La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada hoy por CCOO.
La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluye la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público.
De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.
La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.
En concreto, la Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
Según el abogado de CCOO Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.
Dudas también sobre el derecho de igualdad
Igualmente, los magistrados de la Sala también tienen sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad. El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.
Recorte y congelación en 2011
La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%.
Estas medidas comenzaron a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre -sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre-. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.
Este recorte salarial ha provocado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CCOO, UGT y CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.
