para el aterrizaje: todos en línea
La Junta asumirá todos los recortes propuestos por Zapater

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado este martes en el Congreso las medidas de austeridad previstas para reducir el déficit público
En su opinión, este conjunto de actuaciones merece el calificativo de "muy buenas", aunque no ha querido entrar en más valoraciones al no conocer los detalles de las mismas. Desde la UE, el comisario de Competencia de la UE, Joaquín Almunia, que ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de reformas estructurales, considera "un paso lógico" las medidas ante la "presión de los mercados". En un comunicado, la Comisión Europea ha destacado en la misma línea que "parecen ir en la buena dirección", pero se reserva su análisis final para el momento en que se conozcan en detalle. Bruselas emitirá su juicio el próximo 18 de mayo.

Zapatero ha tratado de explicar por qué el Gobierno al tiempo que anuncia la recuperación pide sacrificios y "esfuerzos muy considerables": "Es ahora cuando más lo necesitamos para mantener entre nosotros a los inversores y mantener imagen de estabilidad. No es fácil dirigirse así a los ciudadanos", informa Fernando Garea desde el Congreso de los Diputados. En el principio de su intervención, Zapatero ha insistido en que España padece "las consecuencias de una economía financiera global insuficientemente gobernada".

Por primera vez en la historia reciente de España, el Gobierno ha tomado la impopular decisión de rebajar el sueldo a los trabajadores públicos. Desde la llegada de la democracia hasta la fecha, la única medida parecida la había tomado el Ejecutivo de José María Aznar en su primera legislatura al decidir congelar sus salarios para cumplir con los requisitos de Maastricht. Ahora, Zapatero los bajará un 5% de media este año a todos ellos: policías, bomberos, personal sanitario y todo aquel dependiente de las Administraciones Públicas, ya sean del Estado o las comunidades. Eso sí, no será igual para todos. Según ha explicado el presidente, la medida será proporcional a los ingresos, por lo que afectará más a los salarios más altos. El Gobierno, por su parte, recorta los suyos en un 15%. En total, calcula que este tijeretazo, que afectará a 2,6 millones de trabajadores, le permitirá ahorrar unos 2.400 millones este año.

En la segunda intervención y en respuesta al resto de partidos, Zapatero no ha descartado subir los impuestos a las rentas más altas durante 2011, una medida que parte de una petición de ICV. El presidente también ha asegurado que este paquete de recortes ha intentado no afectar a la inversiones porque son las que generan empleo y dinamizan la economía. El jefe del Ejecutivo ha recogido la petición del portavoz socialista, José Antonio Alonso, para reducir también el sueldo de los diputados nacionales. Por otra parte, se ha mostrado confiado en la rápida consecución de un pacto sobre la reforma laboral, cambios que junto a la lucha contra el déficit centran las llamadas de atención de los organismos económicos de dentro y fuera de las fronteras, desde el Banco de España al FMI. El diálogo social para aprobar la reforma laboral está "en su recta final", según aseguró Zapatero antes de defender que el momento "más oportuno" para ello es "ahora", cuando "arranca la recuperación". Sin embargo, ha reconocido que para volver a crear empleo "sólo se producirá cuando el crecimiento se consolide y llegue a un determinado nivel".

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, que ha propuesto 10 medidas alternativas, ha utilizado su intervención para atacar duramente al presidente del Gobierno, a quien ha acusado de convertir el país en "un protectorado" y al dictado de las exigencias de la Unión Europea y del presidente de EE UU, Barack Obama, que precisamente ayer llamó a Zapatero para exhortarlo a adoptar medidas más severas y estructurales contra el déficit de las cuentas públicas. "Usted ha hecho un recorte de derechos sociales, contradiciendo lo que lleva diciendo en los últimos años", subrayó Rajoy.

"Todo esto no hubiera ocurrido si hubiera hecho caso a tiempo", ha asegurado Rajoy, quien ha añadido que al presidente le han "fijado plazos" y le han hecho "ver la luz". Rajoy propone reducir ministerios y fusionar otros para recortar gastos.

