El PSOE en minoría para aprobar La Reforma Laboral

La reforma laboral del Gobierno de Zapatero llega este martes al Congreso de los diputados, donde será aprobada previsiblemente con el único voto a favor del PSOE, dando así el pistoletazo de salida a la tramitación urgente de Decreto Ley presentado en el Consejo de Ministros de la semana pasada.

La falta de apoyo explícito por parte del resto de formaciones expone la nueva normativa sobre el mercado laboral a futuras cambios sustanciales en su contenido. El PSOE no ha logrado conseguir que ninguna de las formaciones de la oposición apoye su propuesta y confía en recibir al menos una "abstención crítica" por parte del Partido Popular, CIU, PNV, Coalición Canaria y UPN, frente al voto en contra de las minorías de la izquierda parlamentaria y UPyD.

En cualquier caso, los socialistas siguen a la espera de que los 'populares' y la federación catalana confirmen el sentido de su voto, algo que estas dos formaciones quieren retrasar hasta inmediatamente antes del debate para apurar el margen de negociación con el Gobierno.

Mientras que ERC, pese a las negociaciones mantenidas con Corbacho en las últimas dos semanas, no contempla votar a favor de la norma y se debate entre la abstención y sumarse al rechazo de sus compañeros de grupos parlamentario, IU e ICV, así como de las formaciones adscritas al Grupo Mixto de la Cámara Baja, BNG, Nafarroa Bai y UPyD.
En este sentido, el secretario general de ERC, Joan Ridao, reclamó garantías de que se "equilibrará" el decreto antes de mañana por la tarde a cambio de que la formación republicana pase de votar 'no' a abstenerse en el Congreso.

Acuerdo en lo sustancial

Después del trámite de la convalidación en la Cámara Baja, el Grupo Socialista pretende aprovechar el mes de julio para acelerar el proceso, una idea que PP, CIU y PNV están dispuestos a facilitar, con lo que se sumaría la mayoría de votos suficiente en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja para diseñar el calendario extraordinario para la Comisión de Trabajo e Inmigración.

Los socialistas confían en lograr un acuerdo que impida cambios sustanciales en el decreto, que ya ha entrado en vigor, a cambio de aceptar modificaciones en aspectos que no quedan explicitados en la norma original, como las condiciones que permiten a las empresas acogerse al despido de 20 días por indemnización y diversos aspectos relativos a la flexibilización de la negociación colectiva.

La alternativa del PP

Sin embargo, los grupos no renuncian a entrar más en profundidad en otros aspectos de la norma, en especial el PP, cuyo equipo económico, que lidera Cristóbal Montoro, ha estado examinado exhaustivamente en los últimos días para presentar una alternativa en materias relacionadas también en materia de temporalidad y bonificaciones.

Estas últimas suponen la mayor parte (471 millones de euros) de los 740,5 millones de euros que tendrá la reforma, según las estimaciones del Gobierno. La reforma propiciará la firma de 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos, de los que el 1,33 millones, el 56%, corresponderán a la modalidad de fomento de la contratación indefinida con 33 días por indemnización en 2010 y 2011.

En esos dos años, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) abonará 123,62 millones correspondiente al pago de ocho días de indemnización por despido en todos los contratos indefinidos que se extingan, que ascenderían a 179.145 despidos.

El 29 de Septiembre puede ser un buen día

Las organizaciones sindicales han anunciado la convocatoria de una huelga general para el 29 de septiembre. Cándido Méndez ha señalado que habrá dos fechas destacadas en un proceso de movilización ascendente. La primera será el 30 de junio.
Los Secretarios Generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han anunciado la convocatoria de una Huelga General para el 29 de septiembre.
Cándido Méndez ha señalado que de aquí al 29 de septiembre habrá dos grandes escalones en el proceso de movilización ascendente, el primero será el 30 de junio, cuando se convocarán manifestaciones en las distintas Comunidades Autónomas y el segundo, el 9 de septiembre, ya que tendrá lugar un acto masivo de representantes sindicales en Madrid.
La movilización, ha subrayado, tendrá lugar el día que se celebra la reunión del Ecofin (Consejo de Economía y Finanzas) y coincidirá con la euromanifestación organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas para exigir de la Unión Europea una estrategia de salida a la crisis basada en el crecimiento y el empleo y contra los recortes sociales.
Méndez ha resaltado que la propuesta planteada por el Gobierno consolida un “cambio de carril” en su política de lucha contra la crisis, un cambio de carril “definitivo” impuesto por la Unión Europea y que manifiesta la “clara quiebra de su discurso político”.
Es una “reforma regresiva, que no va a generar confianza, que va a ser inútil para resolver los problemas del mercado laboral, que abarata el despido y abre aún más la puerta a la intermediación privada en el mercado laboral”, por ello convocan esta huelga “con toda la legitimidad y con toda la razón” ha añadido.

