El pasado 19 de mayo, en vísperas del Consejo de Ministros que iba a aprobar importantes recortes a pensionistas y funcionarios, el presidente del Gobierno anunció una subida de impuestos para "los que realmente más tienen". El objetivo de esta medida era que no solo las clases medias soportasen los ajustes necesarios para reducir el déficit público. Al preguntarle qué entendía él por clase media, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió: "No hay una definición legal, pero todo el mundo entiende lo que significa ese concepto. Va a quedar muy claro cuando el Gobierno comunique cuál es el esfuerzo que vamos a pedir a los que más tienen. No habrá ninguna duda".
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La iniciativa parecía que iba a ser de aplicación inminente. Sin embargo, fueron pasando los meses sin que se concretase nada acerca de la bautizada como tasa Robin Hood. Finalmente, el pasado viernes 24 de septiembre, la ministra de Economía, Elena Salgado, desveló el misterio. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 incluye dos nuevos tipos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para las rentas altas: el marginal será del 44% desde unos ingresos de 120.000 euros y del 45% a partir de 175.000 euros. Hasta ahora, el tipo máximo estaba en el 43% para rentas superiores a 53.000 euros.
Estas novedades fiscales, ¿responden al anuncio de Zapatero de aplicar una subida de impuestos para los que más tienen? Los expertos consultados discrepan. En su opinión, querer delimitar quién es rico utilizando solo el IRPF es peligroso, puesto que supone poner más carga sobre la base del sistema, es decir, los que ya pagan. Es verdad que las rentas altas del trabajo -aquellas a las que se aplicarán las subidas- ganan más que la media, pero no tanto como para costearse asesores fiscales y gestores de banca privada que pongan a su disposición estrategias de ingeniería fiscal que sí disfrutan los grandes patrimonios, y, por tanto, son los principales contribuyentes a las arcas públicas.
"Desde luego, los que van a pagar más impuestos con la reforma son los que más tienen dentro de los que declaran", advierte Julio López Laborda, profesor del departamento de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. "Aunque el impacto recaudatorio de las medidas sea reducido, está claro que el aumento de tipos en el IRPF mejora la capacidad redistributiva del impuesto, después de muchos años de debilitamiento por Gobiernos de uno u otro color", matiza este profesor.
Hacienda espera recaudar un máximo de 200 millones de euros extra al año con la subida del tipo marginal del IRPF a los cerca de 100.000 contribuyentes que, según los últimos datos, declaran ganar más de 120.000 euros al año. El impacto recaudatorio de esta medida es sensiblemente inferior a los 4.400 millones anuales que prevé ahorrar el Gobierno con la rebaja de un 5% en el sueldo a los funcionarios y a los 1.500 millones por la suspensión de la revalorización de las pensiones.
"La mejora de la recaudación prevista es bastante pobre. La subida del IRPF no afecta a los más ricos, sino a los que más declaran. En mi opinión, esta medida se debe quizás más a la necesidad del Gobierno de hacer un guiño a los sectores más a la izquierda de su partido y de su electorado que a un objetivo real de mejorar la recaudación y repartir de forma más equitativa los sacrificios", señala Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Esta opinión es compartida por Francisco de la Torre, secretario general de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, quien por encima de todo denuncia la falta de previsibilidad, "algo fundamental en los tiempos que corren", de la política fiscal del Gobierno. "Al final, el tan comentado impuesto a los ricos va a afectar principalmente a los altos ejecutivos de las empresas, que son los que declaran rentas de trabajo superiores a los 120.000 euros". De la Torre explica que el incremento que suponen ambos tramos de la renta no es muy elevado (uno y dos puntos, respectivamente), pero recuerda que estos rendimientos ya estaban gravados al 43%, y que además varias comunidades autónomas han anunciado incrementos del IRPF para sus ciudadanos con mayores rentas, por lo que la tributación en algunas zonas como Cataluña puede llegar al 49%. "Unos tipos tan elevados y con esas diferencias autonómicas pueden generar problemas de deslocalización, fraude, creación de sociedades... ¡Y todo para recaudar unos 200 millones, sobre 63.800 millones que recaudó el año pasado el IRPF!", enfatiza este experto.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), por su parte, defienden la medida de elevar la presión fiscal sobre las rentas más altas, siempre y cuando vaya acompañada de una lucha decidida contra las grandes bolsas de fraude. Esta organización calcula que la economía sumergida en España representa el 23,3% del PIB, es decir, 245.000 millones de euros que se escapan del control del fisco. "No parece justo que se recorte el poder adquisitivo de pensionistas, empleados públicos y dependientes, y que además se les aumenten los impuestos, sin que se exija más a quien más gana. Pero tampoco parece justo que se atornille a quien declara, mientras no se tiene el mismo celo en perseguir a las corporaciones empresariales y grandes fortunas que evaden sus impuestos de forma sistemática", argumenta José María Mollinedo, secretario general de Gestha.