La Bolsa, tan sensible a la situación de las finanzas públicas, ha recibido la noticia con subidas. Por su parte, el ex ministro de Economía Pedro Solbes, ha asegurado en una entrevista en EL PAÍS que son decisiones "imprescindibles porque la situación económica se ha ido erosionando y el contexto internacional lo exigía".

Las propuestas no han tardado en recibir la respuesta de los sindicatos, que denuncian lo que consideran un duro plan de ajuste. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha denunciado una "quiebra del discurso" de Zapatero, que supone, en su opinión, "un cambio de escenario en las relaciones con las organizaciones sindicales". En todo caso, Méndez espera que el diálogo social no se vea afectado, pero lo ve "muy difícil" por "el conflicto social" que genera este plan. Tanto Méndez como el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, han advertido que no descartan movilizaciones. Por su parte, el líder de IU, Cayo Lara, también ha criticado al Gobierno y asegura que "se ha pasado una raya roja".

martes, 11 de mayo de 2010

UGT Andalucía pide a la Junta máximo compromiso en la creación de Empleo


UGT-Andalucía, CCOO-A, CEA y la Junta de Andalucía se comprometieron ayer a agilizar la ejecución de las 26 medidas anticrisis incluidas en el VII Acuerdo de Concertación Social y prevén poner en este mes los 40 grupos de trabajo que contiene la Concertación.

Estos fueron algunos de los compromisos alcanzados entre el vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila y el consejero de Empleo, Manuel Recio, en la reunión mantenida, donde se abordó la situación económica actual y se analizó la marcha de la Concertación.

En dicha reunión se estableció el itinerario y calendario del VII Acuerdo y se priorizaron los asuntos a agilizar, entre ellos acelerar las ayudas a pymes y ciudadanos, mediante fondos sin personalidad jurídica, iniciado el pasado año ante la falta de liquidez en el sistema; las políticas activas de empleo, la ampliación del salario social, a través de itinerarios de inserción para las personas que cobran dicha prestación, o la puesta en marcha de la segunda fase del Proteja.

El vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT-A, Dionisio Valverde, indicó que “la Concertación tiene luces y sombras” y precisó que “el Sindicato ha pedido a los empresarios que hagan un esfuerzo por captar en el extranjero inversiones privadas, a través de Corporación Tecnológica de Andalucía, con el apoyo de la Junta”.

Dionisio Valverde recordó las propuestas de UGT, como son “los microcréditos para pymes o planes de empleo en el sector de la vivienda o forestal” y manifestó que “las agencias de rating generan terror y actúan como vampiros de la economía, introduciendo falta de confianza".

Consideró que "el mejor instrumento es el VII Acuerdo de Concertación, a través del que no podemos volver a la situación anterior sino reorientar el modelo, las prioridades del Sindicato son medidas para mantener y generar empleo, apoyo a las familias y acciones que eviten la desaparición de empresas, de manera que, la Junta tiene obligación de rebuscar en todos sus cajones hasta el último euro de sus presupuestos para destinarlos a empleo”.

