FSP-UGT Rechaza el Decretazo

Con este Real Decreto nos encontramos con una decisión injusta que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva.

Una vez analizado el Decreto Ley 8/2010, nos ratificamos en el rechazo a la medida propuesta por el Gobierno dirigida a recortar el salario de los empleados públicos.

Un Gobierno que, por ineptitud, negligencia u otros motivos menos confesables ha incumplido, nueve meses después de su firma, un Acuerdo suscrito con los Sindicatos en el ámbito de los Servicios Públicos, que fue considerado modélico y un ejercicio de responsabilidad a la hora de alcanzar una serie de compromisos solidarios y coherentes con la mala situación económica del país.

Y es que, si la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado jueves 20 de mayo, ya anunciaba unas líneas de actuación que hacía prever una importante y cuantiosa repercusión del recorte en las retribuciones de los empleados públicos; tras la publicación del RDL, y las concreciones que al respecto presenta, queda evidenciada la drástica pérdida de poder adquisitivo que van a sufrir mensualmente a partir de la nómina de junio, con el colofón de una paga extraordinaria en diciembre tremendamente disminuida.

Un recorte salarial que se lleva a cabo mediante la modificación de la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, y cuyos efectos se consolidan para los próximos años, con lo que se puede afirmar, sin ninguna duda, que su repercusión tendrá una acusada incidencia a lo largo de muchos años, pues no en vano, la reducción decretada por el Gobierno sitúa a los empleados públicos en niveles salariales del año 2004.

Así, nos encontramos con una injusta decisión que discrimina y menosprecia a los empleados públicos de las Administraciones Públicas, vulnerando su derecho a la negociación colectiva, convirtiéndolos en paganos de una situación que no han contribuido a generar, y poniendo en cuestión la función tan esencial que desempeñan de cara a la ciudadanía, a cambio de “hacer caja” con sus, de por sí, moderados salarios.

Con esta rebaja, el Gobierno cambia su orientación social por otra marcadamente neoliberal, convirtiéndose en cómplice de los sectores e intereses económicos más antisociales. Renuncia a un modelo social que conjugue crecimiento y cohesión social, aplicando una política y filosofía que alientan y favorecen el desmantelamiento de los pilares que sustentan el Estado de Bienestar en España, lo que derivará en una sociedad menos democrática, menos igualitaria y menos libre.

En definitiva, este RDL justifica la Huelga General de Empleados Públicos del próximo 8 de junio, como la necesaria e inevitable expresión del contundente rechazo de los empleados públicos a las medidas del Gobierno, inequívocamente dirigidas a recortar sus salarios y a negar su derecho a la Negociación Colectiva. Es también la manifestación de la repulsa que merecen las actitudes del Gobierno que culpabiliza a los empleados públicos del déficit público.

Aprovado el Zapatazo en el Congreso

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, ha confirmado que su diez diputados salvarán el decreto del recorte de gasto y, de paso, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su abstención se sumará a la de Coalición Canaria y UPN, de tal forma que el decreto se convalidará por un voto de diferencia, si nadie se equivoca al votar.

El resultado previsto de la votación es de 169 votos a favor y 168 en contra
"El problema es usted y su Gobierno", le ha dicho Duran a Zapatero. "Su etapa está finiquitada, no convoque elecciones ahora, porque sería lo peor ahora quedarse sin Gobierno, pero después de hacer la reforma laboral y los Presupuestos que no tendrán nuestro apoyo es la hora" de que lo haga, le ha advertido.

Duran, Ana Oramas (CC) y Carlos Salvador (UPN), aunque salvan a Zapatero, han lanzado ataques muy duros al Gobierno y han asegurado que se abstendrán por responsabilidad. "Me siento como el que le dicen que le tienen que cortar una pierna porque se extiende la gangrena", ha dicho Salvador.

Y el portavoz de CiU ha asegurado que votan sin pensar en las elecciones y dando por hecho que sus electores no entenderán su posición. Ha asegurado que hará lo posible para que se reconsidere la congelación de las pensiones, sobre la que han votado en contra todos los grupos del Congreso y del Senado esta semana.

"Si se rechazara mañana los mercados castigarían nuestra deuda y sería muy difícil emitir deuda", ha dicho para justificar la abstención. Para evitar que "España no caiga en un pozo más profundo".