“Fecha oportuna”

El Secretario General de UGT ha destacado que se trata de “una fecha oportuna que ni está fuera de plazo en términos de retraso ni mucho menos en términos de anticipación”, ya que a lo largo del mes de septiembre el Gobierno va a tramitar como Proyecto de Ley el Decreto Ley que se aprobará mañana y “en ese momento estará sometido al escrutinio de los grupos parlamentarios y de la sociedad española”. Además ha explicado que en ese periodo ya conoceremos el alcance de las reformas que el Gobierno quiere plantear en materia de Sistema Público de Pensiones y sabremos también el contenido de los Presupuestos Generales para 2011.

Reuniones con los Grupos Parlamentarios

Méndez y Toxo han anunciado además que van a iniciar conversaciones con el conjunto de los Grupos Parlamentarios para trasladarles la opinión de las organizaciones sindicales sobre la propuesta del Gobierno y llamarles a la responsabilidad.

¿ Reforma Laboral?

El abaratamiento y la agilización del despido constituyen las fórmulas clave que pone en marcha la reforma laboral para atajar la temporalidad excesiva. Tras elaborar varios borradores, el Consejo de Ministros aprobó ayer finalmente el decreto que regulará el mercado de trabajo a partir de mañana, con cambios que endurecen las medidas inicialmente propuestas e inclinan la reforma hacia las demandas empresariales. Se trata de una reforma de gran calado -"la más importante en 20 años", según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega- que invalida la principal promesa del presidente del Gobierno al inicio de este proceso: "No habrá despidos más baratos ni más fáciles ni más libres"

El Ejecutivo consolida el abaratamiento del despido por una doble vía. En primer lugar, se abre la puerta a que cualquier vaivén en una empresa justifique el despido por motivos económicos, que comporta una indemnización de 20 días por año, frente a los 45 ordinarios del despido improcedente. La redacción final del decreto que hoy publicará el Boletín Oficial del Estado es mucho más difusa de lo previsto. En lugar de exigir pérdidas para justificar esos despidos, el Ejecutivo opta por considerar suficiente que "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa".

Se trata de una redacción que permite cualquier tipo de interpretación judicial, pues en la categoría de situación económica negativa caben desde pérdidas hasta una caída de la facturación o una depreciación de activos. La intención del Ejecutivo ha sido dejar abierto ese criterio a las aportaciones que los grupos políticos harán durante la tramitación parlamentaria del decreto. El propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, explicó ayer a los periodistas que la mayor parte de los cambios introducidos respecto al planteamiento inicial obedecen a las sugerencias de los grupos (se entiende que los que tienen más visos de apoyar el decreto, principalmente CiU).

La segunda fórmula -la más clara- de abaratamiento del despido consiste en aplicar sin titubeos la pretensión inicial de este proceso: universalizar el contrato fijo con indemnización de 33 días, frente a los 45 ordinarios. La redacción final del decreto incluye en este contrato al único colectivo formalmente excluido hasta ahora: los hombres de 31 a 44 años que hayan sido despedidos de un puesto fijo, un muy amplio contingente.

De esa forma, el contrato de 45 días se mantiene para todos los ya vigentes, que en ningún caso se reformularán, y para los fichajes de trabajadores que pasen de una empresa a otra. "El Gobierno apuesta decididamente por que este contrato sea utilizado por el mayor número de personas posible", aseguró Corbacho tras el Consejo de Ministros. Tanto él como De la Vega insistieron en que la reforma pretende que el despido sea "la última opción". Resultará, eso sí, más fácil y barata.