lunes, 10 de mayo de 2010

UGT solicita unos Fondos 7mill. de Euros para paliar la pérdida de Jornales

La Federación Agroalimentaria de UGT Málaga solicitó hoy fondos extraordinarios de 7.000.000 euros para paliar la pérdida de jornales como consecuencia de los daños causados por las lluvias en la agricultura y que han sido de unos 400.000 jornales. Dicha federación informó de las reuniones celebradas por los consejos comarcales del Servicio Público de Empleo Estatal para estudiar y valorar los proyectos municipales afectados por el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Con estos consejos se regula la afectación, el programa de fomento de empleo agrario, de créditos de inversiones de las administraciones públicas en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y en zonas rurales deprimidas. La Federación Agroalimentaria de UGT Málaga indicó que en la provincia hay cinco consejos comarcales ubicados en Antequera, Ronda, Coín, Archidona y Vélez-Málaga. Además, señaló que los proyectos presentados deben estar relacionados con la conservación y desarrollo del patrimonio forestal y el medio ambiente o con la creación y mejora de las infraestructuras para procurar una mejora de la calidad de vida en el entorno en el que realizan y que su ejecución no coincida temporalmente con las campañas agrícolas de la zona o comarca donde se vayan a realizar, de modo que proporcione empleo a trabajadores eventuales agrarios en las épocas de menor actividad. Dicha federación destacó que en estas obras se contratan y financian los costes salariales y cotizaciones empresariales a la seguridad social de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, pero lo que está ocurriendo “es que la proporción de subvenciones previstas está siendo en un 53% para desempleados del régimen general y un 47% para los eventuales agrícolas.

La Federación Agroalimentaria de UGT Málaga denunció a este respecto que “con estos fondos no se están cumpliendo su objetivo y teniendo en cuenta que el colectivo es de 11.682 parados y los fondos para este año es de 14.500.000 euros, “no es suficiente para contratar a todos los trabajadores parados al menos una quincena al año”.

No obstante, la Federación Agroalimentaria de UGT Málaga indicó que el porcentaje de trabajadores agrícolas a contratar en estos proyectos será como mínimo del 80% del número total de contratos previstos en el proyecto y la duración de los contratos será de quince días para los trabajadores agrícolas y de un mes para los trabajadores desempleados del régimen general de mano de obra cualificada (encargados de obras, oficiales, etc.)

viernes, 7 de mayo de 2010

Pensión Compesatoria

1. Introducción sobre la Pensión Compensatoria
La Ley 30/1981, de 7 de julio, fruto del mandato constitucional contenido en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, por el que se instaba al Legislador a regular los Derechos y Deberes de los cónyuges en situación de plena igualdad jurídica; introdujo una modificación de amplio calado en el régimen matrimonial español heredado de la época franquista.

Se reconocieron y regularon normativamente los efectos de la separación y el divorcio, estableciéndose una serie de previsiones comunes a ambas, entre las cuales se encontraba una figura ya ampliamente extendida en nuestro Derecho comparado: la Pensión compensatoria.

Contenida en el artículo 97 del Código Civil, se trata de una cuantía que uno de los cónyuges ha de satisfacer a favor del otro, normalmente bajo la forma de una renta periódica, y que tiene su origen en el desequilibrio que este último ha sufrido en relación con el que conserva el primero, como consecuencia directa de la separación o divorcio que ha implicado el cese de su vida en común. Tiene, pues, por objeto el resarcimiento de uno de los cónyuges por el correlativo deterioro en su situación económica como consecuencia de la ruptura matrimonial (se haya disuelto "divorcio" o no "separación" su vínculo).

2. Una perspectiva sociológica
Se estima que en España uno de cada dos matrimonios celebrados finalizará en ruptura, teniendo lugar un divorcio cada cuatro minutos, aproximadamente. Se trata de unas nada desdeñables cifras, considerando que la adopción de esta institución en nuestro país se produjo de forma ciertamente tardía, a causa de las condiciones socio - políticas imperantes hasta entonces.

La Pensión Compensatoria surgió en el marco de una sociedad de fuerte base tradicional, en la que la incorporación de la mujer al mercado laboral era todavía muy tímida. En este contexto se entendió que la ruptura del matrimonio podía causar un perjuicio intolerable en esa persona que renunció a la posibilidad de desarrollar una vida profesional, dedicándose a una labor igualmente esencial como era el cuidado de la familia. De ahí que se considerara como imprescindible el establecimiento de un mecanismo que permitiera reequilibrar las posiciones de ambos cónyuges, de tal forma que esa esposa no quedara en situación de desamparo. De ahí que se instituyera la figura de esta pensión, que el ex cónyuge varón debería satisfacer con carácter periódico con el fin de garantizar una renta existencial a su ex pareja.