El Real Decreto lo ha defendido, finalmente, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, quien ha pedido su convalidación porque las medidas que recoge son "imprescindibles y urgentes" y ha asegurado que aunque los indicadores económicos presentan una tendencia a la mejoría y España se ha incorporado desde comienzos de año a la recuperación de la economía mundial, ésta no está exenta de riesgos.

Por su parte, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ha hecho las veces de portavoz de los grupos que, junto al PP, se oponen al recorte social. Rajoy ha confirmado que ""simple y claramente" votarán que no y ha defendido su postura alegando para tratar de evitar que "el principal problema de la economía española", el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, continúe en el cargo.

Al PSOE le vale mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Hasta ayer, el Gobierno daba por hecha la abstención de CiU, PNV, Coalición Canaria y UPN y solo los votos en contra del PP, UPyD y la izquierda (ERC, BNG, IU, ICV y Nafarroa Bai). Sin embargo, por la tarde, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu , anunció el voto en contra de sus siete diputados "por su desacuerdo tanto de forma como en el fondo", informa Alberto Uriona.

El líder peneuvista censuró que no se convoque una gran mesa de diálogo, "equiparable a los Pactos de La Moncloa", y que las medidas no sean diferenciadas para las comunidades "que hemos hecho los deberes", en alusión a Euskadi. Urkullu enfatizó que han buscado el acuerdo y que el martes enviaron una carta al Gobierno con sus propuestas, como no aplicar la reducción de sueldos de los funcionarios, mantener las pensiones y que no se reduzcan las inversiones . "No hemos obtenido respuesta salvo derivarlo a los Presupuestos", dijo. Urkullu criticó la "confusión, la falta de concreción, la improvisación y la falta de criterio".

El cambio de actitud del PNV tiene un valor político enorme, porque fue el partido que le permitió a Zapatero sacar adelante los últimos Presupuestos y está llamado a hacer lo mismo con los del año próximo. CiU y CC se abstienen por responsabilidad, pero después de un debate muy duro en sus partidos con los que querían votar en contra. Si no hay ausencias, el sí tendrá 169 votos y el no 168, más 13 abstenciones. El PP tiene a un diputado enfermo y la diferencia podría ser de dos, pero en todo caso será muy justa la votación. El PP confirmó ayer que votará no porque el decreto incluye la congelación de las pensiones, pese a que anteayer el Congreso y ayer el Senado votaron en contra de esa medida, con el apoyo de todos los grupos, salvo el PSOE. Si el Gobierno supera esa votación hay otra más que a los socialistas les tiene preocupados: la petición de que el decreto se tramite como proyecto de ley. Es decir, que a ese texto ya en vigor se le puedan introducir cambios. Al Gobierno le aterra esta posibilidad, porque le pondría en serios aprietos en Europa. Esta votación está en el aire, porque CiU y CC rechazan puntos concretos, como el de las pensiones, y ayer no habían decidido aún qué harían. Una derrota del Gobierno, en este punto y momento, dejaría también a Zapatero tambaleándose.

La Patronal , Los Sindicatos y la Reforma Laboral

El diálogo social vive hoy un día decisivo. Los líderes de sindicatos y patronal encaran una reunión clave para tratar de cerrar de una vez por todas -cuatro meses después de reiniciar la negociación- el pacto para una reforma laboral . Sobre la mesa están las causas del despido, bonificaciones, incapacidad temporal o plan de empleo juvenil, temas todos abiertos. El fin es cerrarlos antes de que se acabe mayo. En caso contrario, el Gobierno sacará adelante la reforma laboral por decreto, si Zapatero se atiene al guión que esbozó la semana pasada.

Casi desde que comenzó el mes, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y vicepresidente, Santiago Herrero, se metieron de lleno en las negociaciones. Entonces el acuerdo parecía posible, ahora existen muchas dudas de que pueda cerrar. Desde posiciones sindicales, ayer mismo se mostraba bastante pesimismo. Prácticamente al mismo tiempo, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que como el resto del Gobierno se ha mantenido en segundo plano en el tramo final, optó por ver el vaso medio lleno: "He recibido señales positivas".