Un instrumento para lograrlo será la financiación, a cargo de un fondo público, de parte de los costes de despido. El Fogasa, engrosado con cotizaciones empresariales, abonará ocho días por año de cualquier indemnización por despido económico (tanto del procedente de 20 días como del improcedente de 33 o de 45). Ese pago solo regirá para los contratos indefinidos suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma -no se aplica a los ya vigentes- y siempre que la relación laboral haya durado más de un año.

A partir del 1 de enero de 2012, un nuevo fondo de capitalización se encargará de financiar parcialmente el despido con los criterios que se establezcan a través de una regulación específica. El decreto aprobado ayer subraya que ese nuevo fondo se introducirá "sin incremento de las cotizaciones empresariales", lo que siembra dudas sobre la forma de financiarlo. Preguntado al respecto, Corbacho no quiso aclararlo, aunque sí especificó que el cambio será neutro para las empresas. Es decir, si deben engrosar el nuevo fondo, lo más probable es que ese incremento de costes laborales se compense con rebajas en otras partidas.

Todas estas modificaciones escoran el texto a favor de las demandas empresariales. La única concesión a los sindicatos ha sido eliminar la figura obligatoria de arbitraje cuando la empresa y los trabajadores no se pongan de acuerdo en modificar las condiciones salariales, geográficas y organizativas del trabajo. La intención inicial era instar a una mediación obligatoria en caso de discrepancias. Con la nueva redacción -el Gobierno fue advertido de que el texto podía ser inconstitucional- el árbitro actuará solo si las dos partes están de acuerdo.

Sin acuerdos para la Reforma Laboral

La reforma laboral saldrá adelante sin acuerdo. Tras casi 11 horas de intensa reunión, el Gobierno, la patronal y los sindicatos han concluido al filo de las seis de la mañana las negociaciones para pactar los cambios en el mercado de trabajo. Pese a que la duración del encuentro hacía presagiar que el acuerdo estaba más próximo que hace unos días, las diferencias en los planteamientos, especialmente en lo referente al despido, han frustrado las expectativas. Fuentes del Ministerio de Trabajo han constatado que "no ha habido margen para el acuerdo" entre las tres partes, informa EFE. Según el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, las causas para poder hacer un despido procedente y la cuantía de las indemnizaciones han sido las cuestiones principales por las que han acabado sin acuerdo.

Con el esfuerzo último de ayer, en el que los responsables de patronal y sindicatos recibieron dos documentos con las propuestas principales del Ejecutivo, las partes dan por concluida la negociación de reforma laboral. El Gobierno citará, eso sí, por separado a patronal y sindicatos para establecer una ronda de consultas -no negociación- sobre el decreto que lleva semanas preparando ante la evidencia de que el acuerdo resultaba complejo. Será el próximo viernes, aseguran fuentes de la negociación, después de que los agentes sociales reciban el documento final que el Ejecutivo pretende aprobar en el Consejo de Ministros del próximo día 16. Con el texto en la mano, sindicatos y patronal expresarán su opinión a los representantes del Ministerio de Trabajo. Ante la falta de acuerdo, el Gobierno tendrá que aprobar la reforma por decreto y en este caso no tiene garantizada la mayoría en el Parlamento.

El encuentro comenzó a las 19.30. A las 2.30 de la madrugada aún le quedaban "horas", según aventuraban fuentes de la negociación. A las 3.30 la reunión continuaba. Un poco antes, asesores jurídicos de los sindicatos UGT y CC OO y de la patronal llegaban al Ministerio de Trabajo para incorporarse a la reunión. Finalmente, concluyó poco antes de las seis de la madrugada.

La paradoja reside en que ninguna de las partes admite que lo dilatado de la sesión haya sido sintomático de un acercamiento de posturas. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho y el el jefe de gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano, han presidido la reunión en la sede de Trabajo. Por la parte sindical han acudido los secretarios generales de UGT (Cándido Méndez) y CC OO (Ignacio Fernández Toxo) y por CEOE, su presidente, Gerardo Díaz Ferrán. Un encuentro fijado como la última oportunidad, aunque el propio Corbacho abrió la puerta a seguir negociando hasta este domingo.