En la actualidad y pese a apoyarse en los mismos fundamentos que dieron lugar a su institución, la Pensión Compensatoria podría llegar a ser concedida en un número muy diverso de supuestos. Por supuesto, podría ser cónyuge acreedor tanto la esposa como el marido, todo dependería de las circunstancias económicas propias de cada uno de ellos, si bien es cierto que todavía son aquellas quienes, en mayor medida, se convierten en beneficiarias de la misma, en buena medida por la mayor tasa de desempleo femenino y por la endémica desigualdad salarial que todavía impera en nuestro mercado laboral.

Por otra parte, en nuestros días viene poniéndose un cada vez mayor énfasis en su carácter primordialmente temporal, viniendo ello reforzado por la modificación normativa introducida por la Ley 15/2005, concibiéndose como una prestación que tendría por objeto ayudar y aportar un sustento eventual a esa ex pareja hasta que pudiera obtener una procura que le permitiera valerse por sí misma (por ejemplo, llevando a cabo un reciclaje profesional durante el tiempo en que perciba esa pensión). Se trataría de que el cónyuge beneficiario pudiera situarse, potencialmente, ante las mismas oportunidades que hubiera tenido de no haber existido ese vínculo matrimonial.

3. Fundamentos Jurídicos y finalidad de esta Pensión
La Pensión Compensatoria se encuentra muy íntimamente ligada al concepto jurídico de Equidad, siendo buena muestra de ello el uso para su cálculo de elementos no estrictamente económicos. Por otro lado, existe un cierto consenso doctrinal a la hora de descartar su posible carácter indemnizatorio o alimenticio, afirmándose que ésta tendría más bien una naturaleza resarcitoria o compensatoria; si bien en numerosas sentencias se hace un uso indistinto de todos estos términos.

En todo caso, pocas dudas se plantean a la hora de señalar su finalidad primordialmente reequilibradora. Y es que el cese en la convivencia y en los deberes de asistencia y de socorro mutuos entre los cónyuges podría dar lugar, en alguno de ellos, a un desequilibrio de índole económica respecto de esa situación que se encontraba disfrutando previamente a la ruptura.

Además, enfatiza su citado carácter temporal, ahora ya recogido expresamente en la nueva redacción del mencionado artículo 97, haciéndose hincapié en que su concesión únicamente procedería durante el tiempo que se estimara oportuno para que ese cónyuge pudiera, por sí mismo, acceder a nuevas oportunidades (fundamentalmente de carácter laboral) que le permitieran restablecerse de ese desequilibrio en que inicialmente incurrió tras romperse la pareja. Así pues, se entiende hoy por hoy que su concesión con carácter vitalicio ("indefinido" en los términos de la Norma) sería la excepción a la regla general, pudiendo ésta incluso tener lugar a través de un pago único.

4. El Carácter disponible del Derecho a esta Pensión
El Derecho a la Compensatoria tiene un fuerte componente fáctico, casuístico y circunstancial, puesto que su concesión en ningún caso se produciría automáticamente tras la separación o el divorcio. Es el análisis detallado de la situación en que quedarían los cónyuges tras la ruptura de su matrimonio, así como de una serie de factores específicos (que luego detallaremos) lo que determinará su posible concesión así como la cuantía que, en particular, se estipule.

Por otra parte, una vez establecido este Derecho por resolución judicial, éste quedaría condicionado a las circunstancias de las vidas de ambos cónyuges (lo que no hace sino reforzar su fuerte componente de carácter temporal) de forma que si se produjeran cambios en las mismas que afectaran a la estabilidad económica de alguno de ellos, la Pensión Compensatoria podría ser objeto de modificación o, incluso, de supresión.