Entre los factores que han modificado el escenario aparece el ajuste presupuestario, que ha sembrado la desconfianza de los sindicatos hacia el Gobierno. El recorte ha dado protagonismo al fantasma de la huelga general, cuya convocatoria dependerá del resultado de la reforma.

Para allanar el encuentro de los líderes hoy, que entre fuentes cercanas a la negociación se preveía "maratoniano", ayer hubo una reunión previa de los equipos negociadores.

Precisamente para abordar este tema, Díaz Ferrán reunió ayer a sus vicepresidentes. Pero antes de ese encuentro se vio con el más veterano de ellos, el presidente de Confemetal y ex ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio. En la cita, este último le pidió la dimisión, tal y como habían acordado los órganos de gobierno de su organización. Luego, en el encuentro de vicepresidentes, al que acudieron 17 de los 21 con los que cuenta CEOE, ninguno de ellos sacó a colación la dimisión de Díaz Ferrán. Sí hubo una propuesta de Santiago Herrero para convocar junta directiva el próximo lunes y abordar la reforma laboral, pero fue rechazada. Más allá de ese detalle, la reunión se atuvo al guión previsto. Se ratificaron las posiciones de la patronal en la mesa del diálogo social y se acordó que las conversaciones tienen que acabar, con acuerdo o sin él, antes del 31 de mayo.

Desde que en diciembre se agudizaran los problemas empresariales de Díaz Ferrán, su posición en la patronal se ha deteriorado. La petición de Confemetal, una de las patronales con mayor peso, se suma a la que ya formuló el Instituto de la Empresa Familiar o parte del empresariado catalán. Sin embargo, Díaz Ferrán ha manifestado a EL PAÍS que por su cabeza no pasa dimitir.

El objetivo del presidente de CEOE es cerrar el acuerdo laboral en mayo y ponerlo a rodar en la asamblea, que se reunirá el 22 de junio. Hasta esa fecha, al menos, Díaz Ferrán no tiene previsto hacer movimiento alguno.

En auxilio de este calendario, acude el diálogo social. "Primero hay que cerrar este capítulo y luego abrir el otro", comentaba ayer un dirigente de CEOE, que asumía con pesar que la posición de Díaz Ferrán es difícilmente sostenible. Si esta opinión se extiende, puede que el líder de la patronal tuviera que dejar el cargo antes del día 22. Entonces su relevo podría coincidir con las elecciones de la patronal de pequeñas y medianas empresas, Cepyme, previstas para el 15 de junio. Si se llega a este punto, CEOE tendrá que poner en marcha un proceso electoral. Pero antes tendría que designarse un presidente transitorio, cargo que probablemente recaería en uno de los vicepresidentes más veteranos: Pérez de Bricio, de Confemetal, o José María Aguirre González, de la Asociación para el Progreso de la Dirección.

¿ Tributo para los Ricos ?

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recuperado la opción de crear un nuevo impuesto para las rentas más altas. Después de varias dudas y de haber frenado el debate, Zapatero ha anunciado durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso que "en breves semanas" se conocerá la nueva figura impositiva que no afectara "al 99,9% de los ciudadanos". El jefe del Gobierno dio a entender que no será un cambio en el IRPF y sí para los que tienen "alta capacidad económica", a quienes pidió "un esfuerzo solidario".

El presidente respondía así al líder del PP, Mariano Rajoy, quien incidió en las contradicciones del Gobierno que, según ha dicho, provocan desconfianza y acaban con la credibilidad del Ejecutivo.

Zapatero ha justificado las contradicciones en que "a veces hay que cambiar de opinión" y ha espetado al líder de la oposición: "Para cambiar de opinión hay que tenerla y usted no la tiene".

Antes, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha lamentado la falta de liderazgo y le ha emplazado a aprobar la reforma laboral el 4 de junio, aunque no haya acuerdo entre los agentes sociales.

Precisamente hoy patronal y sindicatos protagonizarán un día decisivo en lo que a dicha reforma se refiere. Los agentes sociales encaran una reunión clave para tratar de cerrarla de una vez por todas, cuatro meses después de reiniciar la negociación y con el futuro de Díaz Ferrán al frente de la CEOE en entredicho.

Al Parlamento ha vuelto también el enfrentamiento entre la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. "Ustedes están asilvestrados, a la espera del botín electoral", le ha dicho la vicepresidenta a la portavoz del PP.