CEOE será la primera en valorar esta mañana el resultado de las negociaciones. La organización ha convocado a sus órganos de gobierno para evaluar el documento de seis puntos presentado anoche por el Gobierno. Los sindicatos tienen previstas reuniones de responsables, aunque los órganos de gobierno no se verán hasta la semana próxima, lo que puede demorar el intento de acuerdo prácticamente hasta la fecha en que el Gobierno aprobará su decreto, el 16 de junio.

EL COSTE DEL DESPIDO, la novedad

El Gobierno lanzó anoche su última propuesta para pactar la reforma laboral con empresarios y sindicatos. La principal novedad del esquema de seis puntos presentado por Corbacho radica en el coste del despido. El Ejecutivo ha ensayado una vía intermedia para aligerar las cantidades que pagan los empresarios sin rebajar lo que perciben los trabajadores. La solución es que el Estado financie, a través del Fondo de Garantía Salarial, una parte de las indemnizaciones por despido (ocho días en todos los casos). El único requisito es que los despidos sean por razones económicas, no disciplinarias, y se podrá aplicar tanto a los casos procedentes como a los improcedentes.

Con esta fórmula, el fondo, engrosado con aportaciones empresariales, abonará una parte fija de cualquier despido (de 20 días, de 33 o de 45). Hasta ahora el Fondo de Garantía Salarial solo costeaba los despidos objetivos de empresas con menos de 25 trabajadores. De prosperar la medida, aumentaría mucho el radio de acción de este instrumento.

Además de la subvención del despido, el otro elemento fundamental del documento consiste en allanar el camino a las empresas para que puedan acogerse al despido por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días por año trabajado frente a los 45 del improcedente. Esa sería la vía más eficaz ?y más demandada por los empresarios? para aligerarles el coste del despido. Porque la legislación actual ya permite acogerse a los 20 días por año cuando la empresa reduce plantilla por motivos económicos, pero los procesos judiciales suelen ser tan largos e inciertos que los empresarios prefieren pagar un despido improcedente a cambio de olvidarse del trámite. Aun en estos años de crisis, el 80% de los despidos se han resuelto como improcedentes, lo que constituye una anomalía.

Si salen adelante las novedades previstas por el Ministerio de Trabajo, el juez tendría menor margen de maniobra para decidir si una empresa tenía razones para despedir. Se trataría de ofrecer unos parámetros objetivos (pérdidas de la empresa, por ejemplo) que el juez se limitase a aplicar, sin entrar a valorar la oportunidad de la extinción del contrato.

Otra vía para abaratar el coste del despido consistirá en generalizar como contrato indefinido el de 33 días de indemnización (frente a los 45 ordinarios). La contrapartida a esa propuesta, demandada por los empresarios, radica en el freno a la contratación temporal. Se aumentará hasta 12 días por año trabajado la indemnización por finalización de contrato temporal (ahora son ocho) y se acotará a un máximo de dos años la duración del contrato por obra y servicio, un auténtico coladero de eventualidad injustificada que ahora no tiene límite temporal.

El modelo alemán de reducción de jornada es uno de los puntos del esquema del Gobierno que más unanimidad suscitan. Consiste en fomentar que las empresas reduzcan la jornada de sus trabajadores en tiempos de crisis en lugar de despedirlos. Los empleados cobrarían el paro en la parte de la jornada que dejan de realizar. También recibe un respaldo prácticamente unánime la elaboración de un plan de empleo para jóvenes que concentre la mayor parte de las bonificaciones al empleo en este colectivo y amplíe el uso del contrato de formación, ahora residual.

Menos posibilidades de acuerdo se vislumbran en el sexto punto del documento: la entrada de agencias privadas de colocación en el ámbito de los servicios públicos de empleo para fomentar la intermediación laboral. Los sindicatos se oponen a que entidades con ánimo de lucro puedan hacer labor de intermediación con el beneplácito del Estado.