A diferencia de lo que sucede con una Pensión Alimenticia, la Pensión Compensatoria tiene carácter indudablemente disponible, siendo pues esta figura de Derecho dispositivo. Muestra de ello es que su concesión tan solo procede mediando una solicitud expresa por parte de aquél cónyuge que entiende que, por el hecho de haber tenido lugar la ruptura de su matrimonio, va a sufrir un correlativo empeoramiento en su situación económica respeto del estatus del que pudo gozar durante el mismo. En definitiva, es la propia parte interesada quien puede optar por hacer valer o no su Derecho a la pensión compensatoria, siendo posible realizar una renuncia expresa e inequívoca a este Derecho en el Convenio Regulador de la separación o el divorcio una vez que éste es homologado judicialmente (no así en un momento previo, por ejemplo, en Capítulos Matrimoniales, dado que nuestro ordenamiento en ningún caso habilitaría a la renuncia de un Derecho que todavía no ha nacido y que, por tanto, no se encuentra en la esfera jurídico " patrimonial de la persona).

5. La pensión indemnizatoria del artículo 1.438 del Código Civil
Es preciso hacer una breve referencia a una institución jurídica muy poco conocida en el Derecho español como es la prestación que es posible conceder al amparo del artículo 1.438 del Código Civil, debido a la convergencia de dos factores que se interrelacionan y potencian. Nos estamos refiriendo a los supuestos de Separación Absoluta de bienes, cuya incidencia en la práctica es muy reducida, puesto que no existe en nuestro país una tradición capitular consolidada; y por otra parte la baja estadística de casos en los que, en los supuestos de Separación y Divorcio, se reclame judicialmente esta indemnización.

Debido a estos dos elementos, ha existido escaso interés por parte de la Doctrina Científica en el estudio de esta institución, y no ha permitido que se cree un cuerpo jurisprudencial por parte de las Audiencias Provinciales, que dé lugar a una Jurisprudencia Uniforme. Hay que señalar que, en muchos casos, ésta es confundida con la pensión del artículo 97, aunque su naturaleza jurídica es totalmente diferenciada. No queda claro, por otro lado, si se trata de una obligación de pago único o periódico.

Su existencia queda justificada en la necesidad de reparar el enriquecimiento injusto que se produce para el cónyuge que no realizó el trabajo en el hogar y cuyo ahorro de gastos en ese concepto equivale a un enriquecimiento sin causa, en tanto que el otro, que sí ha realizado una donación de sus servicios, se ha empobrecido al no percibir ningún tipo de contraprestación económica correspondiente a su trabajo.

Los presupuestos necesarios para el reconocimiento de ésta compensación son:

-En primer lugar, que el matrimonio haya estado sujeto, durante el periodo de convivencia conyugal, al régimen de separación de bienes.

-Que durante la vigencia del régimen de separación de bienes, uno de los cónyuges haya hecho una aportación personal de su trabajo a la casa.

-Que se haya producido la extinción del régimen de separación de bienes, siendo a partir de ese momento cuando nace el Derecho a reclamar esta compensación.

Aunque jurisprudencialmente en muchos casos esta prestación se confunde con la del artículo 97, en casos concretos y determinados se han llegado a conceder las dos por separado y simultáneamente.

6. La Pensión compensatoria y el Régimen Económico de Separación de Bienes
El Régimen económico matrimonial de Gananciales, recogido en los artículos 1.344 y ss del Código Civil, queda fundado sobre la idea de que los cónyuges hagan comunes, a partir de su adopción, toda una serie de bienes, derechos y ganancias o beneficios por ellos obtenidos (con diversas excepciones tasadas), de tal manera que una vez que se produzca su disolución, los mismos serán atribuidos por mitades a ambos.

Ello lo convierte en el régimen económico que expresa en mejor medida la idea de proyecto de vida en común en que consiste todo matrimonio. Con su adopción se crea una entidad, la Sociedad de Gananciales, que se constituye en todo un patrimonio integrador de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen, pro indiviso, a ambos cónyuges. Y si tuviera lugar la ruptura de la pareja por medio de una Separación Judicial o divorcio, dado que la intención de los cónyuges constante el mismo fue la de poner en común esos bienes, derechos y obligaciones, sería perfectamente lógico e incluso coherente con su situación anterior el establecimiento de una Pensión Compensatoria, si la misma procediera, con la finalidad de reequilibrar los patrimonios de los cónyuges.