Algunas voces alertan de que una subida impositiva a las rentas del trabajo más altas en lugar de a los realmente más ricos puede provocar un efecto muy negativo como es la huida del talento. En su informe sobre la Situación de España correspondiente al tercer trimestre de 2010, el servicio de estudios del BBVA advierte que no es recomendable aumentar significativamente los tipos marginales actuales a las rentas del trabajo con el objetivo de alcanzar una mayor progresividad. "Los incrementos adicionales en el tipo marginal no solo tienen una escasa capacidad recaudatoria, sino que generarían desincentivos relativos a la acumulación de capital humano y al trabajo en España de la población con mayores niveles educativos, frente a otras economías con menores cargas impositivas, afectando negativamente a la captación de talento y al potencial de la economía española (...) Prevenir este tipo de desincentivos es fundamental si se quiere avanzar en un cambio de modelo productivo que fomente la innovación y el empleo", comentan desde esta entidad.
Uno de los problemas del colectivo destinatario del anuncio impositivo que hizo Zapatero en mayo ("los que más tienen") es que se trata de un grupo muy ambiguo. Si se echa mano al diccionario de la Real Academia Española, una persona rica es alguien "adinerado, hacendado o acaudalado". Más concreto es el término millonario: "que posee un millón, o más, de unidades monetarias". Precisamente, este es el umbral que utilizan Merrill Lynch y Capgemini para elaborar su famoso informe sobre la riqueza en el mundo. De acuerdo con este trabajo, el número de particulares en España con patrimonios elevados -personas con unos activos de inversión (no de renta) mínimos de un millón de dólares excluyendo primera vivienda y consumibles- creció un 12,5% en 2009, hasta las 143.000 personas.
A esta ambigüedad semántica contribuye también la propia política fiscal del Gobierno, que establece diferentes límites para incluir a una persona dentro del colectivo de "los que más tienen". Desde el punto de vista de las rentas por trabajo, el Ejecutivo establece ese límite a partir de los 120.000 euros, en virtud de los últimos cambios en el IRPF. Si el colectivo es el de los impatriados (incluidos los deportistas de élite) el umbral de la riqueza está en los 600.000 euros si se tiene en cuenta la enmienda introducida el pasado año a la conocida como ley Beckham, según la cual se acordó eliminar la tributación reducida (24%) para aquellas rentas que reciban los profesionales que se desplazan a España para trabajar que superen los 600.000 euros anuales. En cambio, para las rentas irregulares (bonus, indemnizaciones y stock options) el límite establecido por el legislador es diferente: la reducción del 40% que ahora disfrutan esas remuneraciones solo será aplicable a los primeros 300.000 euros. "Parece evidente que el límite para ser considerado fiscalmente rico es muy variable en función del tipo de ingresos que se tengan y también geográficamente en función de en qué comunidad se encuentre el contribuyente", reflexiona Francisco de la Torre.