Mientras, continúa la segunda jornada de reproches para el Gobierno en Las Cortes. Si ayer la oposición derrotaba al Ejecutivo en el Pleno del Congreso en varias votaciones que cuestionaban el recorte social aprobado por el Consejo de Ministros el pasado jueves mientras los senadores del PP pedían a gritos la dimisión del presidente del Gobierno, hoy afronta una sesión de control centrada en los cambios de criterio del Gobierno, la indeterminada subida de impuestos "para los que más tienen" y las propias medidas de ajuste (PDF) que, además, deberán ser convalidadas mañana en la cámara baja.

A Zapatero le espera todavía la sesión de mañana, jueves, en la que propondrá al Congreso que convalide el Real Decreto-ley que recoge las medidas de ajuste con las que el Gobierno piensa ahorrar 15.000 millones extra hasta 2012. El Ejecutivo no tiene claro aún si logrará salvar la votación y depende, sobre todo, de si CiU y PNV se decantan por el rechazo o la abstención, después de que ayer el Ejecutivo se viera obligado a retrasar a 2011 la limitación del crédito a los ayuntamientos tras las llamadas de muchos alcaldes y la de Duran i Lleida.

La limitación del crédito al los Ayuntamientos no entrará en vigor hasta el 2011

El Gobierno ha publicado una corrección en el Boletín Oficial del Estado que rectifica la fecha de entrada en vigor de la limitación a los Ayuntamientos para solicitar créditos. Mientras que en el decreto ley publicado ayer se señalaba que la restricción estaba vigente "desde la entrada en vigor de la presente norma", en la corrección publicada hoy la retrasa "a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2011". Así, la corporaciones locales podrán continuar pidiendo créditos a las entidades financieras para financiar sus obras públicas hasta finales del presente año, con las limitaciones de endeudamiento establecidas por la ley

La rectificación se ha conocido en la misma mañana en que la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tiene previsto reunirse para analizar el impacto del plan de recorte aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para reducir el déficit público. Además de la restricción del crédito, el decreto ley también recoge una rebaja del sueldo de los alcaldes y otros cargos locales.

La FEMP tiene previsto debatir los criterios objetivos para que los alcaldes y cargos públicos locales puedan aplicar en sus retribuciones el recorte salarial en la línea de las reducciones establecidas por el Gobierno. También se abordará la imposibilidad por parte de los ayuntamientos y sus entidades dependientes de acudir al crédito público ni privado, tal y como establece el decreto ley. Este último asunto prometía centrar buena parte de la reunión y no es previsible que deje de hacerlo pese a la modificación de fechas conocida hoy.

El cambio si eliminará, por contra, buena parte del carácter de urgencia con el que la FEMP pretendía dar una respuesta unitaria a las restricciones, que prácticamente dejan a los ayuntamientos españoles sin margen de maniobra para acometer nuevas inversiones. Ahora, estos podrán incrementar durante este año su deuda hasta el límite legal previsto (el 110% de sus ingresos), contando siempre con el visto bueno del Ministerio de Economía. Ayer, nada más conocerse el decreto ley (que en principio, y hasta la rectificación de esta mañana, ya estaba en vigor), varios ayuntamientos y diputaciones aprovecharon para trámitar algunos créditos pendientes con carácter de urgencia.

Los Sindicatos amenazan al Gobierno con una Huelga General

Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, han aumentado el tono de sus críticas al Gobierno y ven "probable" la huelga general para protestar por el recorte de gasto que ha aprobado el Ejecutivo y que contempla recortar el sueldo a los funcionarios y congelar las pensiones.

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha afirmado que "trabaja desde ya como si este país fuera a vivir una huelga general".

Mientras, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha advertido de que si el Gobierno impone por decreto una reforma laboral "será motivo más que suficiente para una huelga general" al tiempo que ha asegurado que, tras aprobarse los recortes del gasto, "hay más razones que ayer" para convocarla.

Ferrer ha anunciado por otra parte que su sindicato y Comisiones Obreras estudian convocar para el próximo 8 de junio, en coincidencia con la huelga del sector público, movilizaciones en toda España para que la sociedad pueda expresar su rechazo a la "agresión" cometida con el decreto de recortes no sólo a funcionarios sino también a pensionistas y dependientes.