La pregunta que se nos plantea en este punto, constituyéndose en objeto principal de nuestro análisis, es si podría proceder la adopción de esta pensión cuando la pareja optó por un Régimen de Separación de Bienes (el cual, por otra parte, se configura como Régimen económico matrimonial por defecto según las compilaciones catalana y balear).

Se trata de una cuestión no exenta de polémica y de cierto debate, pues precisamente la idea que fundamenta dicho régimen económico matrimonial es la de mantener patrimonios perfectamente separados entre ambos cónyuges, estableciéndose únicamente sobre ciertos bienes específicos una propiedad común (fundamentalmente la vivienda). De ahí que se plantee, no sin cierta lógica, si esa intención mostrada por los cónyuges constante el matrimonio no se vería contravenida con carácter posterior por la posible solicitud, por parte de uno de ellos (recordemos que se trata de un Derecho subjetivo dispositivo y de Justicia rogada), de una prestación que le permitiría acceder a parte de las ganancias y el patrimonio de su ex pareja.

Especialmente esclarecedoras resultan, sobre este punto, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 2005, de 28 de abril del mismo año; o la más reciente STS 1130/2009, de 10 de marzo de 2009, que tiene por origen un Recurso de Casación interpuesto contra Sentencia dictada por la AP de Madrid, Sección 22ª, de 10 de diciembre. Dicho recurso se planteó, precisamente, por el interés casacional de la procedencia del reconocimiento del Derecho a la pensión compensatoria, en aquellos supuestos en los que los cónyuges establecieron Capitulaciones previamente al matrimonio o constante el mismo, optando por un Régimen de Separación de Bienes.

6.a Argumentos favorables a la desestimación de la Pensión compensatoria en estos supuestos
Esta primera opción, de carácter muy minoritario, encuentra entre sus principales argumentos que, a través de su solicitud de una pensión compensatoria, el cónyuge podría estar trasgrediendo sus actos propios, pues del hecho de optar por un Régimen de Separación de Bienes podría desprenderse la inequívoca voluntad de cada uno de los esposos de desvincularse del otro a nivel económica, suponiendo ello un impedimento para la pensión compensatoria.

Por otro lado, se viene afirmando que una solicitud de este tipo implicaría una infracción de los artículos 1.091 y 1.258 del Código Civil, al tener los Capítulos Matrimoniales un carácter ineludiblemente contractual. En este sentido se entiende que con dicha petición se estaría yendo contra uno de los Principios esenciales del Derecho Privado, consistente en que lo pactado obliga a las partes (Pacta Sunt Servanda). Así, ese cónyuge solicitante que, con carácter anterior había afirmado su independencia y autonomía económica, estaría actuando con mala fe.

6.b Argumentos favorables a la estimación de la Compensatoria
La mayor parte de la Doctrina, así como la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo, viene entendiendo como perfectamente compatibles la existencia de un Régimen de Separación de Bienes anterior a la ruptura del matrimonio (se produzca ésta a través de una separación judicial o divorcio) y la posibilidad, por parte de cualquiera de los cónyuges que considerara haber quedado en una situación de manifiesto desequilibrio frente al otro, de solicitar una pensión compensatoria de su ex pareja.

Se viene reafirmando, desde este posicionamiento, su clara finalidad reequilibradora, o en otras palabras, paliativa de un desequilibrio económico producido con motivo de la separación o el divorcio alguno de los cónyuges.

Por otro lado, se señala que en ningún caso podría entenderse comprendido en el objeto de un Negocio Capitular suscrito por los cónyuges previamente al matrimonio o constante el mismo, disposición alguna en relación con la Pensión compensatoria a favor de cualquiera de los cónyuges en caso de una posible separación o divorcio. En línea con lo afirmado en un epígrafe anterior, nuestro Ordenamiento jurídico en ningún caso podría habilitar a la renuncia, expresa o tácita, de un Derecho que todavía no ha nacido y que, por tanto, no se encuentra en la esfera jurídico " patrimonial de la persona, existiendo únicamente una mera expectativa de un Derecho futuro, pendiente para su devengo de que se produjera una incierta ruptura conyugal. Toda cláusula en ese sentido sería nula.

