Trabajo cita a los Sindicatos para este viernes para reanudar el Dialogo Social

El diálogo social se reanudará el próximo viernes. Cinco meses después de fracasar la negociación de la reforma laboral, que derivó en la huelga general del 29-S, el Ministerio de Trabajo ha citado a los sindicatos para tratar de recomponer las relaciones. La encargada de tender puentes será la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que recibirá a los números dos de las dos organizaciones sindicales, Toni Ferrer (UGT) y Ramón Górriz (Comisiones Obreras).

El encuentro, confirmado por las tres partes, supone un guiño del Gobierno a las organizaciones sindicales, que se adelantan a la patronal en su primera reunión con el nuevo equipo del Ministerio de Trabajo. Reconducir las tensas relaciones con los sindicatos tras el paro general fue uno de los primeros objetivos esbozados por el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, al llegar al cargo, hace apenas tres semanas.

La responsable de Empleo pretende que el encuentro sirva para situar en primer plano del diálogo social la reforma de las políticas activas de empleo, claves en un país con más de 4,5 millones de parados. Trabajo se ha propuesto hacer más eficaces las políticas de formación, para lo que pretende atraerse a los agentes sociales en los próximos tres meses. Los sindicatos son reacios a encuadrar la reunión exclusivamente en ese aspecto, por lo que acudirán a la sede del ministerio con su propuesta de reformas económicas bajo el brazo, sin abandonar la pretensión de corregir los aspectos más duros de la reforma laboral.

A la cita acudirá también la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, para hablar con los sindicatos del reglamento que debe regular esas políticas.

Trabajo baticina salarios moderados para los próximos años

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha asegurado que España necesitará mantener durante "mucho tiempo salarios moderados " o "razonablemente moderados", de tal forma que los sueldos no crezcan nunca por encima de la productividad. "Esto va a ocurrir durante los próximos años en España", ha dicho.

El nuevo titular de la cartera también se ha referido a los datos de paro de octubre, conocidos ayer, y ha reiterado que la economía española "está a punto de alcanzar" ese momento en el que dejará de destruir empleo. "Octubre es un mes en el que tradicionalmente sube el paro, lo ha hecho durante los próximos 10 años y lo hará muy probablemente en los próximos 10. Es un mes en el que se dejan los trabajos de temporada y también es un mes en el que las actividades vinculadas a la agricultura se terminan", ha reiterado.

Gómez, en declaraciones a Telecinco, ha señalado que, afortunadamente, España cuenta con un buen acuerdo, el que firmaron empresarios y sindicatos para el periodo 2010-2012, que permitirá que los salarios se mantengan moderados. "Somos el único país europeo que tiene un acuerdo salarial vigente para los próximos tres años y eso hay que destacarlo", ha resaltado.

El ministro de Trabajo ha argumentado que aunque en la economía española y en muchas empresas los salarios están ya ligados a la productividad, hay que seguir avanzando más en ese terreno porque, debido a las exigencias de la globalización y a la necesidad de competir, España "no puede dejar de mirar siempre a los costes".

Sobre el mercado laboral, el ministro prevé que a partir dela segunda mitad de 2011 se empiece a crear empleo, primero lentamente ydespués de manera más intensa, y ha explicado que la durante la primera partede la recuperación, la tasa de paro seguirá siendo alta, para después iniciarsu descenso. Gómez ha apuntado además que, después de una crisis, lasrecuperaciones del empleo se basan en contratos temporales y se ha mostradoconvenido de que la reforma laboral ayudará a convertir ese trabajo temporal enindefinido.

Acción Sindical y Negociación Colectiva 2011

El Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha afirmado hoy, en la apertura de la Jornada de Acción Sindical y Negociación Colectiva 2011, que “no hay mejor instrumento de movilización y de reforzamiento de nuestra vinculación en los centros de trabajo que la Negociación Colectiva”, por lo que espera conseguir que, a partir de la celebración de esta jornada, “demos un impulso negociador a la reforma de la negociación de los convenios”.

En este sentido, ha considerado que “el hecho de que se hayan renovado, a estas alturas del año, menos del 13% del total de convenios colectivos que había que renovar para 2010 muestra la escasa voluntad de la patronal para cumplir el Acuerdo de Negociación Colectiva que suscribimos en febrero y, por el contrario, muestra el esfuerzo supremo que debemos hacer los sindicatos para impulsar la Negociación Colectiva en nuestro país”.

Por ello, ha demandado a la nueva presidencia de la CEOE que “no desestime el dar un paso más para salir de la crisis económica y establezca un compromiso real y efectivo para culminar este proceso y para retomar también el Diálogo Social con las organizaciones sindicales”. Además, ha reclamado al Gobierno que “no siga insistiendo en que legislará si no se produce un acuerdo en la reforma de la Negociación Colectiva, porque puede provocar el mismo efecto para la CEOE que se produjo con el Diálogo Social”.