A pesar de esta dispersión conceptual, sí parece haber consenso social al señalar como altos patrimonios con ventajas fiscales a aquellas personas que tienen una sociedad de inversión mobiliaria de capital variable (Sicav). Los últimos datos disponibles en la CNMV señalan que hay registradas 3.111 Sicav que cuentan con 417.390 accionistas y que manejan un patrimonio de 25.489 millones de euros. El discurso oficial del Gobierno ha sido que las Sicav no suponían ningún privilegio para sus propietarios en comparación con los fondos de inversión, abiertos a los pequeños ahorradores. Tanto unos como otros tienen un tipo del 1% en el impuesto sobre sociedades y sus partícipes o accionistas tributan al 19% o 21%, cuando obtienen reembolsos o dividendos por su participación o cuando venden. Sin embargo, los propietarios de las Sicav habían encontrado un mecanismo legal para retirar el dinero sin apenas tributar mediante las reducciones de capital. El Gobierno parece admitir ahora que existe ese privilegio y en la presentación de los Presupuestos de 2011 también introduce medidas para evitar esta asimetría fiscal.
Los expertos creen que una iniciativa de este tipo en relación con las Sicav tiene su lógica, aunque critican algunos aspectos. "Es un terreno resbaladizo", señala Jesús Sanmartín, "por lo que hay que estudiar muy bien cómo es el tratamiento fiscal de este tipo de vehículos en otros países para no perder la entrada de capitales desde el exterior o la marcha de las fortunas nacionales". Aunque el cambio normativo se incluye en los Presupuestos de 2011, la nueva tributación sobre las reducciones de capital entrará en vigor desde el pasado 24 de septiembre para evitar un rosario de operaciones de aquí a final de año.
El Gobierno ha puesto coto al diferimiento en el pago de plusvalías por parte de las Sicav a través de las reducciones de capital. Sin embargo, no ha entrado en otro aspecto incluso más polémico que caracteriza a este tipo de sociedades como es si en realidad se trata de instituciones de inversión colectiva o vehículos particulares privilegiados. Para beneficiarse de los beneficios fiscales y la flexibilidad en la gestión, la legislación vigente exige que para crear una Sicav se constituya un capital social mínimo de 2,4 millones de euros y reúna en todo momento un mínimo de 100 accionistas. Sin embargo, en la práctica muchas de estas sociedades tienen un único propietario y los otros 99 (conocidos en el mundillo como los mariachis) son personas de paja colocadas por sus asesores para cumplir con la ley.
"Más que de hablar de medidas concretas para aumentar la recaudación merece la pena hablar de la necesidad de replantearse en su globalidad la estructura de nuestro sistema fiscal. Manteniendo el objetivo redistributivo que se decida, urge la simplificación del sistema fiscal y garantizar la neutralidad de este con respecto a los instrumentos de ahorro, inversión y financiación. Por tanto, la medida relativa a las Sicav es positiva, pero insuficiente", indica Julio López Laborda.
El Gobierno de Zapatero subió el pasado año la fiscalidad sobre el ahorro (una revisión que, por cierto, se supo con bastante antelación, pero que no tuvo efecto retroactivo como sí ocurrirá con las Sicav, y que muchas empresas aprovecharon para adelantar un mes la retribución a sus accionistas). Sin embargo, algunos analistas consideran que aún habría margen para recaudar más en el capítulo del ahorro. Por ejemplo, Amancio Ortega, dueño de Inditex y uno de los 10 hombres más ricos del mundo, cobrará este año 443 millones en dividendos y solo tributará al 21% (un tipo igual, eso sí, al que paga el más minoritario de los accionistas de Inditex).
Dentro del debate acerca de cuál es el reparto de cargas fiscales más equitativo entre la clase media y los grandes patrimonios algunos expertos sugirieren que el Gobierno podría recuperar con ciertas modificaciones el impuesto sobre patrimonio. En 2007 pagaban este tributo casi un millón de personas y se recaudaban más de 2.000 millones de euros. "Aparte de los ingresos que se obtendrían con este impuesto, otro aspecto positivo es que obligaría a las grandes fortunas a retratarse. Tener una foto fija de lo que tiene cada uno ayudaría en la lucha contra el fraude fiscal", sostiene Francisco de la Torre.