VIA RAPIDA PARA DESCOLGARSE DEL CONVENIO

Por primera vez en un documento oficial, el Gobierno ha aludido a la negociación colectiva como vía para capear la crisis. Más allá de los costes del despido y los incentivos al empleo, el Ejecutivo ha encontrado una nueva fórmula para agilizar las decisiones empresariales en tiempos de crisis. Se trata de permitir que las empresas con dificultades puedan acogerse a la cláusula de descuelgue (es decir, desvincularse de lo pactado en el convenio, tanto en cuestiones salariales como en la organización del trabajo) sin necesidad de que haya acuerdo con los trabajadores.

En la actualidad, ese trámite suele ser complejo, pues requiere pactar con los trabajadores y eso suele llevar tiempo. Eximir al empresario de ese trámite cuando atraviesa dificultades le permitiría tomar más rápidamente decisiones que impactarían directamente en su cuenta de resultados. Para no dejar la decisión exclusivamente en manos empresariales, algo que encendería los ánimos sindicales, Trabajo plantea recurrir a un árbitro en esos casos. El mediador externo estudiaría la causa y emitiría un laudo de obligado cumplimiento para ambas partes. De ese modo, la empresa se ahorra el trámite judicial, que suele demorar las decisiones en momentos en que se necesita celeridad.

Hasta ahora, el documento más detallado de reforma laboral del Gobierno, presentado el pasado 12 de abril, reconocía la necesidad de cambios en la negociación colectiva, pero remitía al diálogo que tenían previsto acometer empresarios y sindicatos en este primer semestre del año. Con este cambio de rumbo, el Ejecutivo se adentra en el espinoso asunto de los convenios para aligerar el marco laboral.

FSP-UGT Rechaza el Decretazo

Con este Real Decreto nos encontramos con una decisión injusta que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva.

Una vez analizado el Decreto Ley 8/2010, nos ratificamos en el rechazo a la medida propuesta por el Gobierno dirigida a recortar el salario de los empleados públicos.

Un Gobierno que, por ineptitud, negligencia u otros motivos menos confesables ha incumplido, nueve meses después de su firma, un Acuerdo suscrito con los Sindicatos en el ámbito de los Servicios Públicos, que fue considerado modélico y un ejercicio de responsabilidad a la hora de alcanzar una serie de compromisos solidarios y coherentes con la mala situación económica del país.

Y es que, si la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado jueves 20 de mayo, ya anunciaba unas líneas de actuación que hacía prever una importante y cuantiosa repercusión del recorte en las retribuciones de los empleados públicos; tras la publicación del RDL, y las concreciones que al respecto presenta, queda evidenciada la drástica pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir mensualmente a partir de la nómina de junio, con el colofón de una paga extraordinaria en diciembre tremendamente disminuida.

Un recorte salarial que se lleva a cabo mediante la modificación de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, y cuyos efectos se consolidan para los próximos años, con lo que se puede afirmar, sin ninguna duda, que su repercusión tendrá una acusada incidencia a lo largo de muchos años, pues no en vano, la reducción decretada por el Gobierno sitúa a los empleados públicos en niveles salariales del año 2004.

Así, nos encontramos con una injusta decisión que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva, convirtiéndolos en paganos de una situación que no han contribuido a generar, y poniendo en cuestión la función tan esencial que desempeñan de cara a la ciudadanía, a cambio de “hacer caja” con sus, de por sí, moderados salarios.

Con esta rebaja, el Gobierno cambia su orientación social por otra marcadamente neoliberal, convirtiéndose en cómplice de los sectores e intereses económicos más antisociales. Renuncia a un modelo social que conjugue crecimiento y cohesión social, aplicando una política y filosofía que alientan y favorecen el desmantelamiento de los pilares que sustentan el Estado de Bienestar en España, lo que derivará en una sociedad menos democrática, menos igualitaria y menos libre.

En definitiva, este RDL justifica la Huelga General de Empleados Públicos del próximo 8 de junio, como la necesaria e inevitable expresión del contundente rechazo de los empleados públicos a las medidas del Gobierno, inequívocamente dirigidas a recortar sus salarios y a negar su derecho a la Negociación Colectiva. Es también la manifestación de la repulsa que merecen las actitudes del Gobierno que culpabiliza a los empleados públicos del déficit público.

