El miércoles, Portugal quedo prácticamente paralizada debido a las protestas de los funcionarios frente a los recortes salariales que, de media, ascenderán al 5%. El mismo día, en Londres, miles de encolerizados estudiantes salían de nuevo a las calles para manifestarse en contra del aumento de las tasas universitarias.
Mientras, en Irlanda aumentaba la indignación frente al Gobierno, después de que éste anunciara otra ronda desesperada de recortes del gasto. Sin embargo, en Bruselas, los burócratas tenían motivos para estar más que satisfechos: el martes, el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciaba a favor de un aumento, no una reducción, salarial de los funcionarios. El pasado noviembre, la Comisión propuso un incremento salarial del 3,7%.
Al mes siguiente, después de constatar la crisis económica en la que estaba sumida Europa, el Consejo llegó a la conclusión de que la cifra debería reducirse al 1,85%.
Dado que los salarios de los eurócratas los pagan los estados miembros, y muchos de estos atraviesan graves problemas financieros, la decisión del Consejo de pagar la mitad de la cantidad exigida por la Comisión puede considerarse un acto de generosidad, aunque carezca de sensibilidad.
Aumento presupuestario
La Comisión, sin embargo, fue aún más insensible a la grave situación económica de los miembros europeos y se enfrentó a la decisión del Consejo, alegando que el 3,7% era resultado del cálculo basado en una fórmula automática. Ahora el Tribunal apoya ese argumento. Para los jueces, es una feliz coincidencia que su remuneración salga beneficiada de su veredicto. Sin embargo, el hecho de que la Comisión estimara oportuno plantear este debate pone de manifiesto que la UE como institución no tiene por qué compartir los intereses de los países que la componen.
¿Cómo si no se puede explicar la determinación del Parlamento Europeo de pedir un aumento presupuestario del 6,19% para 2011? Después de que Grecia ya se hubiera visto obligada a aceptar la ayuda de emergencia y comenzaran a surgir las dudas sobre las economías de Irlanda y Portugal, el Parlamento siguió adelante con su demanda.
Con independencia de los problemas de los estados miembros, sin embargo, Bruselas necesita dinero para contratar al batallón de diplomáticos que formará el nuevo Servicio Exterior de la UE. Algunos países ya han manifestado su oposición a esta demanda, que consideran excesiva, proponiendo un incremento del 2,91%.
Los funcionarios de Grecia, Francia, Portugal e Irlanda, países en los que las medidas de austeridad han supuesto la pérdida de numerosos puestos de trabajo y recortes salariales para los trabajadores en activo, pensarán, lógicamente, que un aumento presupuestario sería ya demasiado.
Esta semana en Estrasburgo daba la impresión de que el Parlamento estaría dispuesto a aceptar la cifra más baja, aunque a cambio de que los estados miembros concedan más competencias a la UE.
Aun así, la decisión del Tribunal de elevar los salarios muy por encima del 2,91% propuesto puede llevar a algunos países a retractarse de esa posición. Martin Schulz, el alemán que encabeza las filas socialistas en el Parlamento Europeo, aseguró el pasado martes que “el Parlamento se está poniendo a prueba. Ya no se trata de dinero, sino de la dirección a la que evoluciona la UE. Ahora, los gobiernos nacionales quieren controlarnos. Ese no es el camino”.
Schulz es un firme defensor del estado europeo. La forma en la que la actual crisis financiera evoluciona, avanza en esa dirección y es Alemania, la mayor economía de la Unión, la que dicta ahora las condiciones.
A nadie debería extrañar que los trabajadores de la UE respalden esa estrategia, pero el electorado de los países miembros no se mostrará muy entusiasmado ante la cesión de soberanía, aunque sea gradual, a Bruselas. Lea el artículo original publicado en The Wall Street Journal No Breaching the Eurocrats' Paywall