Tan solo podría ser válida, pues, una renuncia a la misma una vez producida la ruptura de la pareja, pudiendo ésta tener lugar de forma expresa, a través de un Convenio Regulador o cualquier otra Declaración de Voluntad en este sentido; o tácita, desistiendo de su solicitud en la Demanda de Separación o de Divorcio.

7. Conclusiones
En definitiva, el criterio prevalente para apreciar la oportunidad de conceder o no una Pensión Compensatoria a favor de uno de los cónyuges, habrá de centrarse en los parámetros señalados en el artículo 97 del Código Civil, sin que tengan relevancia otros elementos externos o colaterales. No resulta, pues, decisorio en modo alguno la elección de uno u otro Régimen Económico Matrimonial a la hora de decidir y cuantificar este tipo de prestación.

jueves, 6 de mayo de 2010

El 80% de las Ofertas de empleo son de carácter Temporal

Casi todos los parados que han encontrado empleo en 2010 lo han hecho mediante contratos precarios. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, sólo el 11% de las contrataciones efectuadas en el primer trimestre fueron de duración indeterminada.

El paro se incrementó en 286.200 personas en el último trimestre de 2010, lo que sitúa la cifra total de desempleados en 4.612.700 personas, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística la semana pasada. Aunque revelador, el dato es sólo la punta del iceberg. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) elaborado sobre las conclusiones de la EPA incide en que el acceso al mercado de trabajo es precario no sólo en términos cuantitativos, sino también desde el punto de vista cualitativo.

Según las conclusiones de su análisis Observatorio Laboral de la Crisis, el 80% de los contratos rubricados en los tres primeros meses de este año tuvieron un carácter temporal, frente a un 11% que fueron indefinidos y un 9% que se correspondieron con empleos no asalariados. En consecuencia, una vez que el trabajador pierde su empleo, casi todas las posibilidades que tiene de reinsertarse en el mercado laboral es a través de "contratos precarios".

Por otra parte, desde el punto de vista de los profesionales que perdieron su empleo, el informe de Fedea constata que, de nuevo, los eventuales están siendo las principales víctimas de la crisis. Así, de cada 100 ocupados que disponían de un contrato temporal a finales de 2009, 17 perdieron su trabajo en el primer trimestre de 2010; mientras que esta proporción se redujo al 2% en el caso de los empleados con un contrato indefinido. "El riesgo de que un profesional pierda su empleo es ocho veces superior en el caso de un trabajador temporal que en el de un indefinido con características similares", explican los autores, para quienes el peso que la modalidad de contratación tiene en el despido "lejos de decrecer, va aumentando trimestre a trimestre".

miércoles, 5 de mayo de 2010

El paro baja en Málaga en Abril

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Málaga en el mes de abril disminuyó en 519 personas (un 0,30% menos con respecto al mes anterior) con el que el número total de desempleados se sitúa en 175.020 personas. Con relación a abril de 2009, ha aumentado en 19.690 personas.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez, destacó que en los sectores donde ha descendido el desempleo son servicios y construcción, subiendo en agricultura, industria y en el colectivo de sin empleo anterior.

Jiménez indicó que Málaga continúa siendo después de Sevilla la segunda provincia andaluza con mayor número de desempleados. Igualmente, destacó que el paro ha descendido en los hombres (-665), y sin embargo sube el paro femenino con 146 mujeres más en el desempleo que durante el mes anterior.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga subrayó además que en cuanto a la contratación, desciende tanto la contratación indefinida como la temporal, si bien, nuestro mercado laboral sigue fuertemente lastrado por la temporalidad: el 92,70% de los contratos

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga subrayó la tendencia ligeramente favorable experimentada en estos últimos meses, si bien no suficiente para remontar la enorme destrucción de empleo sufrida por nuestro mercado de trabajo en los dos últimos años.