Cándido Méndez ha afirmado que, después del 29 de septiembre, “no vamos a parar hasta que consigamos alcanzar los objetivos por los que fuimos a la Huelga General”. Por ello, ha manifestado que “tenemos en el horizonte una nueva oleada de movilizaciones, unas en torno al 15 de diciembre, y otras que consistirán en manifestaciones, al menos, en las capitales de las distintas Comunidades Autónomas para el 18 de diciembre”.

Corremos el riesgo de que el Diálogo Social esté herido de muerte

Ante las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, que dijo ayer que el Diálogo Social estaba “malherido”, el Secretario General de UGT ha manifestado que “si el Diálogo Social está malherido no es por la voluntad de los sindicatos, sino porque en mayo el Gobierno impuso un duro plan de ajuste, vulnerando un acuerdo ya firmado (como es el de los empleados públicos), congelando las pensiones, imponiendo la reforma laboral y anunciando la posible ruptura del Pacto de Toledo con la reforma del Sistema de Pensiones”.

En este sentido, ha afirmado que “no solo está malherido, sino que corremos el riesgo de que esté herido de muerte si el Gobierno no revierte la Reforma Laboral y no asume que no puede imponer el retraso en la edad de jubilación a los 67 años”.

Por ello, Cándido Méndez ha recordado que los sindicatos “tenemos alternativas, ya que hemos definido con CCOO un documento conjunto, que va a ser nuestra referencia en las conversaciones con la patronal y con el Gobierno”. En dicho documento, “apostamos por el cambio de modelo productivo para salir de la crisis, con numerosas propuestas, entre las que se encuentra, por ejemplo, la utilización de la potencialidad del sector de la construcción dándole un mayor valor industrial en nuestro país, lo que mejoraría el peso de nuestro sector industrial y aprovecharíamos nuestro gran potencial en la construcción reorientándolo hacia actividades de mayor valor añadido”.

¿A quién afecta el recorte del gasto?

En una sociedad cuya prioridad fuera el bienestar de sus ciudadanos, los políticos querrían ser fotografiados inaugurando centros de educación infantil, comedores escolares, viviendas sociales y centros de día para mayores: medidas de bajo coste que mejoran la calidad de vida. Nuestros políticos, sin embargo, inauguran grandes infraestructuras, faraónicos centros culturales y multimillonarias intervenciones urbanas. La mayoría de los españoles no utilizará nunca los superpuertos deportivos, ni el AVE, ni entrará en los megamuseos. Sin embargo, los han pagado con sus impuestos.

El Gobierno olvida que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean puestos de trabajo
Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.

Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.

En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.

El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?

El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).

La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.

Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.

Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.


Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La crisis de Gobierno dede implicar un cambio el las políticas del ejecutivo

El cambio de Gobierno que hemos conocido hoy supone una crisis del Ejecutivo de mayor calado político que la remodelación que había anunciado el Presidente en las últimas semanas, es más acorde con el deterioro de la situación económica y social de nuestro país, y refleja que el Gobierno asume la importancia de la contestación social a sus políticas expresada por los trabajadores con su apoyo masivo a la huelga general del 29 de septiembre. UGT considera que más importante que las personas que desempeñen las nuevas responsabilidades de Gobierno son las políticas que se pongan en práctica, por lo que esta crisis no debe ser un fin en sí misma, sino el comienzo de un cambio en las prioridades y orientaciones políticas de nuestro país, que nos lleven a situar el crecimiento económico y la creación de empleo en el centro de nuestras prioridades, y a la recuperación de los derechos sociales y laborales eliminados en las últimas reformas.

El cambio del Ejecutivo que hemos conocido hoy afecta a seis carteras ministeriales, con la desaparición de dos de ellas, y supone un cambio profundo en la composición y estructura del Gobierno. UGT considera que estos cambios suponen una crisis de mayor calado político del que cabía esperar de las declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno en las últimas semanas, pero está en consonancia con el profundo deterioro de la situación económica y social de nuestro país y el descontento de los ciudadanos, que quedó reflejado claramente en el respaldo mayoritario de los trabajadores a la huelga general del 29-S, convocada por UGT y CCOO contra la reforma laboral, la congelación de las pensiones, y las políticas de ajuste aprobadas por el Gobierno.

Esta crisis se produce sólo 21 días después de la Huelga General (un cambio de Gobierno aún más rápido y profundo que el producido tras la huelga general del 20-J de 2002), y más allá de los cambios en los nombres de los responsables de las diferentes carteras ministeriales, debe suponer un cambio en la orientación de las políticas del Gobierno y de sus prioridades.

Porque siendo importantes las personas, más lo son las políticas. La sociedad española está demandando claramente una salida de la crisis que nos garantice un futuro de progreso, no la resignación a un modelo económico incapaz de generar los niveles de empleo y competitividad que se correspondan con nuestro potencial como país.

La tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 debería recoger ese cambio de políticas, apostando por la recuperación económica, la creación de empleo, y la apuesta por un nuevo modelo productivo.

Un Economista defensor del Dialogo Social

La buena sintonía con los sindicatos y la experiencia en asuntos laborales son los principales activos de Valeriano Gómez, economista del Instituto Universitario y de Investigación Ortega y Gasset y fue secretario general de Empleo entre 2004 hasta finales de 2006, durante la época de Jesús Caldera como ministro de Trabajo. Conectan, además, con los principales objetivos de Zapatero: restablecer la relación con los sindicatos, muy maltrechas desde la convocatoria de la huelga, y pilotar las dos reformas pendientes, la de pensiones y la de negociación colectiva. Proveniente de UGT, Gómez ha contado con la confianza de todas las partes durante la fallida negociación de la reforma laboral con los agentes sociales y sus recetas han servido de base para la elaboración del texto.

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Corbacho: "Es una magnífica persona y un gran conocedor de esta materia"
Esa apuesta por la reforma laboral del Gobierno no le impidió acudir a la manifestación que convocaron los sindicatos en la jornada de huelga. Esa presencia, que él justifica más como apoyo a los sindicatos ante los ataques recibidos que como un rechazo a las políticas del Ejecutivo, ha quedado en la retina de los más críticos para cuestionar ahora su incorporación al Ejecutivo.

Al contrario de lo que ocurrió en la primera legislatura de Zapatero, cuando a Gómez le tocó gestionar la bonanza del empleo, al nuevo ministro le aguardan ahora momentos difíciles al frente de esta cartera. Como secretario general de Empleo, Valeriano Gómez diseñó una reforma laboral que contó con el acuerdo de empresarios y sindicatos. Mucho más complicado será ahora lograr un acuerdo para la reforma de las pensiones, pendiente del debate que mantienen ahora los diputados en el Pacto de Toledo, y sobre todo en negociación colectiva, una materia en la que el Gobierno se ha comprometido a legislar si los sindicatos y la patronal fracasan en llegar a un acuerdo, la hipótesis más probable.

Para el actual ministro, Celestino Corbacho, su sucesor "es una magnífica persona" y "un gran conocedor" de la materia. "A Valeriano Gómez le conozco, tengo un gran concepto de él. Es una magnífica persona, un gran conocedor de esta materia y durante estos dos años y medio ha colaborado muy estrechamente y muy cordialmente conmigo. Si finalmente lo fuera (ministro de Trabajo), yo le felicitaré personalmente y le desearé toda la suerte del mundo", ha declarado hoy Corbacho en los pasillos del Congreso.

El Pacto de Toledo

La Comisión no permanente del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ha abordado en una reunión celebrada hoy la posibilidad de que las mujeres puedan complementar su cotización a la Seguridad Social para la pensión de jubilación en función del número de hijos que hayan tenido.

La reunión de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo de este martes se ha centrado en la discusión de las propuestas presentada por PP, CiU, PNV y ERC-IU-ICV para ajustar el esfuerzo contributivo a las "cotización real" y la pensión percibida de forma que se tenga en cuenta el número de hijos para "complementar" el periodo de cálculo necesario para acceder al derecho a una pensión.

El portavoz 'popular' en la Comisión, Tomás Burgos, explicó a los periodistas tras la reunión que la propuesta busca tener en cuenta el principio de "cotización demográfica", habida cuenta de que el "esfuerzo" de tener hijos aporta cotizantes al sistema, máxime en un momento en el que la reforma del sistema se hace necesaria para hacer frente al envejecimiento de la población.

En principio, los grupos plantean que se limite a mujeres de más de tres hijos y se inspire en el sistema que se aplica en países como Francia, donde cada hijo cuenta por dos años cotizados, si bien Burgos precisó que no se trata de sustituir cotización por trabajo por cuidado de los hijos.

En concreto, lo que plantea la propuesta es que si una mujer no ha cotizado los quince años que se exigen ahora como mínimo para percibir una pensión contributiva, por cada hijo que tenga se le compute un tiempo que, en el caso de Francia, son dos años por cada vástago.

Por su parte, la diputada del PSOE Isabel López i Chamosa señaló que su partido no ve con malos ojos la idea, si bien hay que "perfilar" su contenido y destacó que en estos momentos todavía no se ha cerrado un acuerdo sobre la cuestión.

Servicio militar obligatorio
Los grupos parlamentarios también pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el servicio militar obligatorio cuente en la cotización, aunque López i Chamosa matizó que esto sería "casi imposible" porque "no sabemos el coste que puede tener para la Seguridad Social".

Mientras, desde CiU, Carles Campuzano apuntó que en la reunión se han repasado los periodos que se tienen en cuenta para el cálculo de las pensiones y la posibilidad de ampliar las excepciones para complementar la cotización y el alcance de las mismas.

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, apuntó que el objetivo principal es la "necesidad de vincular la pensión a la cotización real".