"Que las calles de todo el país se inunden contra el decretazo consumado ayer", ha señalado Ferrer, quien ha calificado el plan aprobado por el Consejo de Ministros como un "atentado" que "pone en riesgo el futuro del diálogo social".

Por su parte, Toxo ha afirmado que "probablemente" se convoque la jornada de huelga general por el giro de la política económica y laboral del Gobierno a favor de "la derecha económica, de la especulación financiera y de los llamados mercados".

En declaraciones antes de inaugurar una asamblea de CCOO en Alicante, Fernández Toxo ha defendido la actuación "rigurosa" de su organización al no haber convocado un paro así hasta ahora, ya que "un escenario de huelga general no deja de ser un drama, aunque a veces sea necesaria".

"Hubiera sido tremendamente fácil liarnos la manta a la cabeza y, a las primeras de cambio, convocar una huelga general", ha apuntado antes de agregar que, pese a que "probablemente la vivamos", un paro de estas características no generará "ninguno de los empleos que se necesitan en el país".

Sin embargo, ha recalcado que la actual "reorientación de la política del Gobierno", con el primer paso del plan de ajuste aprobado ayer por el Consejo de Ministros, supone perjudicar las pensiones, los salarios de los funcionarios y aumentar los retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia.

"La quiebra de confianza (en el Ejecutivo) se está consolidando e instalando entre nosotros", ha advertido Fernández Toxo, lo que "va a derivar en el establecimiento de un clima de confrontación social importante".

Los Empledados Públicos contra el " Zapatazo "

Cerca de 10.000 empleados públicos andaluces de las diversas administraciones públicas, secundaron las concentraciones ante las sedes de las subdelegaciones del Gobierno central o de Hacienda, en el caso de Sevilla, convocadas por UGT, CCOO y CSIF en contra de los recortes anunciados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que incluyen una rebaja del cinco por ciento en el sueldo de los trabajadores del ámbito público.

Por provincias, la capital andaluza fue la que más empleados públicos concentró, con unos 2.000 aproximadamente; seguida por Almería, Málaga, Granada, con unos 1.500. En Cádiz, se contabilizaron 800, en Córdoba sobre los 750; en Jaén, en torno a mil empleados públicos y en Huelva rondaron los 800.

Bajo el lema 'NO a los recortes sociales y por la calidad de los servicios públicos', las organizaciones sindicales comenzaron con un calendario de movilizaciones acordado tras el anuncio de las medidas impuestas por el Gobierno para la reducción del déficit público.

A estas acciones están llamados los 559.700 asalariados del sector público en la región, incluidos los trabajadores de enseñanza, que suman 145.000 en Andalucía, incluidos docentes no universitarios, personal docente e investigador de las universidades andaluzas, así como el personal de administración y servicios de ambos ámbitos.

Los sindicatos convocantes anunciaron ayer que "no permitirán que las consecuencias de la crisis las paguen los trabajadores", por lo que advierten de una "respuesta contundente" en estas concentraciones convocadas, que son el preámbulo de la huelga general del sector público que CCOO, UGT y CSIF han convocado para el próximo 8 de junio.

Además de estas concentraciones y de la huelga general del sector público, los tres sindicatos celebrarán asambleas de trabajadores en los diferentes centros de trabajo; se distribuirá entre los empleados públicos del manifiesto conjunto leído en las concentraciones del día de hoy y se recogerán firmas de los delegados de personal, miembros de junta de personal y miembros de comités de empresa donde los empleados públicos puedan mostrar su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el déficit público español; y se culminará con la huelga general del sector público del 8 de junio.

Las centrales sindicales mostraron así su rechazo a unas medidas que "no son una salida para la crisis y que suponen que los trabajadores, que no la han provocado, paguen sus consecuencias".

Por último, consideraron que "lo que en realidad han provocado las medidas de recorte del gasto público planteadas por el Gobierno es un conflicto social, de forma que el recorte de los salarios, la congelación de las pensiones, el retraso en la aplicación de las medidas previstas en la Ley de Dependencia, el recorte de la inversión pública y recorte de la ayuda al desarrollo, son medidas que únicamente afectan a los sectores más necesitados del PAís y se adoptan de manera unilateral, incumpliendo todos los acuerdos firmados, incluido el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos".