El Pacto de Toledo

La Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ha abordado en una reunión celebrada hoy la posibilidad de que las mujeres puedan complementar su cotización a la Seguridad Social para la pensión de jubilación en función del número de hijos que hayan tenido.

La reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo de este martes se ha centrado en la discusión de las propuestas presentada por PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV para ajustar el esfuerzo contributivo a las "cotización real" y la pensión percibida de forma que se tenga en cuenta el número de hijos para "complementar" el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una pensión.

El portavoz 'popular' en la Comisión, Tomás Burgos, explicó a los periodistas tras la reunión que la propuesta busca tener en cuenta el principio de "cotización demográfica", habida cuenta de que el "esfuerzo" de tener hijos aporta cotizantes al sistema, máxime en un momento en el que la reforma del sistema se hace necesaria para hacer frente al envejecimiento de la población.

En principio, los grupos plantean que se limite a mujeres de más de tres hijos y se inspire en el sistema que se aplica en países como Francia, donde cada hijo cuenta por dos años cotizados, si bien Burgos precisó que no se trata de sustituir cotización por trabajo por cuidado de los hijos.

En concreto, lo que plantea la propuesta es que si una mujer no ha cotizado los quince años que se exigen ahora como mínimo para percibir una pensión contributiva, por cada hijo que tenga se le compute un tiempo que, en el caso de Francia, son dos años por cada vástago.

Por su parte, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa señaló que su partido no ve con malos ojos la idea, si bien hay que "perfilar" su contenido y destacó que en estos momentos todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre la cuestión.

Servicio militar obligatorio
Los grupos parlamentarios también pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el servicio militar obligatorio cuente en la cotización, aunque López i Chamosa matizó que esto sería "casi imposible" porque "no sabemos el coste que puede tener para la Seguridad Social".

Mientras, desde CiU, Carles Campuzano apuntó que en la reunión se han repasado los periodos que se tienen en cuenta para el cálculo de las pensiones y la posibilidad de ampliar las excepciones para complementar la cotización y el alcance de las mismas.

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, apuntó que el objetivo principal es la "necesidad de vincular la pensión a la cotización real".

El IPC sube tres décimas en Septiembre

Según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el Índice de Precios al Consumo (IPC) subió tres décimas en septiembre en Málaga con respecto al mes anterior, dos décimas más que en el conjunto del país, con lo que la inflación interanual se sitúa en el 2,3% y la acumulada en el 1,2%.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez, destacó que dicha subida se debe fundamentalmente al grupo de Vestido y Calzado, que a nivel regional se ha incrementado un 4,1% debido a la finalización del periodo de rebajas. Otro grupo que ha influido en esta subida ha sido Enseñanza motivado por el inicio del curso escolar.

Jiménez dijo que por el contrario el grupo de Ocio y Cultura ha sido el que ha experimentado una bajada mayor, del -1,8%, provocada por el término del periodo estival y de las vacaciones. Hay que destacar también el grupo de Transporte ya que el precio de los carburantes ha ido subiendo paulatinamente lo que ha hecho que la tasa interanual sea del 7,6%, sólo inferior a Bebidas Alcohólicas y Tabaco, cuya tasa interanual se sitúa en el 9,3%.

En el caso de Hoteles, cafés y restaurantes la tasa mensual ha sido del -0,9% por la bajada de los precios de los hoteles y otros alojamientos, habitual tras la temporada estival, según indicó Jiménez.

En cuanto a la variación interanual el incremento de los precios en Málaga ha sido del 2,3%. Este dato es superior al -1% registrado en septiembre del pasado año cuando todavía se hablaba de los riesgos de una posible deflación.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga indicó que según estos datos se confirma la tendencia alcista de los precios a nivel general. Por ello, “hay que ser precavidos sobre los riesgos que suponen la subida de los precios en unos momentos en que el paro y la crisis castiga a las economías domésticas fundamentalmente”.

Jiménez señaló que “en estos momentos es fundamental hacer hincapié en la importancia de la negociación colectiva como mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de los salarios. Es por ello imprescindible que se firmen cláusulas de garantía salarial en todos los convenios”, agregó.

La secretaria de Empleo y Acción Sindical de UGT Málaga indicó que “desde UGT seguimos exigiendo políticas que estimulen el crecimiento económico a través de la inversión y el consumo como fórmulas para la recuperación del empleo”.

“Los datos que hoy conocemos unidos a los datos del paro publicados hace unos días nos muestran una radiografía de la situación económica y laboral en nuestra provincia altamente preocupante, que entendemos que no se corrige con reformas laborales y pérdidas de derechos, sino al contrario, reconociendo la importancia del valor del trabajo, un trabajo decente y con derechos”, culminó Jiménez.

Citan como imputado al alcalde de Alhaurin de la Torre por presunta malversación

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), ha sido citado a declarar como imputado el próximo día 21 por el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga en una causa abierta a raíz de una denuncia de la ex portavoz de IU, Encarnación Ruiz, por presunta malversación de fondos públicos.

La citación de Villanova se produce después de que la Audiencia Provincial de Málaga haya estimado el recurso de apelación interpuesto por el que se revoca un acto dictado el pasado marzo en el que se archivaban las diligencias, y haya devuelto al juzgado el caso para que amplíe la investigación y declare el denunciado.

En la causa se investiga si el alcalde de Alhaurín empleó recursos públicos -el trabajo de los funcionarios municipales- sin justificación para su defensa en tres juicios, uno de faltas y dos por demandas de protección al honor, por hechos acaecidos en varios plenos municipales.

En su resolución, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala señala que la investigación "ha de agotarse, a fin de esclarecer al máximo las cuestiones planteadas".

Argumenta que aunque los tres juicios aludidos se refirieron a hechos acaecidos en el seno del debate político de varios plenos, no puede obviarse que, a priori, "el honor es un bien eminentemente personal" y por ello cuestiona si la defensa de dichos bienes debiera corresponder al letrado municipal, centrado principalmente en la defensa de los intereses municipales.

Además, la Sala mantiene que también debe ser aclarado el criterio con el que se verificó el cargo a las arcas municipales de unas actas notariales aportadas en el procedimiento civil de protección del honor instado por los denunciados.

De la certificación remitida por el secretario del Ayuntamiento "parece desprenderse" que el alcalde "sin trámite alguno ni traslado al pleno municipal, dio orden verbal al letrado municipal de que les asistiera y defendiera" tanto en el juicio de faltas por vejaciones contra él mismo y el edil Gerardo Velasco, como en un procedimiento civil contra el concejal Salvador Herrera, señala.

Aunque el importe de las actas notariales "no sea elevado", la Sala considera que ha de ampliarse la investigación y que "sin perjuicio de la resolución que en su día se adopte por el Juez de instrucción", se cite a declarar al alcalde.

La Audiencia Nacional duda de que sea constitucional el recorte a los Funcionarios

La Audiencia Nacional duda de la constitucionalidad del recorte salarial medio del 5% a los empleados públicos aprobado por el Gobierno, según la providencia de este tribunal facilitada hoy por CCOO.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha abierto así una vía procesal para estudiar la posible inconstitucionalidad del decreto Ley de 20 de mayo sobre Medidas Extraordinarias para la reducción del déficit público y que incluye la reducción salarial de las personas en régimen laboral del sector público.

De esta forma, el tribunal admite la demanda de conflicto colectivo presentado por los sindicatos UGT, CCOO y el SATNP de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) contra el Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), y el Comité Intercentros de la FNMT.

La providencia, fechada el 30 de septiembre, establece que las partes tienen un plazo máximo improrrogable de 10 días para presentar sus alegaciones sobre esta cuestión de inconstitucionalidad.

En concreto, la Audiencia duda de la constitucionalidad de la nueva redacción de los artículos 22, 4 y 25 de la Ley, ya que podrían afectar "al contenido esencial" del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.

Según el abogado de CCOO Enrique Lillo, esta providencia refuerza la posición defendida por el sindicato frente al recorte salarial y en demanda de la vigencia de los convenios y acuerdos colectivos alcanzados para 2010 en las administraciones y sector públicos.

Dudas también sobre el derecho de igualdad
Igualmente, los magistrados de la Sala también tienen sus "dudas" sobre la posible afectación al contenido esencial del derecho de igualdad. El Alto Tribunal fundamenta estas dudas en la disposición adicional novena del decreto antidéficit sobre normas especiales para entidades del sector público, al excluirse en ella del recorte salarial al personal laboral no directivo de entes públicos empresariales como Renfe, Adif y AENA, salvo que las partes decidan su aplicación vía negociación colectiva.

Recorte y congelación en 2011
La rebaja salarial de los funcionarios aprobada por el Gobierno en mayo oscila entre el 0,5% y el 7% dependiendo del nivel de ingresos del grupo profesional. Para los altos cargos, la reducción se aplicará en una horquilla de entre el 8% y el 15%.

Estas medidas comenzaron a aplicarse a partir de las nóminas de junio y hasta el mes de diciembre -sin afectar a la paga de junio, pero sí a la de septiembre-. Tras este recorte, los salarios públicos han quedado congelados en 2011.

Este recorte salarial ha provocado la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo o ante la Audiencia Nacional por parte de los sindicatos, entre ellos CCOO, UGT y CSI-CSIF y el Sindicato de Profesores de Enseñanza Pública ANPE, así como diversos escritos ante la oficina del Defensor del Pueblo.

UGT demanda a tres Mutuas por el recorte salarial impuesto por el Gobierno

La Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ha demandado ante la Audiencia Nacional a las mutuas Fraternidad-Muprespa, Maz y Umivale por el recorte salarial a sus trabajadores impuesto por el Gobierno al considerar que se vulnera el derecho a la negociación colectiva.


Por ello, FeS-UGT pretende la suspensión de las actuaciones emprendidas contra los trabajadores de las mutuas, al aplicar "directamente" las medidas de recorte salarial, hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional.

De igual forma, exige que se reconozca y declare el derecho de los trabajadores de dichas mutuas, sujetos al convenio de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo, a percibir íntegramente las retribuciones conforme a las tablas salariales de 2010, una pretensión que hace extensiva a todos los empleados del resto de mutuas.

"Desde FeS-UGT seguiremos planteando, en solitario o si se quieren adherir otras organizaciones sindicales, todas aquellas acciones legales que impidan los atropellos que están realizando desde la secretaría de Estado de la Seguridad Social hacia los derechos de los trabajadores de mutuas", denunció.

Por último, ha advertido de que si este cambio de posición por parte del Gobierno no se produce continuarán las movilizaciones e iniciativas legales en el sector focalizadas en la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

Para UGT-A la subida del paro es razón suficiente para que el gobierno rectifique

En Andalucía, en septiembre de 2010, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha sido de 897.645 personas, 20.635 más que en agosto. Esto ha supuesto un aumento del 2,35% con respecto al mes anterior. Con respecto a septiembre de 2009, el paro se ha incrementado en un 9%. Si se atiende a los datos de España se registran 4.017.763 parados, un 1,21% más que en el mes anterior. El paro ha crecido en un año un 8,31%.

El paro en las mujeres supone el 50,59% del total de los parados en Andalucía. Permanece idéntico al mes anterior el paro en la población extranjera. Con respecto al año anterior se mantiene la subida, que se sitúa en un 17,56%.

Por comunidades autónomas, ha subido en todas excepto en Castilla La Mancha (-3,01%) La Rioja (-1,70%), Aragón (-0,91%) y Canarias (-0,40%). La mayor subida se ha producido en Cantabria (5,78%), seguida de Baleares (4,98%). Las comunidades que destacan por sus menores subidas han sido Cataluña (0,25%) y Madrid (0,65%). En datos interanuales, ha subido en todas. La variación en Andalucía se sitúa en un 9,00% y a nivel nacional en el 8,31%. Comunidades como Castilla La Mancha (12,38%) y Murcia (12,11%) siguen registrando los datos más altos.

A nivel provincial, el paro ha subido en todas las provincias, destacando Cádiz (4,36%) y Huelva (3,95%). Los aumentos menos significativos se han producido en Sevilla (0,04%) y Almería (0,29%). En el último año, sigue siendo Almería (14,42%) donde más ha aumentado el paro, seguida de Huelva (12,52%).

Sectorialmente, aumenta en todos, excepto en la agricultura (-2,01%) y la construcción (-0,53%). El sector donde más ha crecido el paro ha sido en el colectivo sin empleo anterior (7,55%), seguido de los servicios (3,07%).

Se han registrado un total de 307.470 contratos en Andalucía, un 44,17% más que el mes anterior y un 0,96% más que en septiembre de 2009. La contratación indefinida, ha aumentado en 6.891 contratos con respecto al mes anterior, se sitúa en un 4,92% del total, frente al 8,78% a nivel nacional. No obstante, se reduce con respecto a septiembre de 2009. La contratación temporal experimenta un aumento también del 42,58% (87.307 contratos más).

La afiliación a la Seguridad Social ha disminuido. La media de afiliaciones en este mes ha sido de 2.865.014, un 0,35% menos que el mes pasado. 28 de cada 100 trabajadores en paro en nuestra comunidad autónoma no perciben ningún tipo de prestación por desempleo. En Andalucía hay más de 330.000 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en paro.

Para UGT Andalucía, el anuncio del Gobierno sobre el empeoramiento de las previsiones de paro en este año es otro argumento que pone en evidencia la incapacidad de la Reforma Laboral para la creación de empleo, tal y como se nos ha hecho creer. La contratación temporal ha sido 95,08%, por lo que se constata que la Reforma ni reduce ni va a reducir la dualidad en el mercado de trabajo.

Es primordial la mejora y el fortalecimiento de los Servicios Públicos de Empleo para que realicen una intermediación laboral eficaz y no diluir sus funciones a través de, por ejemplo, la legalización de las agencias privadas con ánimo de lucro que estarán al servicio del interés particular y conllevará el fomento de negocios privados. La disminución de los recursos destinados al Servicio Público de Empleo, contemplada en el Anteproyecto de Presupuestos para el año 2011, supone un ataque contra la protección social y los programas sobre políticas de empleo y formación.

UGT considera que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 son unos presupuestos regresivos que no fomentan la recuperación económica y la creación de empleo. Es la primera vez que no se ha cumplido el trámite de información y consulta con las organizaciones sindicales.

También se producen reducciones en el gasto en dependencia, en maternidad, en paternidad, en lo referente a riesgo durante el embarazo y a la lactancia natural. Se recortan las prestaciones familiares (eliminación del “cheque bebé” y supresión de las ayudas por hijos a cargo). Junto a esto la inversión y las ayudas a la vivienda protegida sufren recortes importantes. Todo esto significa un claro retroceso en las cuestiones más sociales que afectan a los trabajadores.

Además, también manifestamos nuestro rechazo al Anteproyecto de Presupuestos de la Seguridad Social para el año 2011, porque no se ajustan a las necesidades de protección social que demandan los trabajadores y los pensionistas. Y también denunciamos el incumplimiento de los compromisos que se alcanzaron en el marco del Diálogo Social en julio de 2006, como la integración del Régimen Especial Agrario y el Régimen Especial de Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social o la rebaja de la edad de jubilación en actividades penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres.

Después de la Huelga General hay más motivos aún para comprobar por qué los trabajadores exigimos “rectificación” de las políticas llevadas a cabo hasta el momento por el Gobierno y en concreto de la Reforma Laboral.

Multan a un alto cargo de la CEOE por humillar a sus subordinados

Otro problema en la CEOE. A la brecha que tiene abierta su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se suma ahora la multa de 25.000 euros que la Inspección de Trabajo ha impuesto al director de Relaciones Laborales, José de la Cavada, por una infracción "muy grave" por someter a prácticas humillantes a sus subordinados. "Todos los trabajadores entrevistados por la comisión de investigación manifiestan haber sufrido alguna vez un trato humillante por parte del director del departamento. [...]. Los testimonios son contundentes, reiterados, coincidentes y claros". En definitiva, "el necesario respeto de la dignidad de los trabajadores es incompatible con acciones y hechos como los acreditados", señala el informe. De la Cavada fue escuchado en la elaboración del informe y admitió que las desavenencias superaban las "simples discrepancias habituales en el entorno de trabajo".

La patronal conocía la situación y no la solucionó, según la inspección
La investigación abierta sobre De la Cavada, que llegó al cargo de la mano del actual secretario general, José María Lacasa, trascendió en verano. Pero no es esta la primera vez que De la Cavada toma protagonismo. Este mismo año en la negociación de la reforma laboral propuso en el Congreso un contrato sin derechos sociales para jóvenes, lo que enfadó a los sindicatos, ya que De la Cavada era el jefe del equipo negociador de la CEOE.

La Inspección de Trabajo da por cierto que De la Cavada sometió a sus subordinados a "decisiones, medidas y tratos que han vulnerado su derecho a la dignidad dentro de la empresa". "Su director exhibe", señala el informe, "un sistema autoritario de gestión con brusquedad y expresiones verbales que han provocado tensión y sufrimiento [...]. La presión a la que se han visto sometidos los trabajadores escapa al ámbito de la organización del trabajo y ha originado en ellos sentimientos de humillación, inferioridad y exclusión". "En resumen", proclama la inspectora de Trabajo, "de los hechos relatados se concluye que los trabajadores del Departamento de Relaciones Laborales han tenido que soportar unas condiciones de trabajo que suponen una vulneración del derecho a la consideración debida a su dignidad [...]".

La inspección también acredita la nula voluntad de la patronal para solucionar este problema. De hecho, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, recibió una denuncia interna de los trabajadores contra De la Cavada. "La empresa reconoce también la existencia de un conflicto interpersonal derivado de deficiencias en la organización del trabajo por lo que nos encontramos ante un incumplimiento contractual grave del empresario, pues ante una situación conflictiva de tales características, la empresa está obligada a intervenir, cosa que no hizo suficientemente pese a la queja de los trabajadores [...]".

La inspectora que ha llevado adelante la investigación también constata que la denuncia interna ya advertía graves elementos de alerta: "La situación descrita se viene acompañando de reiteradas manifestaciones del director que podrían ser susceptibles de calificarse como irrespetuosas y ofensivas [...] intimidatorias en el resultado. Ello sin querer entrar a considerar si, dado que se han manifestado sobre todo con algunas mujeres del departamento, podrían ser consideradas en su caso como indicios de acoso por razón de sexo". En segundo término, los denunciantes advertían a Lacasa del perjuicio que podría suponer si el conflicto trascendía extramuros. "Nos preocupa [...] las consecuencias en la imagen y reputación de la CEOE" y de su departamento, que debía ser ejemplar.