Jiménez manifestó que “abril es un mes tradicionalmente con mejores resultados en materia de empleo, y este no ha sido una excepción, sin embargo, habrá que estar atento a la evolución en los meses venideros”.

La campaña de Semana Santa y la mejora de la climatología han propiciado un descenso en el número de desempleados del sector servicios cuantitativamente mayor que en otros sectores, donde incluso aumenta el paro, como industria o agricultura. Y sigue siendo preocupante el constante aumento del número de personas desempleadas sin empleo anterior (752 más que durante el mes de marzo, alcanzando una cifra de 18.389).

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga señaló como la crisis que estamos sufriendo vuelve a manifestarse de forma dura en las cifras de desempleados en la provincia, que si bien mejoran con relación al mes anterior, siguen poniendo de manifiesto la necesidad de incidir de nuevo en un cambio de modelo productivo que genere empleo estable y de calidad.

“Es fundamental apostar por sectores que creen valor añadido, así como de establecer medidas de impulso a la industria, el turismo y el sector agroalimentario como bases del nuevo modelo productivo de nuestro PAís, y que permitan una recuperación económica sólida y duradera donde el trabajo estable sea un factor principal de producción”.

Asismismo, insistió en que es necesario cambiar la cultura empresarial en nuestra provincia, que debe entender que los trabajadores y trabajadoras de una empresa son su principal activo y patrimonio, y la estabilidad en el empleo, formación y la prevención de riesgos laborales la mejor inversión.

Finalmente, apostó por seguir incidiendo en las políticas activas de empleo y la formación para el empleo, condicionando ayudas y subvenciones públicas a las empresas a la creación y/o mantenimiento del empleo en estas.

lunes, 3 de mayo de 2010

Málaga llega en Marzo a una tasa de paro del 30%

Málaga cerró el mes de marzo con 233.100 desempleados y una tasa de paro del 30,02%, un 2,67% más que en el cuarto trimestre de 2009, “un dato bastante preocupante ya que se ha incrementado el número de desempleados en 21.300 en tan sólo un trimestre, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística.

Jiménez subrayó que tanto a nivel nacional como regional la tasa de paro es mayor en Málaga que en el resto de provincias andaluzas (excepto Cádiz) y que en España donde “estamos diez puntos por encima de la media nacional”. Estos datos “evidencian la situación que estamos viviendo de manera cotidiana y que se refleja mensualmente con los datos de los servicios públicos de empleo”.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga criticó que se siga destruyendo empleo y que las medidas adoptadas no hayan conseguido alcanzar la empleabilidad necesaria para reactivar la economía malagueña. Por ello, indicó que dicha reactivación no pasa sólo por una reforma laboral sino por un cambio en el modelo productivo, un modelo que tiene que ser sostenible y eficaz. Jiménez denunció que desde el inicio de la crisis hace dos años la tasa de paro ha pasado del 15,68% al 30,02%, lo que quiere decir que se ha duplicado dicha tasa. Por sexo, los parados varones se sitúan en 136.100 frente a 97.000 mujeres desempleadas.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga pidió a su vez mayor protección para aquellas familias en las que ninguno de sus miembros está percibiendo ningún tipo de prestación.

En relación a la tasa de actividad la diferencia entre hombres y mujeres es de 18 puntos, una tendencia que no ha variado, según los datos hechos públicos hoy y en comparación con los del primer trimestre de 2009. Por ello, “se sigue evidenciando la brecha en materia de empleo entre hombres y mujeres”.

Por otro lado, la secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga indicó que “la responsabilidad de la situación que estamos atravesando es de todos” y exigió un compromiso por llegar a soluciones “lo más antes posible”.

Jiménez hizo un llamamiento para que todos los ciudadanos acudan mañana a la manifestación del 1 de Mayo ‘Por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones’, marcha que partirá a las 11.00 horas de la Alameda de Colón y culminará en la plaza de la Constitución.