Aprovado el Zapatazo en el Congreso

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha confirmado que su diez diputados salvarán el decreto del recorte de gasto y, de paso, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su abstención se sumará a la de Coalición Canaria y UPN, de tal forma que el decreto se convalidará por un voto de diferencia, si nadie se equivoca al votar.

El resultado previsto de la votación es de 169 votos a favor y 168 en contra
"El problema es usted y su Gobierno", le ha dicho Duran a Zapatero. "Su etapa está finiquitada, no convoque elecciones ahora, porque sería lo peor ahora quedarse sin Gobierno, pero después de hacer la reforma laboral y los Presupuestos que no tendrán nuestro apoyo es la hora" de que lo haga, le ha advertido.

Duran, Ana Oramas (CC) y Carlos Salvador (UPN), aunque salvan a Zapatero, han lanzado ataques muy duros al Gobierno y han asegurado que se abstendrán por responsabilidad. "Me siento como el que le dicen que le tienen que cortar una pierna porque se extiende la gangrena", ha dicho Salvador.

Y el portavoz de CiU ha asegurado que votan sin pensar en las elecciones y dando por hecho que sus electores no entenderán su posición. Ha asegurado que hará lo posible para que se reconsidere la congelación de las pensiones, sobre la que han votado en contra todos los grupos del Congreso y del Senado esta semana.

"Si se rechazara mañana los mercados castigarían nuestra deuda y sería muy difícil emitir deuda", ha dicho para justificar la abstención. Para evitar que "España no caiga en un pozo más profundo".

El Real Decreto lo ha defendido, finalmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quien ha pedido su convalidación porque las medidas que recoge son "imprescindibles y urgentes" y ha asegurado que aunque los indicadores económicos presentan una tendencia a la mejoría y España se ha incorporado desde comienzos de año a la recuperación de la economía mundial, ésta no está exenta de riesgos.

Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha hecho las veces de portavoz de los grupos que, junto al PP, se oponen al recorte social. Rajoy ha confirmado que ""simple y claramente" votarán que no y ha defendido su postura alegando para tratar de evitar que "el principal problema de la economía española", el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, continúe en el cargo.

Al PSOE le vale mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Hasta ayer, el Gobierno daba por hecha la abstención de CiU, PNV, Coalición Canaria y UPN y solo los votos en contra del PP, UPyD y la izquierda (ERC, BNG, IU, ICV y Nafarroa Bai). Sin embargo, por la tarde, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu , anunció el voto en contra de sus siete diputados "por su desacuerdo tanto de forma como en el fondo", informa Alberto Uriona.

El líder peneuvista censuró que no se convoque una gran mesa de diálogo, "equiparable a los Pactos de La Moncloa", y que las medidas no sean diferenciadas para las comunidades "que hemos hecho los deberes", en alusión a Euskadi. Urkullu enfatizó que han buscado el acuerdo y que el martes enviaron una carta al Gobierno con sus propuestas, como no aplicar la reducción de sueldos de los funcionarios, mantener las pensiones y que no se reduzcan las inversiones . "No hemos obtenido respuesta salvo derivarlo a los Presupuestos", dijo. Urkullu criticó la "confusión, la falta de concreción, la improvisación y la falta de criterio".

El cambio de actitud del PNV tiene un valor político enorme, porque fue el partido que le permitió a Zapatero sacar adelante los últimos Presupuestos y está llamado a hacer lo mismo con los del año próximo. CiU y CC se abstienen por responsabilidad, pero después de un debate muy duro en sus partidos con los que querían votar en contra. Si no hay ausencias, el sí tendrá 169 votos y el no 168, más 13 abstenciones. El PP tiene a un diputado enfermo y la diferencia podría ser de dos, pero en todo caso será muy justa la votación. El PP confirmó ayer que votará no porque el decreto incluye la congelación de las pensiones, pese a que anteayer el Congreso y ayer el Senado votaron en contra de esa medida, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE. Si el Gobierno supera esa votación hay otra más que a los socialistas les tiene preocupados: la petición de que el decreto se tramite como proyecto de ley. Es decir, que a ese texto ya en vigor se le puedan introducir cambios. Al Gobierno le aterra esta posibilidad, porque le pondría en serios aprietos en Europa. Esta votación está en el aire, porque CiU y CC rechazan puntos concretos, como el de las pensiones, y ayer no habían decidido aún qué harían. Una derrota del Gobierno, en este punto y momento, dejaría también a Zapatero tambaleándose.

La Patronal , Los Sindicatos y la Reforma Laboral

El diálogo social vive hoy un día decisivo. Los líderes de sindicatos y patronal encaran una reunión clave para tratar de cerrar de una vez por todas -cuatro meses después de reiniciar la negociación- el pacto para una reforma laboral . Sobre la mesa están las causas del despido, bonificaciones, incapacidad temporal o plan de empleo juvenil, temas todos abiertos. El fin es cerrarlos antes de que se acabe mayo. En caso contrario, el Gobierno sacará adelante la reforma laboral por decreto, si Zapatero se atiene al guión que esbozó la semana pasada.

Casi desde que comenzó el mes, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y vicepresidente, Santiago Herrero, se metieron de lleno en las negociaciones. Entonces el acuerdo parecía posible, ahora existen muchas dudas de que pueda cerrar. Desde posiciones sindicales, ayer mismo se mostraba bastante pesimismo. Prácticamente al mismo tiempo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que como el resto del Gobierno se ha mantenido en segundo plano en el tramo final, optó por ver el vaso medio lleno: "He recibido señales positivas".

Entre los factores que han modificado el escenario aparece el ajuste presupuestario, que ha sembrado la desconfianza de los sindicatos hacia el Gobierno. El recorte ha dado protagonismo al fantasma de la huelga general, cuya convocatoria dependerá del resultado de la reforma.

Para allanar el encuentro de los líderes hoy, que entre fuentes cercanas a la negociación se preveía "maratoniano", ayer hubo una reunión previa de los equipos negociadores.

Precisamente para abordar este tema, Díaz Ferrán reunió ayer a sus vicepresidentes. Pero antes de ese encuentro se vio con el más veterano de ellos, el presidente de Confemetal y ex ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio. En la cita, este último le pidió la dimisión, tal y como habían acordado los órganos de gobierno de su organización. Luego, en el encuentro de vicepresidentes, al que acudieron 17 de los 21 con los que cuenta CEOE, ninguno de ellos sacó a colación la dimisión de Díaz Ferrán. Sí hubo una propuesta de Santiago Herrero para convocar junta directiva el próximo lunes y abordar la reforma laboral, pero fue rechazada. Más allá de ese detalle, la reunión se atuvo al guión previsto. Se ratificaron las posiciones de la patronal en la mesa del diálogo social y se acordó que las conversaciones tienen que acabar, con acuerdo o sin él, antes del 31 de mayo.

Desde que en diciembre se agudizaran los problemas empresariales de Díaz Ferrán, su posición en la patronal se ha deteriorado. La petición de Confemetal, una de las patronales con mayor peso, se suma a la que ya formuló el Instituto de la Empresa Familiar o parte del empresariado catalán. Sin embargo, Díaz Ferrán ha manifestado a EL PAÍS que por su cabeza no pasa dimitir.

El objetivo del presidente de CEOE es cerrar el acuerdo laboral en mayo y ponerlo a rodar en la asamblea, que se reunirá el 22 de junio. Hasta esa fecha, al menos, Díaz Ferrán no tiene previsto hacer movimiento alguno.

En auxilio de este calendario, acude el diálogo social. "Primero hay que cerrar este capítulo y luego abrir el otro", comentaba ayer un dirigente de CEOE, que asumía con pesar que la posición de Díaz Ferrán es difícilmente sostenible. Si esta opinión se extiende, puede que el líder de la patronal tuviera que dejar el cargo antes del día 22. Entonces su relevo podría coincidir con las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, previstas para el 15 de junio. Si se llega a este punto, CEOE tendrá que poner en marcha un proceso electoral. Pero antes tendría que designarse un presidente transitorio, cargo que probablemente recaería en uno de los vicepresidentes más veteranos: Pérez de Bricio, de Confemetal, o José María Aguirre González, de la Asociación para el Progreso de la Dirección.